Maestría en Derecho Administrativo

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    Las tendencias actuales del derecho administrativo y su aplicación a los fenómenos complejos del estado en Colombia hoy
    (2001) Restrepo Medina, Manuel Alberto; Londoño-Toro, Beatriz
    El análisis de la regulación jurídica de los bienes incautados, permitirá tener una visión panorámica y crítica, de manera que ella facilite la exposición integral de dicho régimen y derive en unas conclusiones valorativas tanto sobre el tratamiento normativo del problema desde el ámbito del derecho administrativo y su pertinencia como aporte efectivo para su solución, como sobre el desenvolvimiento y las perspectivas de las tendencias actuales del derecho administrativo aplicados al tratamiento de fenómenos complejos por parte del Estado colombiano hoy. Para ello se tendrá como punto de partida la perspectiva global de la comprensión del fenómeno de la droga y el problema del narcotráfico y la inserción de la normatividad específica sobre los bienes incautados dentro del conjunto constitucional, legal y reglamentario general adoptado por el Estado colombiano para enfrentarlo. Con ese objeto, el contenido del presente trabajo de investigación se estructura en tres partes, distribuidas a lo largo de seis capítulos, de la siguiente manera: - La primera parte, desarrollada en el capítulo 1º, corresponde a la ubicación contextual de la problemática de la droga y el narcotráfico, cuya presentación resulta necesaria para una mejor comprensión del tratamiento jurídico dado a la temática, considerada globalmente y particularizada luego en cuanto al régimen de los bienes incautados. - La segunda parte, comprendida en los capítulos 2º a 5º , se ocupa de la evolución de la normatividad para afrontar el problema de la droga y afectar los beneficios patrimoniales derivados del narcotráfico, para luego detenerse de manera especial en el régimen jurídico de los bienes incautados, inicialmente en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y los decretos de estado de sitio, y con posterioridad en la regulación vigente de conformidad con las normas de excepción adoptadas como legislación permanente y la ley 333 de 1996 y presentar, por último, la normatividad atinente a la administración de dichos bienes. - La tercera parte, expuesta en el Capítulo 6º, a partir de la exposición precedente del régimen jurídico de los bienes incautados, cuyas categorías normativas se encuentran inscritas dentro del derecho clásico, y cuya administración no ha arrojado los resultados esperados por la normatividad vigente, realiza un análisis de esos contenidos actuales frente a la posibilidad de obtener el cumplimiento del propósito de la norma con la aplicación de las tendencias contemporáneas del derecho administrativo, empleando como hilo conductor la utilización de las modalidades de la denominada “huida del derecho administrativo”, complementadas con referencias atinentes a otras tendencias del derecho administrativo actual cuya aplicación pudiera resultar pertinente. Bajo esta perspectiva se realiza una aproximación tanto a la actividad de administración de los bienes incautados, a través de los mecanismos legales para llevarla a cabo (enajenación, contratación y destinación provisional), como a la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes como órgano encargado de ejecutar esa actividad (naturaleza jurídica y sistema de administración pública), derivando hacia unas consideraciones finales que correlacionan el análisis jurídico, desde el derecho administrativo, del régimen de los bienes incautados, como parte de una política orientada a afectar los beneficios patrimoniales derivados del narcotráfico, con un planteamiento general sobre la situación actual del tratamiento de este fenómeno como un todo por parte del Estado y en particular del Estado colombiano.
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    Fundamentación Ideológica de la responsabilidad sin falta en el derecho público colombiano
    (2002) García Forero, Fernando Alberto; Bermúdez Muñoz, Martin
    Constantemente se aludirá de manera genérica al concepto de “responsabilidad sin falta” para significar con ello todo lo que muy autorizadas voces, con ánimo académico o teórico, y de seguro movidas a explicar y esclarecer el alcance de sus posturas, matizan bajo las categorías facilitadoras de daño especial, riesgo excepcional, alea terapéutica y hasta responsabilidad por el hecho de la ley. Dichas categorías sirven para distinguir el régimen a la luz del cual se analizará la naturaleza del daño, pero al final, detrás de sus diferentes presentaciones, el hilo conector que llega a la declaratoria de responsabilidad (sin falta), siempre parte de un origen común, que no es otro que el indeclinable ánimo de impedir que con ocasión de la correcta actividad estatal se graven, con notoria diferencia y sin considerar su capacidad, más unos ciudadanos que otros, causando evidente desequilibrio en las cargas públicas que ellos soportan en aras del bienestar general de la sociedad.
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    Origen y evolución del derecho procesal administrativo en Colombia
    (2003) Guecha Medina, Ciro Nolberto; Molina Betancurt, Carlos Mario
    Mecanismos que tienen los administrados para acudir ante la jurisdicción y hacer valer sus derechos frente a la Administración. Esta se muestra dentro de una estructura organizativa en un plano de desigualdad superior respecto los particulares
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    Estudio sobre las consecuencias jurídico- económicas relacionadas con la solución de conflictos en tribunales de arbitramento internacionales, en el marco de los contratos estatales con cláusulas excepcionales
    (2004) Hadad Álvarez, Felipe; Anzola Gil, Marcela
    Los tribunales de arbitramento se han convertido, ante la congestión que padecen actualmente los despachos judiciales, en uno de los instrumentos jurídicos más importantes para lograr, en la práctica, el postulado filosófico de la justicia pronta y eficaz. Quizás fue por ello que el constituyente de 1991 dispuso, dentro del articulado de la Carta Política, la posibilidad que los particulares en calidad de árbitros, y en desarrollo del principio de colaboración armónica con el Estado, pudieran, con la anuencia de las partes, dirimir las disputas que surgieran en el marco de una relación negocial. Aunado con lo anterior, está el hecho de que éste mecanismo da una mayor seguridad a todas aquellas personas, especialmente nacionales de países desarrollados, que invierten capitales en Estados como el colombiano, ya que brinda una garantía de imparcialidad y celeridad difícil de obtener a través de los métodos tradicionales de solución de conflictos.
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    Eficacia del control fiscal en Colombia a la luz del derecho comparado de su historia y de sus relaciones interinstitucionales
    (2004) Naranjo-Galves, Rodrigo; Sanchez-Torres, Carlos-Ariel
    El estudio del papel que desempeñan las Contralorías debe abordarse desde la premisa de su ubicación constitucional, dentro del conjunto de controles al ejercicio del poder político, sistema en el cual se ubica el control fiscal
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    Acción de repetición
    (2005-06) Cañón Solano, Martha; Molina Betancur, Carlos Mario
    El presente estudio tendrá como punto central la acción de repetición, enmarcada dentro de la Constitución de 1991, sin perjuicio de remitirse a normatividad anterior con el fin de interrelacionar y evaluar los aciertos y desaciertos de la estructura reinante hoy en día en materia de acción de repetición. Para resolver estos puntos, la investigación presenta los aspectos relevantes sobre el proceso de acción de repetición, las dificultades conceptuales relativas a su definición y rasgos básicos, es menester cuestionar si se encuentra estructurada la acción de repetición como medio para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del agente estatal generada del dolo o culpa grave, reflejada en una condena, pese a los avances jurisprudenciales y legales. Si en verdad ha sido eficaz la aplicación de la repetición mediante la acción, si los medios para su cumplimiento son expeditos, si es valedero construir toda una institución para lograr el reembolso de los dineros que el Estado paga por sus condenas o si es el llamamiento en garantía un medio más eficaz para el cumplimiento del fin, si hay que construir nuevas forma procesales; se analiza si es instrumento jurídico y eficaz con el que el Estado cuenta para recuperar los dineros por él pagados. Sin embargo, hoy no hay unidad de criterio sobre ciertos elementos sustanciales y procesales que giran alrededor de dicha acción, comenzando por la definición misma y en otras áreas todavía hay vacíos y contradicciones. Se resaltan éstas porque ellas inciden en la aplicación de la normatividad por parte de los jueces en sus sentencias, en la formulación de la demanda por parte de las entidades, en la defensa de los demandados y en el cobro de los dineros, resultado de una condena.
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    Planificación y control urbanístico en Bogotá desarrollo histórico - jurídico
    (2006) Lemus Chois, Víctor David; Pinilla Pineda, Juan Felipe
    La finalidad de este trabajo por un lado, la de elaborar una teoría histórico-jurídica de la planificación y el control urbanístico con un nivel de complejidad mayor que el desarrollado actualmente. Por otro, extraer elementos que sirvan para un desarrollo teórico del derecho administrativo.
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    El sistema de desarrollo administrativo en la administración pública colombiana
    (2006) Pineda De Martínez, Rosa; Molina Betancur, Carlos Mario
    Antes de la Ley 489 del 29 de diciembre 1998, las entidades de la Administración Pública no estaban todas legalmente organizadas por sectores administrativos. Es apenas con la Reforma Administrativa de 1992, derivada de las facultades concedidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, que se empieza a hablar del tema: sectores de Justicia (Decreto 2157 de 1992 y Ley 10 de 1990), Salud (Decreto 2164 de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992, Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992 y Ley 115 de 1994), Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992) y Medio Ambiente (Ley 99 de 1993). En el año de 1997, en el gobierno Samper, se expidió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y se hablaba entonces de sectores de la Administración Pública. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se crearon los sectores administrativos integrados por un Ministerio o Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas, tal como está contemplado en el artículo 42.
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    Los convenios de la administración entre la gestión pública y la actividad contractual
    (2006) Chávez-Marín, Augusto-Ramón; Rodríguez Rodríguez, Libardo
    En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos
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    Análisis de la distribución de los recursos para la educación preescolar, básica y media conforme la ley 715 de 2001
    (2006) Junco Velosa, Elimelec; Sanchez-Torres, Carlos-Ariel
    Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.
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    Precisión conceptual acerca de la reparación integral en Colombia
    (2007) García Rodríguez, Franklin Segundo; García Forero, Fernando Alberto
    Es fácil comprender porqué las sociedades a través de todos los tiempos se han preocupado por el daño y el perjuicio, a efecto de eliminar, atenuar o cuando menos paliar las huellas dejadas en la víctima por parte del victimario. Así, los regímenes han evolucionado utilizando diversas metodologías para el logro de estos fines, que bien se ven reflejados y respaldados en la teoría de la solidaridad social, ya que ante un hecho dañino el grupo reacciona jurídicamente con miras a lograr el posible restablecimiento del derecho menguado al damnificado. Esto implica, que jamás podríamos imaginar siquiera la falta de respuesta del Estado y la sociedad, apuntando hacia la reparación o resarcimiento de lo ocurrido. Antes de aclarar las inquietudes específicas que nos orientan, tenemos qué señalar que daño es el mismo hecho dañino, el golpe, la conducta agresora, el ataque, “la alteración negativa de un estado de cosas existente”1 , o lo que es lo mismo, “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”2 . Entonces, el daño es el acontecimiento ilegal, que no puede confundirse con el perjuicio que es lo que le sobreviene; son diferenciables; su relación es consecuencial, y no se refunden.
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    Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en Colombia
    (2007) Posada García-Peña, Mario; Anzola Gil, Marcela
    Es necesario agregar que la finalidad de este proyecto de tesis es la de pretender que la administración del impuesto tenga un manejo sencillo tanto para los fiscos locales como para los contribuyentes del tributo, con el fin de respetar así los principios constitucionales de legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y seguridad jurídica de los que tanto habla la doctrina colombiana pero que en situaciones como la presente no son respetados en su totalidad.
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    El sistema de contratación estatal colombiano: entre la eficiencia y la corrupción
    (2007) Páez-Murcia, Ángela-María; Anzola Gil, Marcela
    Una constante de los Estados en nuestro tiempo parece ser el habitual esfuerzo por modernizar su quehacer, en búsqueda de mejores estrategias en el cumplimiento de sus fines. La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970. La preocupación por los medios a través de los cuales el Estado actúa ha generado una política de mejora de la gestión pública que se hace presente en los diferentes campos de acción del poder público. Ante este reto de fortalecimiento de la gestión son diversos los obstáculos que la política estatal encuentra a su paso; la escasez de recursos, la multiplicidad de funciones que se le confían al Estado frente al reducido número de funcionarios que pueden cumplirlas en condiciones de idoneidad, los altos índices de corrupción, la falta de colaboración de la sociedad civil, entre otros.
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    Entre la justicia y la seguridad jurídica, debates en torno a la caducidad y el acto administrativo particular como blanco de las acciones populares y contenciosas
    (2007) Orrego Morales, Camilo José; Londoño-Toro, Beatriz
    En una actualidad jurídica trasegada por la revolución de los derechos a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, donde se habla constantemente de un nuevo y de un viejo derecho, que finca sus raíces en un papel protagónico del juez, la justicia y en la garantía y protección de los derechos, pareciera que conceptos clásicos como caducidad y seguridad jurídica cedan terreno ante el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.
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    Acceso Abierto
    El sistema de desarrollo administrativo en la administración pública Colombiana
    (2007-03-01) Pineda de Martínez, Rosa; Molina, Carlos Mario
    El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.
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    Aspectos jurídico administrativos de los desastres naturales y del reasentamiento poblaciónal y su planteamiento como política pública
    (2008) Duque Botero, Juan David; Londoño-Toro, Beatriz
    Esta investigación tiene el propósito de analizar los aspectos jurídicos de los desastres naturales y del reasentamiento poblacional. Se presentan las distintas tipologías del reasentamiento poblacional desde la óptica estatal para señalar su importancia en las actividades de las autoridades administrativas. En el trabajo se muestra la vulnerabilidad del Estado Colombiano frente a la ocurrencia de desastres naturales, por la falta de planeación efectiva y la poca importancia de la reducción del riesgo en la agenda pública. Desarrolla igualmente, el fundamento de la responsabilidad de la administración frente a desastres de la naturaleza y su papel ante la protección de los derechos humanos. Además, desarrolla el reasentamiento poblacional como mecanismo de atención y prevención de desastres naturales, y la normatividad nacional y de la región andina en la cual está contenido. Establece estrategias de acción estatal para la atención práctica de los desastres naturales, el planteamiento del reasentamiento poblacional como política pública y herramientas de protección de la población vulnerable. Por último, plantea la importancia de la reducción de los riesgos de la población ante desastres de la naturaleza y la necesidad de protección del Estado de las poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones de vida.
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    Acceso Abierto
    La ponderación como técnica de solución al conflicto de principios en el Derecho Administrativo
    (2009-04-17) Vega Arenas, Johana; Quinche Ramírez, Manuel Fernando
    La ponderación utilizada por la Corte Constitucional Colombiana como técnica de interpretación del derecho puede ser útil en la jurisprudencia administrativa como solución al conflicto entre principios.
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    Acceso Abierto
    Protección de las tierras de la población desplazada
    (2009-03-30) Páez Vargas, Jenny Fabiola; Londoño-Toro, Beatriz
    El trabajo consiste en un estudio histórico y crítico de los mecanismos jurídicos de protección de las tierras de la población desplazada, en el cual se revisan las políticas públicas y la legislación que ha tenido incidencia en la materia. Así, partiendo de un breve estudio de los móviles que determinan el desplazamiento forzado, del cual concluye que la tierra ha sido un factor permanente y definitivo para el conflicto armado y el desplazamiento forzado, por lo cual se justifica abordar el desplazamiento forzado a partir de ella y la necesidad de protegerla, se adelanta un análisis crítico de las medidas que el Estado ha abordado para proteger a los desplazados en sus tierras, destacando la insuficiencia histórica del mismo, para finalmente plantear la necesidad de revaluar la política estatal al respecto.
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    Acceso Abierto
    Hacia una nueva organización terriorial en Colombia : propuesta de ajuste a los principios rectores del funcionamiento de las entidades territoriales dentro del nuevo contexto económico y competitivo mundial
    (2009-03-12) Suárez Suárez, Zico Antonio; Malagón Pinzón, Miguel
    El documento plantea la disfuncionalidad de la organización territorial actual, dentro del nuevo contexto económico y competitivo mundial, haciéndose necesaria una restructuración de los principios rectores del funcionamiento de las entidades territoriales, procurando integrar estos nuevos conceptos -extrajurídicos-, con los de la estructura jurídico política del estado colombiano.
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    Acceso Abierto
    Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación
    (2009-02-16) Manrique-Niño, José-Ignacio; Restrepo Medina, Manuel Alberto
    La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.