Colombia cuenta, desde 1997, con legislación que intenta desarrollar los derechos consagrados en la Constitución de 1991, en especial los relacionados con la protección del Patrimonio Cultural como derecho inalienable de los colombianos, en todas sus manifestaciones. Igualmente, dicha legislación incluye algunos conceptos enunciados por las normas internacionales en materia de protección del patrimonio cultural, buscando simultáneamente su protección mediante medidas policivas que eviten su deterioro. No obstante, la aplicación de la Ley 397 de 1997, ó Ley General de Cultura ha tropezado con obstáculos prácticos que han desvirtuado su eficacia para proteger el Patrimonio Cultural como un derecho colectivo, bien sea por desconocimiento de su contenido, por violación deliberada del mismo, o por la ausencia de mecanismos legales que faciliten a las comunidades la protección del patrimonio cultural antes de que se produzca su deterioro o pérdida. De allí que sea necesario examinar la normativa vigente relacionada con la protección del patrimonio cultural inmueble para determinar si está siendo eficazmente protegido, mediante una reglamentación adecuada a las realidades sociales y económicas colombianas

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