El tratamiento que da la jurisprudencia, en materia contenciosa-administrativa, a la situación de la víctima o perjudicados frente a comportamientos delictivos del servidor público, cuando estos son conexos con falla del servicio, no es pacífica, en el sentido de admitir que las acciones civil o indemnizatoria y de reparación directa, pueden intentarse conjuntamente. Este ensayo apunta, sin pretender fijar paradigmas sobre el tema, a inquietar a los estudiosos de la ciencia administrativa a unificar criterios al respecto. Con fundamento en lo normado en los artículos 90 de la C.P., 77 y 78 del C.C.A., no solo no descartan la posibilidad de intentar las acciones simultáneamente, sino que consagra esas posibilidades, de la víctima y perjudicados, de obtener la indemnización de los perjuicios causados directamente por el servidor público con su conducta ilícita a través de la acción civil ejercida dentro del proceso penal o la indemnizatoria ante los jueces civiles y, la de reparación directa contra el Estado cuando aquélla tiene conexidad con falla del servicio, cuya reparación lo es exclusivamente por ésta circunstancia.

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