“Liberamos la palabra para luchar por nuestros derechos individuales y colectivos”

Después del Conversatorio de Acción Ciudadana, las comunidades de piangüeros y piangüeras tuvieron herramientas para exigir sus derechos. En San Pablo y Pueblito de la Mar, por ejemplo, pudieron tener una profesora adicional que les hacía falta para sus niños y niñas.

Cuando iniciaron su proceso de formación Tomasa Rodríguez y Adelaida Rodríguez, dos de las piangüeras que participaron en el Conversatorio de Acción Ciudadana en 2002, no imaginaban que las capacitaciones y herramientas que les dio la Corporación Asesorías para el Desarrollo -ASDES-, una de las organizaciones que lideró este proceso, iban a ser su arma para lograr que sus niños y niñas no se quedaran sin estudiar.

San Pablo y Pueblito de la Mar son dos veredas de La Tola, un municipio de 19.000 habitantes ubicado en la costa norte de Nariño. A estas comunidades las une un puente que es reconocido en la subregión Sanquianga de Nariño, de la que hace parte La Tola junto a cuatro municipios más. Y es que, aunque son dos veredas diferentes, los habitantes de San Pablo y Pueblito se han movilizado juntos para lograr sus objetivos colectivos.

Este paraíso, situado en medio de los robustos manglares del Pacífico nariñense, es epicentro de muchas historias que viven los recolectores de paingua. Por un lado, la ubicación de Pueblito de la Mar la hicieron víctima de la acumulación de basuras que, desde la cabecera municipal de La Tola, viajaban entre los esteros hasta alojarse en las orillas de este territorio.

El fenómeno de las mareas ocasionó que en Pueblito se acumularan montañas de desechos de todo tipo, provenientes de los hogares de La Tola donde no existía, hasta hace algunos años, un sitio de disposición final de las basuras.

“Todo el problema lo teníamos nosotros acá porque eso era un recodo que iba recogiendo toda esa basura”, cuenta Adelaida Rodríguez.

Los piangüeros se enfrentan a diferentes peligros en su actividad en el manglar. Los más experimentados saben que se arriesgan a caer en los raiceros, herirse en la mano o, más peligroso aún, recibir mordeduras de serpientes y víboras del agua o picaduras del popular pejesapo; un pez extraño, de apariencia repugnante que con su espina superior puede incrustar sus huevos en el cuerpo de su víctima o incluso generar heridas que causen la muerte.

A estos peligros de la naturaleza que aún enfrentan los recolectores de piangua se les sumaba, como lo afirma Adelaida, la irresponsabilidad del ser humano.

“Uno a veces encontraba hasta las agujas de las jeringas de los hospitales y la gente como tiene que meter la mano al barro para sacar la piangua se enterraba esas puyas. También, encontrábamos las mangueras de los sueros, las bolsas … era un desastre”, recuerda Adelaida con tono de molestia.

Pero también siente un alivio, pues gracias a las capacitaciones y herramientas recibidas en el conversatorio lograron que el Consejo Comunitario le exigiera a la Alcaldía de su Municipio dar solución al problema de las basuras que iban a parar a los manglares y a Pueblito de la Mar.

Las comunidades de esta zona de La Tola presentaron varios derechos de petición y tutelas con las cuales lograron que, desde la Alcaldía, se adelantara todo el proceso para establecer un sitio de disposición final de las basuras, sobretodo las de la zona urbana de ese municipio que generaban el grave problema sanitario y ambiental que afectaba al territorio y la práctica de las piangüeras y los piangüeros.

Otra de sus luchas la emprendieron en 2003, cuando representantes de estas comunidades decidieron pedir al alcalde de la época para que nombrara una profesora que hacía falta en San Pablo de la Mar, donde está ubicada la escuela que atiende a niños y niñas de las dos veredas.

Tomasa fue la encargada de expresarle al mandatario de su municipio esta problemática. Esto desencadenó una discusión que, según ella, ganó gracias a todo lo aprendido en el Conversatorio de Acción Ciudadana.

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Y no fue en vano lo que sacrificaron las piangüeras y los piangüeros de Nariño cuando iban cada 15 o 30 días al municipio donde debían recibir las capacitaciones del conversatorio de acción ciudadana, pues dependiendo del tema a tratar, se reunían en una comunidad distinta. Estos hombres y mujeres recolectores de piangua recorrieron toda la costa del Pacífico nariñense, desde Tumaco hasta Santa Bárbara de Iscuandé. Y al término del proceso, tenían más claro cuáles eran sus deberes, pero también sus derechos.

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La respuesta del alcalde sorprendió a Tomasa y a la comunidad. Recuerda que en ese momento la consideraron irrespetuosa y tuvieron un enfrentamiento con el mandatario, pues tenían certeza de que era la persona que debía garantizar los derechos de sus hijos.

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¿Otro mecanismo? Se refería a la tutela, un derecho que les socializaron en el Conversatorio. Conocían las leyes que los amparaban y estaban dispuestos a lo que fuera con tal de que los niños y niñas de San Pablo y Pueblito pudieran tener una mejor educación. Tomasa recuerda que el alcalde se mostró sorprendido con esta respuesta.

Algunos de los participantes del Conversatorio sostienen que el panorama en los demás municipios de la zona se tornó similar y los ciudadanos se empoderaron de nuevos mecanismos para hacer solicitudes o exigencias a las autoridades. Este proceso de formación contribuyó a impulsar comunidades más preparadas y participativas en materia de derechos y leyes.

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En el Conversatorio de Acción Ciudadana, los piangüeros también fortalecieron sus conocimientos sobre conservación de la piangua y los manglares, además de otras especies que habitan este ecosistema. El Ministerio de Ambiente estima que cerca del 80% de las especies marinas dependen del manglar y la destrucción de este hábitat amenaza su sostenimiento.

Después del Conversatorio y gracias a la participación de Fabio Londoño, abogado que lleva décadas formando a comunidades como las de San Pablo y Pueblito de la Mar, se impulsaron colectivos preparados con leyes que los amparaban. Tutela iba y venía, la gente se sentía empoderada y continuaron utilizando estos mecanismos de participación para fortalecer el desarrollo de sus pueblos.

Esfuerzo Pescador, ejemplo organizativo y de conservación para el mundo

En las playas de Santa Bárbara de Iscuandé crearon un Consejo Comunitario que resalta la ancestralidad y la lucha por la conservación de los recursos naturales.

Tras el Conversatorio de Acción Ciudadana, ASDES y WWF fortalecieron en herramientas de conservación y defensa de derechos a los líderes de los siete municipios donde tuvo impacto el conversatorio. Hoy, las piangüeras y los piangüeros de la costa pacífica nariñense reconocen que a través de las capacitaciones recibidas, conocieron herramientas y formas organizativas que les han garantizado autonomía dentro de sus territorios colectivos.

A las comunidades de Ensenada, Juanchillo, Las Varas y Soledad en Santa Bárbara de Iscuandé les hablaron de la Ley 70 de 1993, la cual reconoce a las negritudes en Colombia y les permite conformar consejos comunitarios como una autoridad territorial que busca el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos.

Carmelo Castillo, uno de los piangüeros que participó en el conversatorio de acción ciudadana y sus compañeros identificaron en esta forma organizativa una posibilidad de incidir en la toma de decisiones y en evitar que sus gobernantes hicieran “lo que quisieran” dentro de esos territorios sin antes consultar con las comunidades que los habitan.

“Supimos que con esta alternativa, nuestros alcaldes y gobernadores debían respetar la autonomía y vocación que tiene cada territorio para cualquier proyecto que se quiera desarrollar”, cuenta Carmelo.

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Una “ganancia grande” que le quedó a estas comunidades es la plataforma de relacionamiento con que cuenta el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador, la cual les garantiza que toda intención externa se consulte previamente para no alterar las dinámicas propias de estas comunidades.

“Somos sujeto de especial derecho, a exigir esos derechos en términos de la incidencia y la toma de decisiones, que siempre lo que se vaya a hacer en estas comunidades debe ser consultado”, asegura Castillo.

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Desde su conformación, este Consejo Comunitario no ha parado y sigue creciendo, según lo asegura Carmerlo. Su forma organizativa no ha perdido la dinámica de trabajar por sus comunidades. Con el acompañamiento de Conservación Internacional, el Fondo para la Acción Ambiental y la Asociación Calidris, gestaron exitosamente un acuerdo de conservación que ha logrado posicionar a estas comunidades en el ámbito internacional después de un largo trabajo comunitario en el territorio. Así, en 2018, Esfuerzo Pescador fue reconocido por más de 50 países como modelo de conservación para el mundo.

Los piangüeros y piangüeras que participaron en el Conversatorio de Acción Ciudadana reconocen que Esfuerzo Pescador es el logro y el resultado de un exitoso proceso de fortalecimiento de capacidades a comunidades rurales que necesitaban del apoyo institucional y civil para avanzar. Carmelo Castillo agrega que para ellos lo más importante es que en el mundo se reconozca el trabajo que estas comunidades hacen por cuidar el ecosistema manglar.

En este camino también han obtenido reconocimientos por la conservación de las aves. Santa Bárbara de Iscuandé tiene un punto al que llegan, constantemente, más de 50.000 aves migratorias que viajan desde Alaska y Japón para asentarse en las playas y ramas de los árboles de manglar, mismos que según el Ministerio de Ambiente “se precian de ser los más desarrollados y grandes de todo el Pacífico americano”.

Carmelo, por su parte, asegura que los manglares en su territorio son los más grandes de todo el mundo de acuerdo a las conclusiones de un estudio realizado en en las playas de Juanchillo.

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También, participaron y ganaron un concurso de un canal de televisión nacional cuyo premio fue la emisión durante tres meses de un comercial de 45 segundos, dándoles acceso a una estrategia de visibilización que hace que hoy muchos sepan algo de estas playas, donde se da un buen uso y manejo a sus recursos naturales.

“Por nuestro trabajo, que lo está viendo el mundo, hemos recibido apoyo y eso nos compromete día a día a seguir y ser un modelo de conservación para el planeta”, agrega Carmelo.

Para este Consejo Comunitario tampoco han faltado retos y obstáculos que, en ocasiones, hacen el trabajo más difícil, por ejemplo, los particulares que no hacen un ejercicio de pesca y captura responsable de especies marinas, quienes se dedican a la tala de manglares de manera indiscriminada y la falta de apoyo de instituciones que regulen estas actividades dentro del territorio. Aunque para ellos todo, lo bueno y lo malo, ha sido un aprendizaje finalmente valorado por las comunidades.

Carmelo enfatiza en que el trabajo ha sido colectivo y que las familias que integran el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador se han comprometido con este ejercicio. Sin embargo, deben existir liderazgos que dinamicen y orienten los procesos.

“Pero ese liderazgo no puede ser algo unitario, sino que entre más líderes haya es mucho más productivo, por eso debería plantearse la realización de una escuela de formación en liderazgo para que haya gente capaz e interesada en defender al territorio”.

Y esto lo aprendieron del Conversatorio de Acción Ciudadana, Carmelo cuenta que en aquella época todos los acuerdos que se pactaron entre las comunidades, las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales fueron consultados en más de 15 reuniones que se hicieron en cada una de las playas que conforman este territorio colectivo. Así lograrían que aquellos que los habitan se enteraran de lo que se estaba haciendo.

Carmelo asegura que “si somos más defendemos más y en este territorio estamos todos comprometidos con el proceso de conservación”. También atribuye este logro a los “pinitos” que hizo el WWF y ASDES, a través del Conversatorio de Acción Ciudadana: un proceso de fortalecimiento de capacidades en el que la gente pudo conocer más acerca de sus derechos para aplicarlos en la defensa de las comunidades y en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida.

“Esperan no parar”, reitera Carmelo, y es enfático en que quieren seguir siendo visibles ante el mundo.

“Acá hay seres humanos iguales a los otros y estamos comprometidos con este ejercicio de conservación”.

La amenaza del manglar y la piangua, una realidad histórica que no se ha podido evitar por falta de apoyo institucional

Comunidades de piangüeras y piangüeros que trabajan por la conservación del ecosistema manglar aseguran que en estos territorios la labor de las entidades públicas ha sido prácticamente nula y que están solas en este ejercicio.

La amenaza que enfrentaba el manglar y las especies que allí habitan movilizó a organizaciones como CHONAPI, WWF y ASDES a liderar un proceso de fortalecimiento de capacidades que permitiera generar e impulsar alternativas para conservar el recurso y su hábitat a quienes se han dedicado a la captura de la piangua.

Adelaida Rodríguez, una de las piangüeras de La Tola, Nariño, asegura que tras el conversatorio de acción ciudadana, en su territorio lograron concientizar a muchos de los integrantes de sus comunidades sobre la importancia de cuidar los recursos naturales. Después de este proceso, la gente se comprometió más y empezó a valorar el recurso.

Évert Ledesma, piangüero de Tumaco, coincide con Adelaida. En Tumaco, la comunidad anuló acciones de destrucción de los manglares.

“Hoy en día los mangleros de Tumaco, los piangüeros y los pescadores para cortar un árbol de mangle debe dejar sembrados diez o 20 para rescatar y salvaguardar el ecosistema”, asegura Évert.

Aunque, como lo afirma Ledesma, hay otros que deciden no generar alianzas con quienes están conservando, pues hacer este ejercicio representa, por ejemplo, sacrificar niveles superiores de producción de especies marinas como la piangua, el pescado y el camarón.

Por ello, a pesar de ese proceso de concientización que se logró, siguen teniendo factores que han impedido que el resultado sea mucho más efectivo. Los piangüeros y piangüeras participantes en el Conversatorio creen que la falta de seguimiento a este proceso motivó que hoy, muchos no estén cuidando los manglares. Adelaida agrega que piangüeras y piangüeros de municipios como Olaya Herrera – Satinga van a realizar su labor en los manglares de La Tola sin respetar acuerdos como la talla mínima de captura, por ejemplo, y esto ha afectado el trabajo de conservación que, durante varios años, han hecho los recolectores de piangua que están comprometido con la tarea de preservar el ecosistema manglar.

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Se esperaba que la responsabilidad de continuar con el proceso de conservación fuera de las regiones: de las mismas comunidades con el apoyo de las entidades públicas.

“Los protagonistas del Conversatorio sin apoyo, sin acompañamiento ni del gobierno municipal, departamental y nacional no tenemos prácticamente nada, es como volver a repetir el año”, relata Évert con preocupación.

Hay piangüeras y piangüeros que no respetan la talla mínima de captura y recogen la grande y la pequeña. Pero ¿qué hacen con esas pianguas “diminutas” si Ecuador, que compra cerca del 80 por ciento de la piangua, no la recibe? Adelaida asegura que estas personas la venden en las cabeceras de sus municipios, donde la gente tiene poca claridad sobre la importancia de dejar crecer la piangua para garantizar su reproducción.

Además, las comunidades de piangüeras y piangüeros han tenido una debilidad constante y es a quién vender el producto. Adelaida recuerda que en una capacitación que tuvieron hace varios años en Pueblito de la Mar con el Parque Nacional Natural Sanquianga (del que hacen parte Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera – Satinga y Mosquera) les plantearon la opción de procesar el producto para exportarlo enlatado.

“Si así, están sacando esas conchitas y las venden en los municipios, cómo será enlatada, sacan hasta la que no hay, la que todavía no ha alcanzado a nacer, hagamos de cuenta que arruinan con todo. Y la gente dijo que no”, narra Adelaida.

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Carmelo Castillo insiste en que su Consejo Comunitario, Esfuerzo Pescador, se encuentra situado en una zona estratégica, donde la “NASA estima que están los manglares más altos del mundo”. Este territorio ha sido víctima de la mano del hombre que aprovecha estas bondades para explotar indiscriminadamente los recursos forestales maderables. Carmelo asegura que personas de los municipios de Guapi, en Cauca, y El Charco, en Nariño, están talando sin ninguna precaución los manglares de este territorio.

“Las comunidades del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador están protegiendo estos manglares porque sabemos que sin ellos no habría vida para nosotros. Ahí hay muchas especies que nos sirven para la supervivencia, pero también cumplen una función importante en la naturaleza”, asegura Carmelo.

Para las comunidades de piangüeras y piangüeros que han participado en la tarea de conservación ha sido difícil avanzar. Évert Ledesma recuerda que en Tumaco, entre septiembre de 1995 y octubre de 1998, reforestaron unas 220 hectáreas de manglar pero también hubo actores y episodios en otras zonas de manglar donde se generó un daño irreversible y así, en ellas, ya no se encuentra piangüa ni otras especies que lo habitan.

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Ana Granja, otra de las piangüeras de Francisco Pizarro que participó en el Conversatorio de Acción Ciudadana, agrega que en el marco de este proceso se firmó un acuerdo con varias organizaciones, entre ellas, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

“Corponariño se comprometió con que iba a hacer el seguimiento de conservación de la piangua y los manglares, lo que acá en el Pacífico sur, en la zona de Francisco Pizarro no he visto reflejado”, asegura Ana.

La participación de Corponariño, que es quien debe asumir estas funciones de regulación de las prácticas que se desarrollan en el manglar, por parte del Estado, también ha sido insuficiente, aseguran los piangüeros y piangüeras.

Carmelo está de acuerdo en que la labor de Corponariño frente a la protección de los manglares y las especies que lo habitan en la costa pacífica nariñense ha sido históricamente nula y eso ha llevado a que la misma comunidad asuma el rol vigilante y regulador. Esto acarrea un peligro constante para estos líderes que luchan por proteger sus territorios, pero que no dejan de hacerlo. Su objetivo es minimizar el mayor impacto posible para los manglares que están en su territorio colectivo.

Y es que, mientras las comunidades interesadas en seguir conservando continúan su misión, el Gobierno permite que otro destruya. Es así como lo ve Évert Ledesma, quien también denuncia que estas comunidades están prácticamente solas en una tarea que parece no interesarle a muchos.

“Para nosotros es un sufrimiento, ver a 150 motosierristas acabando los ecosistemas de manglar y una corporación aplaudiendo eso, entonces es como un -CVY- ¿cómo voy yo?”, lamenta Ledesma.

Esto ha llevado a que asociaciones de piangüeras y piangüeros de Tumaco como Asofuturo, representada por Ledesma, no tengan el interés de establecer alianzas con la corporación ambiental del departamento porque, según ellos, a la entidad no le interesa el fortalecimiento ambiental y no se articula con el ejercicio de conservación que han emprendido algunos integrantes de la comunidad.

A su juicio, en este tema hay muchos intereses y se ha convertido para todos en una lucha por defenderlos. Por un lado parte de las comunidades busca conservar y preservar los ecosistemas, por otro las entidades públicas y privadas parecen no alinearse con estos esfuerzos, y finalmente algunos particulares quieren desarrollar prácticas productivas sin aplicar mecanismos de protección que minimicen el impacto ambiental.

Y muchos de esos particulares optan por no aliarse con los colectivos comunitarios que quieren conservar porque, aunque no se restringen totalmente algunas acciones, sí se regulan. Para los cuidadores del manglar, si el Gobierno hiciera presencia todo sería diferente.

“Nosotros no podemos limpiarle el camino al Gobierno, no. El Gobierno tiene que limpiar el camino para que pase la comunidad y después cuando pasemos nosotros, tenemos que fortalecer y cuidar ese camino”, asegura Évert.

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De acuerdo con lo que denuncian las comunidades y se observa en estos territorios, la presencia de Corponariño en el Pacífico nariñense no se ha dado en la práctica. En la costa sur y en Sanquianga no ha habido un acompañamiento constante con acciones significativas y cuando se dan, no se cumplen integralmente.

Por ejemplo, Adelaida Rodríguez recuerda que hace 12 años fue la última vez que Corponariño vinculó a la comunidad de San Pablo de la Mar y Pueblito de la Mar en un proyecto de conservación. En esa ocasión, la corporación ambiental inició un proceso de reforestación de árboles de mangle. La comunidad de las dos veredas consiguió un terreno donde hizo una parcela y sembró los manglares, que finalmente crecieron. Según Adelaida en esa época, año 2008, Corponariño les entregó tres palas, dos machetes y 120 mil pesos en efectivo para alimentación y gasolina para una jornada de recolección de semillas.

“Sembramos y eso se puso tan bonito, hace poco pasé para allá y ahí está la parcela. Y, desde ahí, nunca más he vuelto a mirar y escuchar a Corponariño. Ellos no han vuelto, ni siquiera vinieron a ver qué trabajo se había hecho, si crecieron o no crecieron, ellos no regresaron más”, asegura Adelaida.

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Las comunidades reclaman e insisten que siempre han transitado solos. Con los fundamentos de ley que lograron conocer y fortalecer, y como autoridades territoriales, continúan conservando sus manglares para seguir pianguando y garantizar su supervivencia.

Y seguirán en esa “lucha”, lo asegura Adelaida, pidiendo a su gente que haga un ejercicio responsable y que cuide el ecosistema y sus especies, intentando concientizar cada vez a más personas de la importancia de estos procesos colectivos y esperando que las entidades refuercen el apoyo limitado que hoy les brindan.