Irregularidades y atención médica

Visitar El Carmen de Bolívar es escuchar a cientos de padres angustiados al ver que sus hijas no cuentan con el mismo estado de salud que antes. Es evidenciar el inconformismo que tiene la comunidad hacia el equipo operativo que vacunó y no prestó un servicio adecuado. Es ver adolescentes exigiendo una atención de salud integral y una solución definitiva.

Mientras tanto, algunas entidades intentan responder a esas voces...

Sin firma, sin consentimiento

Uno de los tantos inconformismos de los padres de familia, se trata de la falta de información sobre la vacuna y los permisos que no les pidieron para la aplicación de la misma. Unos se enteraron cuando sus hijas volvieron del colegio, otros, unos meses después.

Martha Villegas, madre de familia.
Foto: Nelson Jones

Este último fue el caso de Martha Villegas, mamá de Camila Peluffo, estudiante de la Institución Espíritu Santo. La adolescente de 16 años recibió dos dosis y no le comentó a su mamá. “Ella me dijo, ‘Camila no te vayas a dejar vacunar porque están diciendo que esas vacunas están haciendo daño en otros lugares’ y yo le dije: ‘si yo ya tengo dos dosis. A mí se me había olvidado contarte’”, narra Camila.

Villegas fue al colegio a preguntar por qué habían vacunado a su hija sin su permiso y la respuesta que obtuvo fue que se trató de una jornada de vacunación.

Los padres de familia no son los únicos que indican que no se solicitó autorización, los profesores y algunos directivos también lo afirman. Héctor Miranda, profesor de la Institución Espíritu Santo y padre afectado, cuenta que además no hubo información del medicamento que se aplicó: “No tuvimos ninguna orientación pedagógica, ni siquiera contaron con el permiso de los padres, no tenían un formulario para llenar, las niñas fueron vacunadas confiando que no sufrirían estos efectos”.

¿Qué dice la ley? Se debe partir que la salud es un derecho fundamental. En el caso de los menores de edad, la Ley 1098 de 2006 se pronunció sobre la atención integral en salud para todos los niños, niñas y adolescentes. Además, la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C - 900/11 en relación con el consentimiento en procedimientos médicos de los menores, disponiendo que los facultados para hacerlo serán sus padres o representantes legales, a lo que se le ha denominado consentimiento sustituto. “(…) Por regla general, son sus padres o sus representantes legales los que deben prestar la autorización para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento médico.

Martha Eugenia Marín quien hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, indica que ellos emitieron los elementos técnicos operativos sobre la aplicación de la vacuna, tanto al departamento de Bolívar como al Ministerio de Educación para que realizara la gestión de comunicación en los colegios. Además, explica que el padre de familia podía no aceptar la vacuna firmando un documento. “Cuando llega nuestro equipo de vacunación, entrega el disentimiento, entonces a las niñas no autorizadas no se les puede vacunar”, explica Marín.

Tal como lo indica la funcionaria existe un protocolo descrito en los Lineamientos operativos y técnicos de la vacuna contra el VPH, entre la programación hay dos pasos, que según los padres, profesores y directivos de los colegios no se siguieron. Uno, se trata del plan de información dirigido a padres y cuidadores de las niñas a vacunar, rectores de instituciones educativas y a la población objeto. Dos, concertar con el responsable de la institución educativa para comunicarle a los padres y cuidadores el desarrollo de la vacunación, por lo menos dos días previos a la fecha programada. Y en caso que el padre no permita la vacunación debe informar por escrito al colegio.

Sin embargo, Eliecer Sandoval, director del colegio Gabriela Mistral, indica que el equipo de vacunación fue un día sin avisar y ellos se abstuvieron de vacunar a las menores sin el consentimiento de los padres, en una segunda visita tramitaron los permisos, no obstante, vacunaron adolescentes que no tenían permiso. “Cuando vinieron otra vez a vacunar pasamos la lista de autorizados y ellos vacunaron a niñas que no lo estaban”, afirma Sandoval.

Martha Marín, funcionaria del Ministerio de Salud - PAI.
Foto: Laura Parra

En cuanto a esa situación, Marín, explica que la EPS Caprecom (liquidada en enero de 2017) fue la encargada de la aplicación en El Carmen de Bolívar, y que en la primera fase (2012-2013) no hubo ese tipo de inconvenientes, pero para la segunda fase Caprecom contrató otro operador logístico; el cual no tiene claro Marín por tratarse de una subcontratación, y fue cuando se presentaron los problemas. “No cumplía en su momento con las especificaciones de abordar el tema de vacunación en el territorio, generando dificultades logísticas, que en su momento la entidad territorial tuvo que haber estado velando, tanto municipal como departamental”, dice Marín.

En el municipio se evidenció que el protocolo de aplicación no fue el debido, Luis Jorge Hernández, médico especialista en salud pública y profesor de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, explica que el programa de vacunación debe tener un protocolo integral que no solo vea a las niñas como objeto de vacunación. Agrega que debe existir consentimiento de los padres y pedagogía. “Para todo menor de edad debe haber lo que se llama un asentimiento, debe haber una actividad informativa, un diálogo de saberes sobre lo que es salud sexual, lo que es salud reproductiva y empoderamiento de la mujer, debe haber una orientación”, explica Hernández.

Vacuna impuesta en las aulas
Institución Educativa Espíritu Santo.
Foto: Laura Parra

El asunto de las autorizaciones no para ahí, según las menores, muchas fueron obligadas aplicarse la vacuna, pues se habló de pérdida de materias o pérdida de año si no aceptaban.

“Los profesores lo primero que decían era, ‘si no se vacunan pierden el año, pierden la materia’, hasta nos agarraban a la fuerza para vacunarnos, aparte de eso mi mamá se enteró cuando ya estaba vacunada”, indica Luisa Brieva, egresada de la Institución Educativa Promoción Social.

En la Institución Espíritu Santo también ocurrió lo mismo, según el profesor Miranda, él no estuvo en el momento de la aplicación pero sí se enteró que hubo presión por parte de los educadores. “Las niñas fueron vacunadas y hasta obligadas, pero en el buen sentido, de que confiábamos que esta vacuna no tenía esta situación...me contaron que si no se vacunaban no les pasaban el año y de pronto ellas accedieron”, cuenta Miranda.

La misma situación ocurrió en la Institución Educativa de Caracolí. “Yo dije que no y ellos dijeron que era obligación ponérsela y me la tuve que poner”, afirma Yoheli Bravo, estudiante.

Hector Miranda, profesor de la Institución Educativa Espíritu Santo.
Foto: Laura Parra

Según Marín, la vacuna contra el VPH nunca ha sido obligatoria para la comunidad sino para el país de tenerla en disposición. La Corte Constitucional lo reafirmó en la Sentencia T-365/17, al dictaminar que la vacuna no puede ser obligatoria y debe existir consentimiento informado. Así se pronunció: “Advertir al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma. En tal virtud, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado, como condición previa para administrar la vacuna, indicándose los efectos adversos en la salud humana”.

El sistema de salud en El Carmen de Bolívar

► El anhelo de asistir a un especialista

Centro de Salud Giovanni Cristini.
Foto: Nelson Jones

Arlet Mercado, médica y directora ejecutiva de la Fundación Ser (Operador logístico del Hospital Nuestra Señora del Carmen), dice que si el médico no lo ve conveniente no se remite. “Las decisiones de salud no se toman porque yo quiero o porque el familiar quiere, es lo que el sistema de la persona esté indicando. Si en el momento no se ven indicios o sintomatología que acompañe ese deseo del padre eso no va a suceder”, dice Mercado.

Algunas niñas sí han sido chequeadas por especialistas. Fabio Bayuelo, médico general del Centro de Salud Giovanni Cristini; institución de salud de primer nivel del municipio, sostiene que el servicio que prestan es limitado por el mismo sistema de salud de Colombia, por lo tanto, han derivado en varias ocasiones a las adolescentes a que sean atendidas por niveles más avanzados dependiendo de los síntomas. Bayuelo cuenta, que en la mayoría de las ocasiones las remiten a pediatría, medicina interna o neurología. “Por lo general desde consulta externa de primer nivel lo que hacemos es derivar a una especialidad que se encargue de ordenar medicamentos o exámenes que son de segundo o tercer nivel, que pueden llevar al diagnóstico”, dice el médico.

Marín indica que existe autonomía médica y que el Ministerio de Salud no puede entrar a cambiar la normatividad.

Mónica León, es la representante legal a nivel nacional de las niñas que afirman que fueron afectadas por la vacuna y madre de una de ellas. León, encuentra absurdas algunas medidas, como no remitir a las adolescentes a especialistas para que tengan un diagnóstico final. “Ellos siempre han dicho que no pueden ir más allá del doctor pero estamos dejando una enfermedad tan compleja en manos de un médico general”, dice la abogada.

► ¿Buen trato en el hospital?

Hay dos razones por las que los padres han dejado de llevar a sus hijas al hospital del municipio, la primera es porque se cansaron de que les suministran los mismos medicamentos como suero, dextrosa y pastillas para el dolor de cabeza.

“Cuando a mi hija le da la crisis en la casa yo trato de auxiliarla hasta que ella reaccione, porque ya nosotros nos hemos dado cuenta que en el hospital no le están solucionando nada”, cuenta Martha Villegas, madre de Camila Peluffo.

“Ella ya me dice: no me lleve al hospital, qué va hacer con llevarme al hospital si allá no nos dan nada, no nos dan ninguna respuesta, al contrario los médicos cuando nos ven llegar dicen: ya vienen otra vez”, indica Mariela Barrios, madre de una joven vacunada.

Hospital Nuestra Señora del Carmen.
Foto: Nelson Jones

La segunda razón es porque el trato no es bueno, ya que han sido estigmatizadas por tratarse del tema de la vacuna. Indican que les han faltado al respeto diciéndoles que sus dolencias son por "falta de hombre", porque están locas o están fingiendo.

Mariela Barrios, mamá de Liliana Torres, indica que también fue testigo de ese tipo de trato. “Lo primero que les decían a varios papás era que las niñas, por decirlo vulgarmente, eran alborotadas, que necesitaban marido, que eso no era la vacuna”, cuenta Barrios.

Sobre aquellos señalamientos dentro de las instalaciones del hospital, Mercado responde que en esas situaciones se debe entablar una queja formal para que la institución pueda actuar en consecuencia, ya que “ese tipo de casos no se deberían presentar, indicando momento exacto, a qué niña y quién lo hizo”.

Marín, indica que el Ministerio de Salud ha venido trabajando con las IPS para realizar un plan de mejoramiento porque los padres les han manifestado que los médicos y enfermeras hacen comentarios como: “otra vez llegan” “otra vez atenderla a usted”.

► El sinsabor con las EPS


Las empresas promotoras de salud (EPS) a las que están adscritas las jóvenes afectadas del municipio son: Mutual Ser, Mutual Quibdó, Cajacopi, Comfacor, la del Magisterio y hasta que operaron, Saludcoop y Cafesalud.

Durante los cuatro años que han transcurrido, los padres de familia han solicitado por medio de tutelas, reclamos en el hospital y diálogos entre los funcionarios municipales la atención integral para sus hijas.

Expresan, que actualmente ha mejorado la atención, no obstante, algunas EPS no han respondido de la forma que ellos han requerido, en cuanto a los especialistas y las órdenes médicas.

El secretario de salud de El Carmen de Bolívar, Javier Luna, señala que se han reunido con las EPS varias veces y con la Secretaría de Salud Departamental para lograr que exista atención integral a las menores. Acepta que han existido falencias en la demora de las órdenes y la comunicación entre EPS y padres, “errores que se han venido subsanando”, dice Luna.

► Más síntomas que diagnósticos


Según Luna, hasta el momento son aproximadamente 150 niñas de El Carmen de Bolívar diagnosticadas con enfermedades que se replican en algunas adolescentes. En cambio, las otras 650 niñas tienen varios síntomas sin ningún diagnóstico aún. Aunque las jóvenes están enfermas no se ha determinado causalidad entre la vacuna y los síntomas que padecen.

La mayoría, que son las que no diagnóstico esperan que las EPS determinen qué es lo que tienen y poder acceder a tratamientos.

Según Arlet Mercado, los síntomas más recurrentes con los que llegan las adolescentes a urgencias son: crisis de ansiedad, desmayos, dolores musculares, dolor en el pecho, dificultad para respirar y movimientos tonicoclónicos —tipo de convulsión o crisis epiléptica que compromete todo el cuerpo—.

Y según Fabio Bayuelo los diagnosticos que más ha conocido son: trastornos de ansiedad, epilepsia, enfermedades del sistema nervioso y algunos casos de von Willebrand —trastorno de coagulación— y de Lupus —enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos—.



Fuente: Pompilio Martínez (nom de guerre), médico especialista en biología celular y molecular.


En investigación: lotes dañados y cadena de frío

Dentro de la comunidad han existido rumores referentes a la interrupción en la cadena de frío por parte del transportador que las trasladó, también sobre daño en los lotes. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna de las dos hipótesis.

Sobre estas dudas, en agosto de 2017 la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar, la cual busca establecer si existió responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios a nivel municipal que estuvieron a cargo de las dosis. También investigará a las entidades encargadas en el transporte de Cartagena a El Carmen de Bolívar para verificar si se siguió la cadena de frío. La investigación sigue en desarrollo.

Laura Parra Florez - Investigación, textos y producción

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