Maestría en Derecho Administrativo

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    Acceso Abierto
    Implementación de los acuerdos marco de precio como manifestación de la teoría de la gobernanza regulatoria promovida por la ocde en Colombia: un análisis de la afectación a los partícipes del proceso de contratación pública
    (2023-08-01) Huertas-Gomez, Isabella; Cortes Nieto, Johanna Del Pilar
    El Estado Colombiano ha venido implementando reformas que tienen como objetivo la realización de la teoría de la gobernanza regulatoria ampliamente promovida en el escenario global, principalmente por actores como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es así como una de estas reformas, incorporó en el ordenamiento jurídico la herramienta de los Acuerdos Marco de Precio (AMP), por medio de la cual el Estado busca eficiencia y celeridad en la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas. Esta investigación analiza la pertinencia de esta implementación, dentro del marco de la teoría de los trasplantes jurídicos y el papel del estado en el escenario global, y busca analizar la afectación de los actores dentro del proceso de contratación en un estado como Colombia en donde existen dinámicas sociales de todo tipo que se caracterizan por su heterogeneidad. Así, la investigación se justifica en tanto contribuye a las discusiones sobre las implicaciones sociales de la contratación pública como uno de los sectores económicos que genera el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto y la utilidad de implementar modelos regulatorios y de administración de inspiración foránea.
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    Acceso Abierto
    La imprescriptibilidad de las acciones de reparación derivadas de crímenes atroces: un análisis crítico del caso colombiano desde el diálogo judicial y el concepto de convencionalidad
    (2023-07-31) Montoya Quintero, Juan Manuel; Calero Tafur, María Andrea
    Mediante la Sentencia de 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa por daños derivados de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto que pueda comprometer la responsabilidad patrimonial al Estado, en el sentido de que, en los eventos mencionados, resulta exigible el término legal de dos (2) años para demandar, el cual se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado en la producción del hecho dañoso, salvo que se encuentren en situaciones que impidan materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción. Esta postura fue reiterada en Sentencia de Unificación SU-312 de 2020, proferida por la Corte Constitucional. La regla acogida por los Tribunales Nacionales no se armoniza con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con la interpretación que de ellos efectúa la Corte IDH, por cuanto desconoce el estándar de imprescriptibilidad de las acciones de reparación derivadas de crímenes atroces, el cual se justifica en la obligación del Estado de reparar por la naturaleza de los hechos, y no depende por ello del tipo de acción judicial que se intente, tal y como se sostuvo en los casos Órdenes Guerra y Otros vs. Chile y Familia Julien Grisonas vs. Argentina. Esta tensión entre el derecho interno y los instrumentos convencionales de protección de derechos humanos revela la inobservancia, por parte del Estado colombiano, de obligaciones internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y supone, de suyo, el debilitamiento del diálogo ante la renuencia de los operadores nacionales en actuar, simultáneamente, como jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Además, redunda en la menor garantía de los derechos de las víctimas de crímenes atroces a la verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición, al tiempo que cercena el derecho de acceso a la administración de justicia.
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    Embargo
    El monopolio constitucional de armas, municiones y explosivos ejercido por la Industria Militar de Colombia: ¿contribuye a la paz constitucional como derecho y deber de obligatorio cumplimiento?
    (2023-08-01) Peña-Fontecha, Leidy-Yuliana; Sánchez-Hernández, Hugo-Alejandro
    El Estado Colombiano desde el siglo XIX ha dado especial importancia al control y regulación en el territorio nacional a la fabricación e introducción de armas, municiones y explosivos en el país, el cual está a cargo del gobierno en forma exclusiva; de tal forma que, se genera limitación al libre acceso de los particulares a las armas, municiones y explosivos. Restricción que es considerada como una medida para la construcción de la paz constitucional como derecho y deber de obligatorio cumplimiento; en torno del cual se ha creado entidades encargadas de la ejecución de actividades propias del monopolio, como es el caso de la Industria Militar (INDUMIL). De lo anterior, resulta interesante estudiar la tensión jurídica que surge entre el monopolio constitucional de las armas, municiones y explosivos y la paz social, direccionado a determinar si el rol que desempeña la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) en ejercicio del monopolio constitucional fomenta, apoya o contribuye a la materialización de la paz “como derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
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    Acceso Abierto
    La extensión de jurisprudencia ante la administración: ¿De mecanismo de descongestión a trámite sin aplicación?
    (2023-06-05) Pinedo Celis , Nelson Enrique; Restrepo Medina, Manuel Alberto
    Con el presente trabajo se pretende hacer un diagnóstico atinente al objetivo primigenio de la figura jurídica de la extensión de la jurisprudencia ante la vía administrativa; para tal fin, a manera de contexto, se expone lo relacionado con las fuentes del derecho y, en especial, la jurisprudencia, así como la génesis del concepto y los principios rectores con los cuales se expone la necesidad judicial de la incorporación de la figura en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la Ley 1437 de 2011 y su modificación por medio de la Ley 2080 de 2021. Seguidamente, se presentan las ventajas y desventajas de la referida herramienta en lo referente a la relación de los ciudadanos y la administración, de forma sopesada, con el fin de identificar los beneficios ofrecidos a partir de su expedición. Igualmente, se estudian las distintas experiencias de entidades sometidas a la norma administrativa con capacidad para la configuración, creación o denegación de los derechos de los administrados sobre los cuales pudiere aplicar la figura de extensión de la jurisprudencia y, de esta forma, evidenciar si en la aplicabilidad de la figura se encuentran barreras en la implementación.
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    Acceso Abierto
    Comercio digital y libertad de empresa: la intervención del Estado colombiano en el libre mercado
    (2023-05-18) Ornass Castilla, Esteban; Restrepo Medina, Manuel Alberto
    En desarrollo de la libertad de iniciativa privada, que se encuentra garantizada constitucionalmente, los comerciantes han incorporado el uso de la tecnología para ofrecer bienes y servicios a los consumidores, incluyendo la intermediación de la relación entre productores, proveedores o comercializadores y clientes, mediante aplicaciones que son gestionadas por terceros distintos a las partes de la relación jurídica principal. En el caso colombiano, esta innovación en el ejercicio del comercio aún no ha sido materia de regulación legislativa, lo cual ha generado interrogantes tanto en cuanto a la legalidad de su prestación como en relación con el ejercicio de las competencias de las autoridades administrativas sobre la misma en el marco de la intervención estatal en la economía prevista en los artículos 333 y 334 de la Constitución. Esta situación lleva a plantear los siguientes interrogantes: i) ¿Hasta dónde llega la libre iniciativa privada para ofrecer esta intermediación digital sin regulación legal y hasta dónde van las competencias administrativas para restringir o sancionar su prestación por la ausencia de un marco regulatorio expreso que las habilite? ii) ¿Cuál es el alcance de la intervención estatal sobre la actividad del comercio digital aún no regulada por ley y de la libertad del comercio digital, a partir de cuyo establecimiento se puedan identificar elementos para resolver las tensiones que se presentan entre la organización y el orden de una actividad por medio de la intervención estatal y la libertad que gozan los comerciantes de que el Estado intervenga mínimamente en sus actividades económicas? Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo general analizar las libertades económicas y la intervención estatal sobre las actividades económicas de los particulares, a la luz de la iniciativa privada para resolver la tensión que se presenta entre la intervención estatal y la libertad de los comerciantes, en el marco de la actividad del comercio digital.