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Examinando Facultad Jurisprudencia por Materia "Administración pública"

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    Acciones de cumplimiento y tutela como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del estado
    (2000) Rodriguez Almanza, Sandra Consuelo; Moreno Bohórquez, Claudia Marcela; Bastidas Bárcenas, Hugo Fernando
    La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado. En efecto, en los artículos 86 y 87 de la Constitución Política que corresponden al Título II Capítulo IV, denominado “De la Protección y Aplicación de los Derechos” se consagra las acciones objeto del presente análisis. Estas normas constitucionales han sido objeto de desarrollo legal a través de los Decretos 2591 y 306 de 1992, respecto de la acción de tutela, y más recientemente con la ley 393 del 29 de julio de 1997 con relación a la acción de cumplimiento. Se puede señalar que el constituyente, dentro de la concepción del Estado de Derecho, señaló en un lugar preponderante la protección de los derechos fundamentales otorgando un mecanismo ágil para la efectividad de los mismos, mediante la acción de tutela; así mismo con la acción de cumplimiento, otorga al ciudadano un mecanismo efectivo para exigir ante los jueces el cumplimiento de las leyes y actos administrativos por parte de la administración, dejando de un lado la común expresión “la ley se obedece pero no se cumple” que refleja la dramática 8 realidad de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la vigencia efectiva se supeditaba a la voluntad de la autoridad pública encargada de su ejecución. Bajo las anteriores consideraciones se propone con la presente monografía analizar si las acciones de tutela y de cumplimiento constituyen un mecanismo eficaz e idóneo de control judicial de la actividad administrativa, para lo cual, se avanzará inicialmente en un marco conceptual de estas acciones y la actividad administrativa propiamente dicha, y posteriormente, se tomará una muestra práctica remitiéndse a sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional y por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, dentro del ámbito de formación del acto administrativo, la decisión y la ejecución del mismo.
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    La amigable posición en la contratación estatal
    (2006) Martínez Galvis, María Inés; Villa Hinojosa, Manuel
    Conforme nuestra Constitución Política, más exactamente en su artículo 116 , se desprende que por regla general, la función de Administrar Justicia se encuentra confiada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la justicia penal militar. El Congreso también ejerce determinadas funciones judiciales.
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    Análisis sobre la aplicación como falta disciplinaria gravísima del desconocimiento de los principios de la contratación estatal y los principios de la función administrativa
    (2008) Micán García, Pedro; Urueta, Juan Manuel
    La Ley 734 de 2002 por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único establece en su Art. 48, numeral 311, como falta disciplinara gravísima “el desconocimiento” de los principios de la contratación estatal y de la función administrativa. La falta enunciada es un tipo en blanco, cuyo contenido se deduce de la interpretación y la consecuente aplicación de los principios de la contratación estatal y de la función administrativa. Como todo tipo disciplinario, aunque con ciertos matices señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el tipo en blanco debe respetar los elementos esenciales rectores del debido proceso y en especial modo, el principio de legalidad (incluyendo en este el principio de tipicidad), por ser el derecho disciplinario una especie del derecho sancionador. Acorde a lo indicado, el respeto a los preceptos de legalidad y tipicidad frente a la falta gravísima objeto de estudio plantea un problema jurídico de exégesis normativa, toda vez que la aplicación de los principios de la contratación estatal y de la función administrativa, per se no conduce directa y explícitamente a deberes de conducta cuya omisión pueda acarrear una falta disciplinaria, sino a obligaciones abstractas que se manifiestan de manera concreta a través de instituciones de derecho contractual de diversa índole. 1 Ver: Ley 734 de 2002. Art. 48 “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.” (Subrayado fuera de texto). 5 Lo anterior dificulta la determinación de la conducta típica objeto de reproche, pues en estricto sentido el alcance normativo de los principios se limita a servir de: i) base y fundamento del ordenamiento jurídico; ii) herramienta hermenéutica para la interpretación de las reglas; y por último, en caso de insuficiencia normativa específica o del acaecimiento de las llamadas lagunas normativas, iii) a servir de fuente integradora de derecho.
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    Asociaciones público privadas para la infraestructura social en salud: hacia la identificación de pautas para la definición de un modelo colombiano
    (2016-10-14) López Muñoz, Ana María; Guzmán Ramírez, Carlos Eduardo; Oñate Acosta, Tatiana Margarita
    Las asociaciones público privadas "APP" han sido utilizadas para distribuir riesgos y fomentar el desarrollo de los países a través de la provisión de infraestructura. Así, se implementan para proveer bienes y servicios públicos tanto en los sectores de infraestructura productiva (carreteras, puertos, aeropuertos, trenes), como en el sector de infraestructura social (escuelas, universidades, hospitales, edificaciones públicas, etc.). En Colombia, ante la escasez de recursos públicos y la necesidad de formular posiibles soluciones a la crisis del sector salud, surge como una posible solución el modelo de APP consagrado en la Ley 1508 de 2008.
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    Clasificación y elementos de validez de los actos administrativos
    (2001) Wilches Caro, Irma; Rosero Vallejo, Edith Clemencia; Mora Osejo, Humberto
    Esta monografía busca en el fondo cumplir un objetivo especial, cual es el de servir de guía en la iniciación del conocimiento sobre la clasificación de los actos administrativos según la legislación, jurisprudencia y doctrina
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    Cláusulas excepcionales de la ley 80 de 1993
    (2000) Ady Wilson, Rivera; Morales Lozano, César Augusto; Fajardo Gómez, Mauricio
    Las cláusulas excepcionales de la Ley 80 de 1993, son auténticas potestades públicas y no estipulaciones contractuales, que como instituciones de orden público son irrenunciables. Por tal razón si la Administración omite incluirlas o pactarlas en un contrato que deba contenerlas, no debe entenderse por ello que ha renunciado a las mismas, si no que están tácitamente incorporadas en el contrato así no se haya pactado en forma expresa. Se analizó el tema tomando como base las cláusulas de Terminación unilateral, interpretación, modificación, caducidad y reversión que han tenido un mayor desarrollo jurisprudencial a lo largo de los años. Este documento servirá de consulta en la Biblioteca de la Universidad a los estudiantes de pregrado y postgrado, con el fin de fijar los verdaderos alcances establecidos en la Ley 80 de 1993, en relación con las cláusulas excepcionales, para evitar desbordamientos que causen perjuicios a los 16 contratistas, administración y beneficiarios. Se pretende buscar una aproximación en la interpretación y aplicabilidad de las cláusulas excepcionales de contratación administrativa al ser estás un privilegio con las que cuenta la Administración Pública.
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    Control fiscal y sus efectos en la corrupción Informe del Grupo de Control Fiscal y sus efectos del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario.
    (1998) Mayorca Escobar, Carlos Humberto; Mayorga Arango, Hector Mauricio; Rojas Duque, Luis Gonzalo; Tovar Aragon, Juan Pablo; Arboleda Perdomo, Enrique Jose
    La presente investigación tiene por objeto identificar los factores que facilitan la corrupción en materia de contratación estatal, para ello se trabajó en el estudio del control fiscal y en los expedientes que en materia de contratación estatal realizó la Unidad de Investigaciones.
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    El control interno
    (1999) Díaz Daza, Nelvis; Tapias Camacho, Yolima; Mora Osejo, Humberto
    Al control interno le corresponde medir la gestión de la administración a partir del análisis del cumplimiento de la normatividad jurídica de los planes de desarrollo, de los planes estratégicos, teniendo en cuenta que en cada uno de estos procesos se reconozca la participación ciudadana. El control interno permite lograr un cambio en las instituciones y en los funcionarios públicos para que renazca el papel ciudadano como coadministrador y copartícipe de la gestión que desarrolla el Estado. El control debe ser selectivo, en cuanto no debe ser objeto de control todas las actuaciones, sino sólo las que el funcionario fiscalizador estime deban ser revisadas. Con la vigencia de la Nueva Constitución Política, se buscó la modernización del sistema de control fiscal de las contralorías y se implantó el control interno en todos los órganos del poder público. Este control interno constituye una primera instancia de revisión de la actuación pública. La actividad controlada de la administración pública, está plasmada en la Constitución Colombiana desde su primer artículo, como Estado Social de Derecho que es. Es necesario verificar si los procedimientos de control existentes cumplen su contenido o si por el contrario deben rediseñarse otros, que permitan una mejor eficiencia y rectitud en el manejo económico y fiscal.
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    El control interno y su desarrollo normativo en Colombia
    (2004) Páez Rodriguez, Claudia Patricia; Malagón Pinzón, Miguel Alejandro
    La modernización institucional puesto de manifiesto con la nueva Constitución toda vez que sus preceptos impone a los organismos estatales ponerse a la par en la estructura y organización con los nuevos métodos y sistemas de administración gerencial
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    La distribución de riesgos de los contratos de concesión de infraestructura vial
    (2002) Granada Valencia, Laura Marcela; Cetares Salas, Paola Elina; Corrales Sanchez, María Estella; Naranjo Flórez, Carlos Eduardo
    Dentro de las modalidades de contratación establecidas en la Ley 80 de 1.993, se encuentra el contrato de concesión de obra publica, el cual le ha permitido al Estado involucrar capital privado como alternativa de operación en actividades que demandan grandes inversiones económicas y humanas. La intervención del sector privado se traduce en los contratos de concesión de obra publica, en el hecho de asumir determinados riesgos que en el contrato tradicional pertenecían exclusivamente a la entidad estatal contratante. Tendiendo en cuenta que en los contratos de concesión y en particular en los que tienen por objeto proyectos de infraestructura vial, existe un especial tratamiento en cuanto a la distribución de los riesgos entre la administración y el concesionario, es necesario determinar si dicha distribución es adecuada o no de acuerdo con el estado actual de este tipo de contratación. La experiencia en el desarrollo de este tipo de contratos ha permitido un mejoramiento de la distribución de riesgos, sin que ello implique que se haya logrado un punto ideal, por tal motivo es necesario analizar cual seria la forma de asignación de riesgos que mejor se adapta a las condiciones y variables existentes en los proyectos viales colombianos, siendo este el objetivo principal del presente documento.
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    Estudio sobre la operatividad y eficacia de las multas en el marco de la contratación estatal
    (2016-05-20) Sánchez Pineda, David Alejandro; Hadad Álvarez, Felipe Antonio
    El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.
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    La exorbitancia en el contrato
    (1996) Motta Vargas, Ricardo; Tobo Puentes, Juan Bautista; Penagos, Alberto
    Los contratos estatales desde hace varias generaciones se han distinguido por la inclusión de algunas cláusulas especiales, que le dan el carácter de supremacía o exorbitancia, y que a la vez son extrañas a los contratos de derecho privado.
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    Facultad sancionatoria de la Contraloria General de la República con el sistema de control interno
    (1999) Mojica Castro, Nelly Rocio; Barrera Ovalle, Josefa; Sanchez-Torres, Carlos-Ariel
    La Constitución política de 1991 produjo un viraje importante en el ejercicio de la función del control fiscal en el país. Cabe recordar que el diagnostico que debatió en su momento la Asamblea Nacional Constituyente no era alentador y el control
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    Función normativa y desarrollo de la administración pública en los planes de ordenamiento territorial
    (2002) Trujillo Zambrano, Eliana; Vidal Perdomo, Jaime
    La noción de territorio significó para la humanidad, la idea de cómo es que el ser humano se referencia respecto al espacio en el cual se desenvuelve. Poco a poco y con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del conglomerado social como algo más que islas humanas, se empieza a pensar cómo se racionaliza el espacio de relación humana, ese espacio que representa el sitio de vivencia cotidiana y de desarrollo integral de los habitantes de un área determinada. Así, la definición del territorio fue lo que le permitió al ser humano, comenzar a delimitar el espacio individual y colectivo, una comprensión más completa de ese espacio generó con el tiempo la idea de regularlo para que su administración no quedará divorciada de las necesidades más imperativas de la población concentrada en áreas territoriales cada más amplias pero a la vez con una densidad poblacional alta. Por lo tanto este dimensionamiento del territorio genera el concepto de Ordenamiento Territorial (O.T.) y, dentro de ello el papel que debe jugar la administración pública en el manejo y planeación de este
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    Las garantías en la contratación administrativa
    (2000) López Gómez, Lucía Victoria; Ortíz Valencia, Patricia Inés; Fajardo Gómez, Mauricio
    Introducción La contratación administrativa ha sido considerada como una herramienta a través de la cual el Estado puede desarrollar sus fines. Sin embargo, en un país tan complejo como el nuestro, esos fines no podrían realizarse sin utilizar figuras civiles y comerciales que permitan garantizar la culminación oportuna y adecuada de los contratos asignados a los particulares que coadyuvan con el Estado como administrador. Pero la oportunidad de colaborar con la ejecución de los contratos, brindada a los ciudadanos y sus empresas, no siempre fue garantizada por los mismos particulares, es a través de la evolución legislativa que se ha permitido trasladar esos riesgos también a entes particulares pero en todo caso solventes y hábiles para responder por terceros, en proyectos que involucran el capital del Estado como empresa. No obstante, la participación de los particulares como garantes en el tema de la contratación, ha sido seriamente cuestionada hasta el punto de pretenderse una conclusión generalizada de su inefectividad y ésta en mayor o menor grado dependiendo de la naturaleza que pretenda Por ello hemos pretendido explorar este tema y conocer las implicaciones de una póliza o una fianza a la hora de reclamarla. En todo caso, como profesionales del derecho y como ciudadanos, nos ha quedado claro que el tema es supremamente dialéctico y casi que se ajusta a las pretensiones académicas, judiciales o económicas de la época en que se trate y que más que necesitar de reforma legislativa para que se logre su efectividad, se requiere conciencia ciudadana para que se entienda el carácter social que existe detrás de cada una de las obras y una adecuada penalización del grave problema de corrupción que impera en nuestro país. Este ensayo se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace una breve descripción de la contratación administrativa y la necesidad de obtener su efectividad. El segundo profundiza el estudio sobre las garantías en la ley 80 de 1993 y sus disposiciones complementarias, analizando tanto en el contrato de seguro como en la fianza y en el seguro que participa de la naturaleza jurídica de la fianza: su objeto específico, la legislación que se adopta como respaldo, sus elementos característicos, las partes, la reclamación y sus efectos. El tercero establece las herramientas jurídicas -procedimentales y judiciales-, con las que cuenta la Administración, el contratista y la entidad aseguradora, para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, a saber: vía gubernativa, jurisdicción contencioso administrativa y jurisdicción coactiva. El cuarto hace referencia a la intervención de los órganos de control finalizando con las conclusiones.
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    Ingreso a la carrera administrativa
    (1999) Mosquera Delgado, Gicela; Hoyos Salame, Katia; Cáceres, Tarsicio
    El origen de la Carrera Administrativa lo encontramos en Francia en el siglo pasado cuando surgió la preocupación de modernizar el Estado y así obtener un mayor rendimiento de la fuerza laboral, cuyo costo aumentaba día a día, motivo por el cual
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    Pensión de jubilación e invalidez para los congresistas
    (2001) Espeleta Sánchez, Juan Carlos; Campo Ospino, Cesar Alberto; Betancourt Ruíz, Martha
    Estos servidores públicos ostentan un régimen pensional especial, adoptado por el Congreso de la República mediante la competencia constitucional establecida en el artículo 150, numeral 19 literal e, a través de la Ley 4 de 1992
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    La regulación de los servicios públicos domiciliarios
    (2001) Bohórquez Gutierrez, Mónica; Betancur, Luis Ignacio
    La Constitución Política Colombiana de 1991, en el Capítulo V del Título XII, “ De la finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos”, consagró el tema de los servicios públicos limitándose a hacer una enunciación de carácter general
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    Responsabilidad de los servidores públicos de período determinado.
    (2001) Cifuentes Cerón, Pedro A.; Prieto Sandoval, Ana Maria; Dueñas Ruíz, Oscar José
    Uno de los graves problemas de la administración pública en Colombia y que ha hecho posible, entre otras cosas, parte del establecimiento de la corrupción administrativa, es la institucionalización de la irresponsabilidad de los servidores públicos
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    La Sostenibilidad Fiscal, el triunfo del mercado sobre los derechos.
    (2014-07-04) Rodríguez Casallas, José Luis; Sanchez Huertas, Luis Fernando
    La modificación a la Constitución Política de Colombia, que agregó el criterio de sostenibilidad fiscal, que tendrá que ser aplicado en todas las actuaciones del Estado, se implementó como forma de aplacar el gasto del Estado con miras a lograr dos objetivos que son: el de mantener el estado de la deuda pública a topes manejables, es decir, reducir la deuda y poder tener una estabilidad macroeconómica; según el gobierno nacional con estos dos pilares se asegurará un clima estable para la inversión extranjera en el territorio nacional augurando un auge económico sostenido y el bienestar general de los nacionales a futuro. En la presente monografía se realiza un análisis juicioso de dicho criterio, sus motivaciones económicas, la forma de su aprobación en el congreso de la república y el papel del Estado colombiano en la formulación del acto legislativo, así como las consecuencias que se suscitan en este una vez aprobado el criterio de sostenibilidad fiscal. En el transcurso de la monografía se podrá entender que es el criterio de sostenibilidad fiscal consecuencia de un proceso de globalización económica y una medida que inserta a la economía colombiana en esa tendencia mundial de libre flujo de bienes, capitales y servicios, que ha demostrado sólo beneficiar a grandes emporios económicos, multinacionales, transnacionales y sectores productivos de países potencias en detrimento de sectores económicos de los otros países, se concluye así que el criterio de sostenibilidad fiscal no es una buena decisión e implica un cambio fundamental del modelo de Estado que hace colapsar la economía nacional y de paso se da un golpe de gracia al cumplimiento de derechos fundamentales.
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    Teoría del proceso desde la perspectiva del juez de control como órgano límite del poder funcional del fiscal
    (2001-10) Mora Castro, Argemiro; Forero-Ramirez, Juan Carlos
    La implementación de la figura de los jueces de control, como una figura de control, parece en la escena procesal en los sistemas acusatorios, desde hace ya bastante tiempo; es una propuesta tendiente a implementar medidas jurídicas penales aplicadas en los diversos países de tendencia continental o Europea derivada del Derecho Francés y los anglosajones o del Common Law. Desde esta perspectiva se podría pensar que el desarrollo de la dogmática procesal penal, se conduce mediante una característica predominante de naturaleza Constitucional, en donde su esencia se aplica al proceso penal, demarcando las pautas sobre las que descansa la legalidad del procedimiento penal y la forma garante como habrá de conducirse nuestro proceso penal; radicados esos postulados como principios rectores, se han de integrar insolidum, para que tome significado en el desarrollo del proceso; por supuesto entiende la pedagogía procesal que las normas de rango procesal penal entrañan un ligamen con los postulados de orden Constitucional, pues de ellos deviene la legalidad del proceso.