Maestría en Asuntos Integrales de Familia

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Examinando Maestría en Asuntos Integrales de Familia por Director "Parra Benítez, Jorge Alberto"

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    Relevancia de la defensa profesional para las partes involucradas en medidas de protección por violencia en el contexto familiar: garantizando el debido proceso y la justicia
    (2025-12-15) Sánchez García, Ángela Viviana; Celis Zea, Nelsy Maribel; Parra Benítez, Jorge Alberto
    En este artículo realizamos un estudio sobre la importancia de contar con defensa profesional idónea en los trámites de medidas de protección en el contexto familiar en Colombia, tanto para las víctimas como para los presuntos ofensores, teniendo como eje principal la garantía del debido proceso y la necesidad de obtener decisiones ajustadas a Derecho. A través de un análisis de la Ley 294 de 1996 y sus principales modificaciones, se puede observar que a lo largo de los años la normativa ha fortalecido la protección de las víctimas. Sin embargo, hoy no exige el acompañamiento y representación jurídica de un abogado para cada una las partes involucradas, dejando a muchas personas expuestas a riesgos procesales, por desconocer los aspectos técnicos propios de estas controversias. En la práctica, esta ausencia de defensa profesional puede traducirse en consecuencias graves, tales como, decisiones desproporcionadas, revictimización, desconocimiento del marco jurídico, errores en la presentación de solicitudes o recursos, e incluso el uso indebido de las medidas de protección en disputas para configurar causales de divorcio o romper vínculos familiares. Esta problemática adquiere mayor relevancia si se considera su impacto en nuestra sociedad, por ejemplo, según el Observatorio de Salud – SaluData, sólo en el año 2024 en Bogotá se reportaron 106.119 casos de violencia intrafamiliar y de género, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y la necesidad de garantizar una adecuada representación legal. Frente a este panorama, se plantea la posibilidad de introducir cambios normativos o pedagógicos que permitan a las partes involucradas el ejercicio pleno de sus Derechos dentro del trámite de medida de protección. De esta manera se fortalecería la garantía de que las medidas de protección realmente cumplan con la finalidad de resguardar a las víctimas de la violencia, sin dejar de lado la protección del derecho fundamental al debido proceso de los presuntos ofensores.