Escribo este texto unas semanas después de que el Gobierno colombia-no y las farc han anunciado un acuerdo sobre la creación de una jurisdicción especial para la paz, en la que se dan unas pautas muy generales de la forma en que operará un modelo de justicia transicional, que pretende reconocer los derechos de los ciudadanos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y a su vez permitir que los miembros de las farc se responsabilicen por los delitos más graves que cometieron durante el conflicto2. Aunque este acuerdo no se restringe exclusivamente a los miembros de las farc, y solamente conocemos un comunicado que ha dado lugar a múltiples interpretaciones, en una sociedad cuya identidad ha estado influida íntegramente por la violencia política, el solo hecho de la firma de un acuerdo, simbólicamente y sin un sentido de triunfalismo, nos invita a los colombianos a pensar cómo sería nuestro país en paz; para ello es esencial reflexionar acerca de la manera como incorporaremos en el presente las narrativas de un pasado violento, a fin de asegurar que en el futuro esa memoria del pasado nos garantice una paz duradera.

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