Maestría en Derecho Administrativo
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Una mirada a la adecuación del ordenamiento jurídico colombiano a la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia de la Corte IDH(2025-11-11) Moreno Ruiz, Andrés Mauricio; Correa Flórez, María CamilaEste trabajo analiza las implicaciones jurídicas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia para el ordenamiento disciplinario colombiano, centrándose en la tensión entre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y la preservación de las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular. A partir del estudio de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la Ley 2094 de 2021 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, se examina en qué medida el Estado colombiano ha adecuado su marco normativo a las exigencias del tribunal internacional, particularmente en lo relativo a la protección de los derechos políticos y las garantías judiciales en los procesos disciplinarios, identificando los obstáculos que persisten para una armonización plena. El trabajo concluye con una propuesta orientada a compatibilizar el cumplimiento del fallo interamericano con la institucionalidad nacional, en un sistema disciplinario que, por sus particularidades propias, no encuentra equivalente en el derecho comparado. - ÍtemAcceso AbiertoConvencionalidad vs constitucionalidad – Los retos derivados de la sentencia del caso Petro Urrego vs Colombia para adaptar el orden constitucional con los mandatos convencionales en materia de restricción de derechos políticos(2026-05-19) Núñez Castro, Oderlei; Correa Flórez, María CamilaEste trabajo analiza el conflicto entre el ordenamiento jurídico colombiano y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de la autoridad con competencia para la restricción de derechos políticos a funcionarios de elección popular. A partir del caso Petro Urrego vs. Colombia, se evidencia la tensión entre la exigencia convencional, que reserva estas restricciones a un juez penal, y la tradición constitucional colombiana, que permite su imposición por una autoridad administrativa. Se examina la jerarquía normativa entre la Convención Americana sobre derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia, las limitaciones legítimas de los derechos políticos y los fines de la potestad disciplinaria, mostrando las posturas contrapuestas de la Corte IDH y la Corte Constitucional. Concluye que el diálogo integrador propuesto por esta última, que reserva la sanción definitiva al juez contencioso administrativo, enfrenta dificultades teóricas y prácticas, pero puede constituir una vía provisional para armonizar ambos sistemas mientras se adoptan reformas normativas de fondo.
- ÍtemAcceso AbiertoTransformación digital y el derecho al debido proceso en la potestad sancionadora de la DIAN(2026-04-20) Marín Alarcon, Daniel; Rojas Villamil, Héctor DavidEl presente trabajo de investigación realiza un análisis respecto del impacto de la transformación digital y el uso de las nuevas tecnológicas de la información y las comunicaciones (TIC) en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, esto desde la perspectiva de los principios y garantías inherentes al derecho administrativo sancionatorio, en especial el debido proceso. A partir de la metodología empleada de análisis jurídico, descriptivo y crítico, se examina el grado en la implementación de las TIC en dicho procedimiento, así como las ventajas, limitaciones, riesgos y desafíos que se presentan en el contexto colombiano, por lo tanto, el estudio aborda el marco normativo y político del gobierno digital, la tensión existente en la modernización institucional de la DIAN, la eficiencia administración, la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía y la innovación pública teniendo en cuenta fenómenos como la brecha digital y la exclusión tecnológica. Así mismo, se desarrolla el principio de equivalencia funcional como eje central del proceso administrativo sancionatorio electrónico, destacando la relevancia para garantizar la validez de las actuaciones que se realicen de manera digital, preservando el debido proceso. Finalmente, el trabajo de investigación propone algunas estrategias orientadas a la implementación gradual, responsable y garantista de los derechos fundamentales en la adopción de soluciones tecnológicas en la DIAN, buscando evitar que la digitalización sea un factor de vulneración de derechos.
- ÍtemAcceso AbiertoLos efectos económicos en la administración de los fallos del Consejo de Estado: el caso de la Policía Nacional durante el periodo 2010-2022 y su impacto en la sostenibilidad fiscal de la institución(2026-04-27) Canas Erazo, Mónica Patricia; Sierra Cadena, Grenfieth de JesúsLa presente investigación se desarrolla como tesis de Maestría en Derecho Administrativo y se ubica en el ámbito de la responsabilidad del Estado por la actividad de la Policía Nacional. El trabajo se orienta a examinar los efectos económicos de las condenas proferidas por el Consejo de Estado contra dicha institución en el período 2010-2022, atendiendo a su impacto sobre la hacienda pública y el presupuesto de la entidad. La Policía Nacional se configura como un sujeto particularmente expuesto a reclamaciones por daños antijurídicos derivados de la prestación del servicio de policía. En este escenario, las decisiones judiciales que declaran la responsabilidad estatal se traducen en obligaciones pecuniarias que inciden en la programación y ejecución del gasto. El estudio propone, por tanto, un análisis de la responsabilidad del Estado desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal y de la gestión presupuestal de una institución pública armada de carácter nacional. El problema de investigación se sitúa en la tensión entre el derecho de las víctimas a la reparación integral y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ha consolidado la falla del servicio como título de imputación reiterado frente a la Policía Nacional, con patrones de hechos, daños y condenas que muestran una trayectoria susceptible de sistematización. Cada declaración de responsabilidad genera cargas económicas que deben ser atendidas con cargo al presupuesto de la entidad y a los instrumentos de programación de caja. Tal realidad plantea interrogantes sobre la forma en que estas decisiones inciden en la capacidad institucional para atender sus funciones constitucionales y en la obligación de responder por los daños causados. La investigación se propone abordar esa tensión desde una mirada jurídica y económica articulada. El objeto de estudio se concibe de manera transversal, al articular la teoría de la responsabilidad del Estado con los desarrollos de la hacienda pública y del derecho presupuestal. Las condenas judiciales no solo expresan juicios de imputación por falla del servicio, riesgo excepcional u otros títulos, sino que también se reflejan en erogaciones que afectan la caja, el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y las proyecciones de gasto de la Policía Nacional. A través de esta conexión se observa cómo el régimen de responsabilidad tiene consecuencias directas en la planeación financiera, en la aplicación de reglas fiscales y en la asignación de recursos para el cumplimiento de las funciones misionales. De este modo, se busca mostrar la forma en que el contencioso administrativo se proyecta sobre la gestión económica de la institución. El objetivo general del trabajo consiste en analizar los efectos económicos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado contra la Policía Nacional en el período 2010-2022 y su impacto en la sostenibilidad fiscal de la institución. En desarrollo de este propósito se plantea caracterizar las principales líneas jurisprudenciales en materia de responsabilidad del Estado que involucran a la Policía Nacional, identificar los títulos de imputación y los tipos de daño reconocidos, cuantificar las condenas y su evolución temporal, y examinar cómo tales decisiones se reflejan en la estructura de ingresos y gastos de la entidad. Igualmente se pretende describir las respuestas institucionales adoptadas para atender la deuda judicial y explorar sus efectos sobre la garantía de los derechos de las víctimas y sobre la confianza de la ciudadanía en la administración. Para alcanzar estos fines se adopta un enfoque metodológico que combina herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis. Desde la perspectiva cualitativa se realiza un estudio de decisiones del Consejo de Estado que declaran la responsabilidad de la Policía Nacional, con el fin de identificar patrones de hechos, criterios de imputación y parámetros de reparación. En el componente cuantitativo se emplean datos presupuestales y de tesorería de la institución, relativos a apropiaciones, obligaciones, pagos y ejecución del PAC, con el propósito de medir la magnitud y evolución de las condenas y de los recursos destinados a su financiación. Las fuentes comprenden normas, doctrina, jurisprudencia, informes administrativos y bases de datos institucionales, que se integran en un ejercicio de análisis descriptivo y comparativo. El alcance del estudio se delimita a las sentencias del Consejo de Estado que declaran la responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones u omisiones imputables a la Policía Nacional entre los años 2010 y 2022, así como a la información presupuestal disponible para ese mismo período. La investigación no aborda la totalidad del contencioso en primera instancia ni otros órdenes jurisdiccionales, sino que se concentra en la decisión definitiva proferida por el alto tribunal y en sus efectos sobre la hacienda de la entidad. El documento se estructura en varios capítulos que desarrollan el marco teórico y normativo de la responsabilidad del Estado y de la hacienda pública, exponen la metodología seguida, presentan los resultados del análisis jurisprudencial y financiero, y formulan conclusiones orientadas a la reflexión sobre la sostenibilidad fiscal y la gestión del riesgo derivado de la responsabilidad estatal. Planteamiento del problema El problema central se sitúa en la intersección entre el derecho de las víctimas a la reparación integral y la sostenibilidad fiscal de la administración, con la Policía Nacional como entidad particularmente expuesta a litigios por responsabilidad. La línea contencioso-administrativa ha consolidado la falla del servicio como título de imputación recurrente, con patrones de hechos, perjuicios y cuantías que justifican una sistematización rigurosa. El valor de esta investigación radica en medir la magnitud y evolución de esas condenas, explicar sus fundamentos y traducirlos a impactos operativos verificables. Se busca, en consecuencia, un diagnóstico que vincule el plano dogmático con los costos financieros y las obligaciones de gestión pública para orientar decisiones informadas. (Consejo de Estado, 2022). Desde el ángulo presupuestal y de tesorería, las sentencias y conciliaciones materializan obligaciones de pago inaplazables que inciden tanto en la caja como en el presupuesto. La incertidumbre sobre el momento del giro, los accesorios financieros y la indexación eleva el costo total y presiona el Plan Anual de Caja, con efectos sobre la ejecución misional. Un enfoque técnico de pasivos contingentes y de los procedimientos de atención de fallos permite priorizar bajo criterios de severidad y oportunidad, reduciendo la mora y protegiendo la continuidad del servicio. Este estudio habilita un puente entre el análisis jurídico y la programación financiera con métricas de seguimiento. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2025). En la dimensión dogmática, la investigación delimita su foco en la falla del servicio como título que explica la mayor carga condenatoria frente a la Policía Nacional, sin desconocer figuras como riesgo excepcional y daño especial . La construcción de una matriz con variables homogéneas, hechos, perjuicios, criterios de cuantificación y subsección decisora permite trazar tendencias y discutir su racionalidad. Esa base empírica conecta el estándar de imputación con efectos fiscales observables y con la necesidad de prevención del daño. Precisar el título dominante robustece la coherencia metodológica y facilita medir el impacto de las decisiones (Rama Judicial de Colombia, 2023). El problema revela una brecha de gestión pública cuando la experiencia litigiosa no se convierte en aprendizaje organizacional ni en políticas preventivas verificables. La estandarización de protocolos, la formación en derechos humanos, la trazabilidad de datos y el funcionamiento de los comités de conciliación son palancas para disminuir frecuencia y severidad de condenas. Este trabajo aporta indicadores de proceso y de resultado con metas, responsables y plazos, de manera que prevenir resulte más eficiente que pagar tardíamente. La orientación a resultados fortalece confianza y disciplina en la administración del riesgo jurídico. (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2025). La sostenibilidad fiscal como criterio constitucional exige armonizar decisiones judiciales con estabilidad macrofiscal sin degradar la tutela judicial efectiva . El incidente de impacto fiscal opera como mecanismo de coordinación sobre los efectos de las providencias y demanda soporte técnico, trazabilidad de riesgos y medidas administrativas complementarias para asegurar cumplimiento oportuno. El análisis propuesto integra esa herramienta con la planeación presupuestal, evitando que las restricciones financieras sustituyan la prevención del daño o relativicen la responsabilidad estatal. La investigación ofrece así un marco para ejecutar con rigor y sin menoscabar derechos (Corte Constitucional de Colombia, 2021). La arista social y reputacional del problema emerge cuando se reiteran eventos asociados a uso desproporcionado de la fuerza y vulneraciones de derechos, con deterioro de la confianza y erosión de la legitimidad institucional. La ciudadanía percibe desalineación entre declaraciones y resultados cuando las condenas se acumulan y los pagos se difieren, lo que afecta la cooperación indispensable para la eficacia policial. Incorporar evidencia pública de conflictividad y estándares de derechos humanos permite comprender el costo reputacional como parte del mismo ciclo que genera responsabilidad y presión fiscal, habilitando intervenciones integrales. (Human Rights Watch, 2021). Desde la perspectiva de política pública, el valor añadido radica en integrar fuentes primarias oficiales con lectura presupuestal para estimar severidad y oportunidad del gasto en condenas y verificar si las intervenciones vigentes reducen la litigiosidad o solo administran su costo. Se propone una ruta de priorización que combine prevención del daño, cumplimiento oportuno, transparencia activa y tableros de seguimiento con métricas verificables. Este enfoque favorece asignación eficiente, corrección temprana de desviaciones y mejor rendición de cuentas, con retorno social y fiscal medible (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2024).} La delimitación al Consejo de Estado y al período 2010–2022 asegura consistencia de fuentes y comparabilidad temporal, facilitando extraer lecciones aplicables a la gestión de la Policía Nacional. Con esa frontera analítica se organiza una línea jurisprudencial enfocada en la falla del servicio, se cuantifica el impacto diferenciado sobre caja y presupuesto y se sistematizan efectos sociales relevantes para la gobernanza democrática. El cierre justificatorio resalta la eficacia de la acción de repetición y de los sistemas disciplinarios para proteger el erario y alinear incentivos internos, con recomendaciones orientadas a reducir repetición y costo fiscal esperado (Congreso de la República de Colombia, 2022).
- ÍtemAcceso AbiertoLa reparación del daño por hacinamiento carcelario mediante la accion de grupo en Colombia(2026-04-14) Holguín Molina, Carlos José; López Cárdenas, Carlos MauricioEl presente trabajo tiene como propósito analizar de manera detallada como ha sido la implementación de la acción de grupo para reparar el daño por el HC, su evolución jurisprudencial y, particularmente, determinar si la reparación ha sido acorde con la tipología del daño que se considera mejor corresponde como lo es el daño a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos por afectación de la dignidad humana.
