La existencia y regulación de los depósitos centralizados de valores, así como la definición y reglamentación para el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales en nuestra legislación, no son otra cosa que el producto de la necesaria adecuación y actualización que debe tener cualquier ordenamiento positivo frente a los continuos, permanentes y asombrosos cambios que se siguen produciendo dentro de campos o disciplinas específicas como la Informática, los sistemas y las comunicaciones y que dadas las repercusiones que éstos tienen en el tráfico negociar, no pueden por ende ser ajenos o extraños a la ciencia del derecho, la cual además y dentro de su función finalísima, debe propender porque se logre una adecuada sistematización de las normas que regulen las actividades en que tengan injerencia.

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