A través del examen del funcionamiento del sistema de registro mercantil colombiano, hemos encontrado varias inconsistencias en su estructura que lo hacen en cierta forma ineficaz por cuanto no se logra el fin último de la ley, cual es el de garantizar la seguridad jurídica y la publicidad en los negocios y la actividad mercantil en general. Si bien la época en que se redactó el actual Estatuto Mercantil no requería una legislación integral que permitiera al comerciante expandir su actividad a través de las localidades, hoy la dinámica de los negocios sí lo exige, y por ello las leyes que rigen el sistema de registro deben ser entendidas de una manera lata, tal y como las necesidades actuales y el dinamismo jurídico lo imponen. Por eso el replanteamiento sobre la mecánica de la actividad de control y registro no da espera. Estamos firmemente convencidos de que la existencia de múltiples entidades encargadas del sistema de registro mercantil, entorpece, dificulta, hace gravoso y confunde al consumidor tanto como al comerciante, ya que la actividad de tales entidades se ejerce en el territorio propio de su jurisdicción y sus datos e información no tienen una cobertura nacional que provea seguridad jurídica. Por lo tanto creemos que es hora de pensar un poco en modificar la interpretación de las normas que regulan la actividad de las cámaras de comercio, en aras de acceder y permitir el acceso a la nueva dinámica del comercio como es la expansión de actividades mediante la creación de empresas multinacionales, transnacionales y por supuesto transregionales. Pero para ello, debemos facilitar al comerciante el camino a tal propósito, haciéndole menos gravoso, engorroso y confuso el proceso que para eso debe surtir ante las entidades encargadas del registro mercantil. Nuestro país necesita unas bases jurídicas fuertes, claras y con vocación de permanencia sobre las cuales podamos empezar a construir el desarrollo económico que necesitamos; así pues, debemos primero fortalecer la célula de la economía como lo es el comerciante, dotándolo de seguridad legislativa y herramientas jurídicas que le faciliten su actividad y no que se la entorpezcan.

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