Al control interno le corresponde medir la gestión de la administración a partir del análisis del cumplimiento de la normatividad jurídica de los planes de desarrollo, de los planes estratégicos, teniendo en cuenta que en cada uno de estos procesos se reconozca la participación ciudadana. El control interno permite lograr un cambio en las instituciones y en los funcionarios públicos para que renazca el papel ciudadano como coadministrador y copartícipe de la gestión que desarrolla el Estado. El control debe ser selectivo, en cuanto no debe ser objeto de control todas las actuaciones, sino sólo las que el funcionario fiscalizador estime deban ser revisadas. Con la vigencia de la Nueva Constitución Política, se buscó la modernización del sistema de control fiscal de las contralorías y se implantó el control interno en todos los órganos del poder público. Este control interno constituye una primera instancia de revisión de la actuación pública. La actividad controlada de la administración pública, está plasmada en la Constitución Colombiana desde su primer artículo, como Estado Social de Derecho que es. Es necesario verificar si los procedimientos de control existentes cumplen su contenido o si por el contrario deben rediseñarse otros, que permitan una mejor eficiencia y rectitud en el manejo económico y fiscal.

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