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La jurisprudencia de la Corte Constitucional (2020-2024) sobre la caducidad del medio de control de reparación directa frente a graves violaciones a los derechos humanos. Un análisis desde el derecho de acceso a la justicia

Título de la revista
Autores
Cabana González, Daniel Santiago

Fecha
2025-12-11

Directores
Senior Serrano, Sebastián

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario


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Resumen
Esta investigación analiza críticamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el período 2020-2024, en relación con la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia. El estudio toma como punto de partida la recepción en el tribunal constitucional de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta providencia determinó la aplicabilidad general del término de caducidad, incluso para graves violaciones a derechos humanos. Además, estableció reglas específicas sobre el cómputo temporal y las circunstancias exceptivas. La jurisprudencia del periodo objeto de estudio se evalúa mediante los criterios del Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (IAEJ). Este marco analítico permite contrastar los criterios jurisprudenciales con estándares empíricamente construidos para medir la efectividad del acceso a la justicia. La investigación evidencia que la Corte Constitucional desarrolló un marco interpretativo que, formalmente, expande las posibilidades de acceso a la justicia mediante la introducción de subreglas como la readecuación procesal ante cambios jurisprudenciales, el establecimiento de estándares probatorios flexibles y la distinción entre conocimiento del hecho y de la imputabilidad al Estado. Sin embargo, esta expansión formal viene acompañada de una complejización procesal que puede operar, en la práctica, como una barrera para las víctimas que carecen de representación legal altamente especializada. El tribunal constitucional optó por una estrategia de armonización constructiva que, aparentemente, preserva la arquitectura básica del sistema de caducidad establecido por el Consejo de Estado. No obstante, en la práctica, la Corte introduce simultáneamente reglas de interpretación orientadas a maximizar el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, con particular énfasis en víctimas de desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales.
Abstract
This research critically analyzes the Constitutional Court's jurisprudence on the application of the statute of limitations for the direct reparation action in cases of serious human rights violations during the period 2020-2024, in relation to the effective guarantee of the right of access to justice. The study takes as its starting point the constitutional tribunal's reception of the unification judgment issued on January 29, 2020, by the Third Section of the Council of State. This decision determined the general applicability of the statute of limitations, even for serious human rights violations. Furthermore, it established specific rules regarding temporal calculation and exceptional circumstances. The jurisprudence of the period under study is evaluated through the criteria of the Effective Access to Justice Index (IAEJ) . This analytical framework permits contrasting jurisprudential criteria with empirically constructed standards for measuring the effectiveness of access to justice. The research demonstrates that the Constitutional Court developed an interpretative framework that, formally, expands the possibilities of access to justice through the introduction of sub-rules such as procedural readjustment in light of jurisprudential changes, the establishment of flexible evidentiary standards, and the distinction between knowledge of the fact and knowledge of imputability to the State. However, this formal expansion is accompanied by a procedural complexity that may operate, in practice, as a barrier for victims who lack highly specialized legal representation. The constitutional tribunal opted for a strategy of constructive harmonization that, apparently, preserves the basic architecture of the statute of limitations system established by the Council of State. Nevertheless, in practice, the Court simultaneously introduces interpretative rules aimed at maximizing access to justice in cases of serious human rights violations, with particular emphasis on victims of forced displacement and extrajudicial executions.
Palabras clave
Caducidad , Reparación directa , Graves violaciones a derechos humanos , Acceso a la justicia , Corte Constitucional , Responsabilidad patrimonial del Estado
Keywords
Statute of limitations , Direct reparation action , Serious human rights violations , Access to justice , Colombian Constitucional Court , State liability
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