A partir del año 2005 entró en vigencia en Colombia el sistema acusatorio. El proceso que lo hizo posible se inició con la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002, que –en lo fundamental– modificó la regulación constitucional de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, de un modo que fuera compatible con la estructura del sistema acusatorio. Dicha reforma constitucional fue desarrollada por la ley 906 de 2004, el actual Código de Procedimiento Penal, que ha entrado en vigencia de manera gradual en el país. Al cierre de este informe (enero de 2009), el sistema se encuentra en vigencia en la totalidad del territorio nacional. Uno de los propósitos que impulsaron la introducción del sistema acusatorio en Colombia fue la necesidad de un verdadero respeto por las garantías fundamentales reconocidas en la Constitución y los tratados internacionales. Entre ellas, la libertad jugó un rol importante dentro del discurso que impulsó la reforma. En concreto, el hecho de que la decisión sobre la detención preventiva fuera de competencia del fiscal a cargo del caso, había generado críticas de importantes sectores de la academia y las ONGs desde hacía tiempo. El proceso de aumento de las exigencias para detener preventivamente a un ciudadano se inició en la Constitución de 1991, avanzando por un firme camino trazado por la jurisprudencia constitucional, y produjo varios cambios legislativos, que culminaron con la expedición del Código acusatorio de 2004. Es claro además que entre los diversos propósitos de la reforma, el respeto por la libertad es de los que menos resistencia produjo, por contraste con el propósito de hacer más eficiente la justicia, que suele encontrar algunos opositores de pensamiento de izquierda. El respeto por la libertad, en cambio, no encontró resistencia entre la academia, ni siquiera entre los políticos. De esta forma, no cabe duda que poner en práctica las exigencias de respeto por el derecho a la libertad formó parte del discurso programático en pro de la reforma. Se hace entonces necesario tomar este aspecto como uno de los indicadores que deberán señalar si el proceso de reforma ha cumplido con sus promesas o no.

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