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Examinando Facultad Jurisprudencia por Título

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    El abuso del derecho en el derecho de familia
    (2002) Rosero Orjuela, Marcela Andrea Del Pilar; García Sarmiento, Eduardo
    Examinar el concepto de abuso del derecho, es una tarea extensa, pero imprescindible para los fines que nos ocupan, pues, si no conocemos la figura, mal podríamos derivar sus aplicaciones.
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    Acceso Abierto
    El acceso abusivo a sistemas informáticos en el ordenamiento jurídico colombiano : problemáticas y propuesta para su superación
    (2017-11-07) Beltrán Báez, Angie; Carrillo Carrascal, Silvia; Abushihab, Majer Nayi
    El propósito de ésta investigación es analizar el tipo penal acceso abusivo a sistema informático, las nociones sobre éste, su regulación, su tipificación y cómo ésta impacta en el ámbito de la antijuricidad material. Para tal próposito se hace uso de referentes como los instrumentos internacionales, derecho comparado y doctrina, se exponen los elementos objetivos y subjetivos del tipo, los requisitos de la antijuricidad material y el principio de lesividad analizando la aplicación de estos a casos concretos con el fin de determinar las posibles falencias de la redacción del tipo penal y sugerir una propuesta que logre superarlas.
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    Acceso Abierto
    Acceso de las personas con discapacidad física al servicio público de transporte masivo en la ciudad de Bogotá
    (2019-08-29) Fajardo Restrepo, Daniel Hernán; Padilla Muñoz, Andrea Carolina
    El presente trabajo aborda el estudio del acceso de las personas con discapacidad al transporte público en la ciudad de Bogotá desde una perspectiva eminentemente jurídica, respondiendo a la pregunta de investigación de si jurídicamente se garantiza actualmente (año 2019) en Bogotá el acceso al servicio público de transporte masivo a las personas con discapacidad física. En consecuencia, su objetivo general es determinar cómo se protege jurídicamente el acceso de las personas con discapacidad física al transporte público en Bogotá. Utiliza una metodología de dogmática-jurídica, realizándose una sistematización y análisis de las normas relacionadas con el tema de estudio. El trabajo muestra cómo, desde un punto de vista jurídico, en Bogotá se garantiza el acceso al servicio público de transporte masivo para las personas con discapacidad física, realizando un análisis de tres tipos de niveles normativos: Normas (Instrumentos) del Derecho Internacional de los derechos humanos, Normas locales (Constitución, leyes, normas infralegislativas del orden nacional y normas distritales) y la jurisprudencia en la materia, elaborada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Analizada dicha normatividad, en las conclusiones se responderá de manera afirmativa a la pregunta de investigación.
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    La acción comunal en Colombia
    (2000) Díaz Gamboa, Luis Bernardo; Bastidas Bárcenas, Hugo Fernando
    Se busca que sea la comunidad la que resuelva de forma autogestionaria sus condiciones de atraso material y cultural, mediante el aporte gratuito de su fuerza de trabajo
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    Acción de la Naciones Unidas en la implementación de los acuerdos y programas sobre el cambio climático
    (1999) Canosa Criado, María; Hernandez Valderrama, Laura Victoria
    Si se alterara un aspecto clave como la temperatura media global, las ramificaciones tendrían un largo alcance. Los efectos inciertos se adicionan: por ejemplo, podría cambiar el régimen de vientos y lluvias que ha prevalecido durante cientos y miles
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    La acción de repetición y el llamamiento en garantía como mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del servidor público
    (2003) Devia Sotaquira, María Isabel; Liacano Romero, Norma Liliana; Valbuena Hernández, Gabriel
    El trabajo de investigación que se pretende adelantar para optar al título de Especialistas en Derecho Administrativo, se ocupará de abordar todo lo relacionado con los antecedentes, finalidades y características de la llamada acción de repetición y del llamamiento en garantía, haciendo especial énfasis en los diferentes aspectos de orden procesal que les son inherentes, formulando desde luego algunos análisis críticos y adoptando posiciones personales respecto de algunos de los tópicos que serán tratados en este estudio. La idea de escribir un documento acerca de éste tema, tiene su razón de ser en el interés de contribuir al análisis doctrinal de los mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento jurídico Colombiano, para contrarrestar los efectos patrimoniales de las condenas que se profieren contra el Estado, originadas en las acciones y omisiones de sus agentes. Es por todos conocido que el Estado actúa por intermedio de sus funcionarios. En ese orden de ideas, la falta de cuidado y diligencia de éstos en el cumplimiento de sus funciones, compromete la responsabilidad del Estado y lo llevan a sufrir onerosos detrimentos patrimoniales, cuando a consecuencia de tales acciones y omisiones se ve compelido a cancelar cuantiosas sumas de dinero por concepto de la indemnización de perjuicios ocasionados a los ciudadanos. Extracto de Introducción
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    La acción de tutela contra vías de hecho
    (2002) Ardila Telez, Adriana Marcela; Otero Alvarez, Liliana; Toro Pineda, Pilar Adiela; Canosa Suarez, Ulises
    El objeto de este estudio se fundamenta en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que desarrolla la viabilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que se apartan completamente del ordenamiento jurídico
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    Acceso Abierto
    Acción de tutela y derecho a gozar de un medio ambiente sano
    (2010-12-15) Peredo Bernal, Juan Sebastián; Rodríguez, Gloria Amparo
    A través de la investigación del concepto de derechos fundamentales, su protección constitucional, y del concepto de derecho a gozar de un medio ambiente sano, podemos establecer una teoría mediante la cual el derecho a gozar un medio ambiente sano es un derecho fundamental, y puede ser protegido a través de la acción de tutela.
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    Acciones de cumplimiento como mecanismo de protección del derecho a un medio ambiente sano
    (2001) Lopez Toncel, Carolina
    El reconocimiento universal de nuevos derechos y valores incidió directamente en la Constitución colombiana de 1991. La nueva Constitución clasifica los derechos en tres grandes grupos: los fundamentales que son de aplicación inmediata
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    Acciones de cumplimiento y tutela como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del estado
    (2000) Rodriguez Almanza, Sandra Consuelo; Moreno Bohórquez, Claudia Marcela; Bastidas Bárcenas, Hugo Fernando
    La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado. En efecto, en los artículos 86 y 87 de la Constitución Política que corresponden al Título II Capítulo IV, denominado “De la Protección y Aplicación de los Derechos” se consagra las acciones objeto del presente análisis. Estas normas constitucionales han sido objeto de desarrollo legal a través de los Decretos 2591 y 306 de 1992, respecto de la acción de tutela, y más recientemente con la ley 393 del 29 de julio de 1997 con relación a la acción de cumplimiento. Se puede señalar que el constituyente, dentro de la concepción del Estado de Derecho, señaló en un lugar preponderante la protección de los derechos fundamentales otorgando un mecanismo ágil para la efectividad de los mismos, mediante la acción de tutela; así mismo con la acción de cumplimiento, otorga al ciudadano un mecanismo efectivo para exigir ante los jueces el cumplimiento de las leyes y actos administrativos por parte de la administración, dejando de un lado la común expresión “la ley se obedece pero no se cumple” que refleja la dramática 8 realidad de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la vigencia efectiva se supeditaba a la voluntad de la autoridad pública encargada de su ejecución. Bajo las anteriores consideraciones se propone con la presente monografía analizar si las acciones de tutela y de cumplimiento constituyen un mecanismo eficaz e idóneo de control judicial de la actividad administrativa, para lo cual, se avanzará inicialmente en un marco conceptual de estas acciones y la actividad administrativa propiamente dicha, y posteriormente, se tomará una muestra práctica remitiéndse a sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional y por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, dentro del ámbito de formación del acto administrativo, la decisión y la ejecución del mismo.
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    Acciones de defensa de los intereses colectivos Ley 472/98, acciones populares y de grupo
    (2000) Moreno Torres, Clara Mercedes; Navas Rubiano, Martha Elena; Mora Osejo, Humberto
    Con la presente monografía pretendemos presentar un análisis de las acciones consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 marcada por la protección de los derechos de los individuos y por los conflictos derivados de la violación a los derechos e intereses que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad y a toda la colectividad en general. Estudiaremos los derechos fundamentales y los derechos económicos, y aquellos derechos colectivos de los individuos en relación con el entorno que los rodea, para lograr una mejor calidad de vida relacionados con el medio ambiente, con el uso y conservación de los recursos naturales, con el uso y conservación del espacio público y con la protección de los derechos de los consumidores; al lado de las acciones idóneas para lograr su eficacia como son las denominadas populares y de grupo.
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    Acciones de grupo
    (2000) Ruiz Hurtado, José Camilo; Tocarruncho Mantilla, Daniel Alberto; Londoño Toro, Beatriz Socorro
    las acciones de grupo, consideradas estas como un mecanismo judicial para la protección de Derechos Subjetivos. Con la expedición de la ley 472 de 1998, que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
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    Las acciones populares
    (2001) Gutiérrez Díaz, Martha; Palacios Hinestrosa, Mario Luis; Watson Briceño, Henry Orlando
    Las Acciones Populares no son de creación reciente pues disposiciones tan antiguas como el Código Civil Colombiano la consagraron en el artículo 1005 y 2359, pero esta acción fue inutilizada y solamente se aplicó en casos excepcionales, siendo así desaprovechada la oportunidad de una protección judicial para los derechos colectivos desde el siglo pasado. Otras disposiciones también la consagraban como es el caso del Decreto 3466 de 1982, la Ley 9 de 1989, la Ley 45 de 1990 etc, pero únicamente para casos específicos. Como podemos ver las Acciones Populares tenían consagración de carácter legal y reglamentario y sólo a partir de la Carta Política de 19911, se elevó a rango constitucional con la finalidad de defender los derechos e intereses colectivos. Pero a pesar de haber sido consagrada desde 1991 sólo hasta 1998 fue reglamentada por Congreso de la República mediante la ley 472 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las Acciones Populares y de Grupo y se dictan otras disposiciones”
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    Las acciones populares
    (2001) Gutiérrez Diaz, Martha; Palacios Hinestrosa, Mario Luis; Rueda Serrano, Manuel Guillermo; Mora Sánchez, Miguel Ángel
    Las Acciones Populares no son de creación reciente pues disposiciones tan antiguas como el Código Civil Colombiano la consagraron en el artículo 1005 y 2359, pero esta acción fue inutilizada y solamente se aplicó en casos excepcionales, siendo así desaprovechada la oportunidad de una protección judicial para los derechos colectivos desde el siglo pasado. Otras disposiciones también la consagraban como es el caso del Decreto 3466 de 1982, la Ley 9 de 1989, la Ley 45 de 1990 etc, pero únicamente para casos específicos. Como podemos ver las Acciones Populares tenían consagración de carácter legal y reglamentario y sólo a partir de la Carta Política de 19911, se elevó a rango constitucional con la finalidad de defender los derechos e intereses colectivos. Pero a pesar de haber sido consagrada desde 1991 sólo hasta 1998 fue reglamentada por Congreso de la República mediante la ley 472 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las Acciones Populares y de Grupo y se dictan otras disposiciones”. El presente trabajo comprenderá ocho fases primordiales: en la primera se analizará la evolución normativa y reglamentaria de las Acciones Populares, la segunda y tercera tratarán la definición y los fines perseguidos con el ejercicio de esta acción, la cuarta hará referencia al objeto de la acción, es decir, los derechos e intereses colectivos haciendo énfasis en el tratamiento jurisprudencial, la tres siguientes fases harán referencia a los presupuestos de la acción, la demanda y el procedimiento, y la fase final se referirá a las principales diferencias que se encuentran con acciones como la tutela, de cumplimiento y de grupo.
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    Acciones populares en materia de medio ambiente
    (1999) Gonzalez Andrade, María José; Londoño Toro, Beatriz Socorro
    Las acciones populares son un mecanismo de defensa de los derechos colectivos que a ha existido desde tiempos inmemoriales en nuestra legislación positiva, sin embargo, hasta hace pocos años se inició su desarrollo efectivo.
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    Acciones revocatorias de las Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999
    (2006) Avila Urrea, Jorge Eduardo
    Este trabajo tiene como objetivo el interés que me asiste de tratar de una manera amplia, no sólo limitada a la mera descripción de normas y a la citación de doctrina y jurisprudencia, las acciones revocatorias de la Ley 222 de 1995 y 550 de 1999. Si bien estas figuras jurídicas se nutren del régimen general del Derecho Civil, presentan unas peculiaridades que merecen ser estudiadas detenidamente ya que operan en marcos distintos. Partiendo de la base de que el tema de la manifestación de la voluntad se encuentra íntimamente ligado al de la confianza que debe regir el tráfico jurídico, cuando una persona natural o jurídica incursiona en el mundo del comercio adquiriendo la calidad de comerciante con los derechos y obligaciones que esto implica, sus actos no sólo afectan a las personas que directamente negocian con él, sino a la sociedad misma; así por ejemplo, las altas tasas de interés responden a elevados niveles de riesgo generados en parte por la desconfianza que tienen los prestamistas de recuperar su dinero. Las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 que forman parte del ordenamiento jurídico comercial colombiano, regulan lo tocante a la crisis económica de la empresa, vista ésta como una unidad de explotación económica que no sólo responde a sus propietarios sino a la sociedad donde se desenvuelve; de ahí la autonomía del Derecho Comercial en general y del concursal en particular. El empresario en concurso, quiebra o reestructuración económica sufre una limitación en su capacidad dispositiva ya que sus bienes están sometidos a distintos regímenes jurídicos hasta que terminen los procesos y se haya cumplido total o parcialmente con las obligaciones que tenía vigentes.
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    La actividad de inversionista como actividad comercial
    (1999-08) Gomez Bandera, Dario; Vasquez Hoyos, Ada; Sabogal Guevara, Ricardo Andrés
    A través de la presente monografía de grado pretendemos hacer un análisis de uno de los temas que a lo largo de la vigencia de la Ley 14 de 1983, ha presentado mayor variación a nivel jurisprudencial en la jurisdicción de lo contencioso administrativ
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    Los actos administrativos electorales
    (2000) Franco Garces, Martha Lucía; Sánchez Torres, Carlos Ariel
    Las reformas de la Cartas Políticas, tienden a consolidar la institución del sistema electoral hasta convertirlo en un instrumento del Estado necesario para asumir tareas de coordinación y planeación.
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    Actos administrativos violatorios de derechos fundamentales
    (1999-04) Castellanos Cardenas, German A.; Dueñas-Ruiz, Óscar-José; Mora Osejo, Humberto
    No es raro, aún en un momento de tantos y tan significativos cambios en el orden institucional, que la figura de la omnipotente administración se eleve altiva e indolente frente a la cotidianidad de todos los ciudadanos, que deben resignarse a ser
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    La actuación administrativa y la vía gubernativa en los procesos sancionatorios higiénico sanitarios dentro del derecho administrativo y en especial en el distrito capital de Bogotá
    (2003) Lizarazo Rodriguez, Carlos Ariel; Londoño Toro, Beatriz Socorro
    La administración colombiana posee organismos encargados de la protección del objeto jurídico tutelado cual es la salud pública, los cuales cuentan con unas competencias y atribuciones que se complementan en unos casos y que colusionan en otros
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    La Actuación Administrativa y sus controles Judiciales
    (2002) Guerrero López, Yolima; Carrillo Rojas, Víctor; Bastidas Bárcenas, Hugo Fernando
    El texto que ponemos a disposición de la Universidad, profesores y especialmente alumnos, es una reflexión alejada de exposiciones barrocas de fácil comprensión, el cual se construye y organiza progresivamente de acuerdo a nuestra voluntad e imaginación. Lo que pretendemos con este trabajo de investigación es demostrar cómo se puede controlar la actividad de los entes administrativos por vía judicial, utilizando no sólo las acciones tradicionales, sino los nuevos mecanismos que la Constitución Nacional ha consagrado tales como la Acción de Tutela, Acción Popular y de Cumplimiento entre otras.
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    El Acuerdo de Escazú: un acelerador de la acción climática y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Colombia
    (2021-06-16) Cifuentes Guerrero, Julie Alejandra; Muñoz Ávila, Lina Marcela
    Las interacciones entre la Agenda 2030, las NDC y el Acuerdo de Escazú, proporcionan un marco común para alcanzar sociedades sostenibles, justas y resilientes al cambio climático. Bajo este contexto, este capítulo muestra las sinergias entre estas agendas; que pueden ser aprovechadas por el Estado colombiano para crear las condiciones habilitadoras para su cumplimiento efectivo, así como para abordar los cuellos de botella y romper los silos sectoriales que restringen su implementación integrada. Lo anterior, se realizó a partir del análisis de los principales medios de implementación que el país ha desarrollado para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. y sus compromisos climáticos, a la luz de los estándares de la democracia ambiental. Se concluye que el Acuerdo de Escazú es una política de soporte y aceleradora de la acción climática y las metas de los ODS en Colombia, al fortalecer la coherencia política y normativa, la articulación interinstitucional e intersectorial y el balance entre los procesos top-down y bottom-up en la toma de decisiones, lo que lleva a establecer una arquitectura de buena gobernanza que promueve la eficiencia, efectividad, sostenibilidad y legitimidad de las políticas públicas, estrategias, acciones y normas para el desarrollo sostenible y la acción climática.
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    Acceso Abierto
    Adecuación de la institucionalidad colombiana para garantizar derechos en la crisis climática
    (2023-08-12) Ramírez Ferreira, María Camila; Carianil Toledo, Laura Gabriela; Muñoz Ávila, Lina Marcela
    Este trabajo es el resultado de la participación en la Primera Escuela de Invierno de Derecho Ambiental: La Litigación Climática en la Universidad de Chile, se presento como trabajo final un póster científico donde se analizó la sentencia en segunda instancia del Consejo de Estado de Colombia del 06 de julio de 2023 por una acción de incumplimiento de la Ley de Cambio Climático de Colombia que buscaba que se adoptaran las medidas necesarias para la gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón en el marco de la política de cambio climático. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó seis meses a los Ministerios de Ambiente y de Minas para el cumplimiento de sus compromisos climáticos, lo que genera la necesidad de una adecuación institucional para el cumplimiento de los acuerdos climáticos y la garantía de derechos.
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    Acceso Abierto
    Adecuación del esfuerzo terapéutico, una mirada desde el Bioderecho
    (2022-10) Sánchez Serrano, Antonio José; González Laverde, Camila Andrea; Sarmiento Lozano, Andrés Miguel; Alvarado Niño, Carlos Esteban; Arévalo-Leal, Sinay; Arévalo-Leal, Sinay
    En pacientes críticamente enfermos sin opción de curación y en los que cualquier medida destinada al manejo específico de su enfermedad no muestra beneficios, la opción a tomar por parte del médico tratante es la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) entendida como una práctica en la que el retiro o la no implementación de algunos manejos médicos específicos, maniobras de reanimación y medidas de soporte vital, así como la no realización de pruebas y exámenes; abriéndole espacio activo a las estrategias de los cuidados paliativos, al control y manejo de síntomas y dolor -entre otras- con el fin mayor de no prolongar el dolor, limitar el sufrimiento y proteger la dignidad del paciente. Es así como, presentamos algunos elementos fundamentales que a manera de herramientas, le darán tanto al médico tratante, como a su equipo asistencial dedicado al cuidado del enfermo al final de la vida, unas pautas que le permitirán optimizar su toma de decisiones, disminuyendo las posibilidades de responsabilidad y error asistencial, aminorando la carga emocional que siempre se tiene y se tendrá en estas circunstancias, convirtiéndose además en el antípoda de la obstinación o encarnizamiento terapéutico, que transgrede la dignidad de los pacientes, afecta las emociones del equipo sanitario y dilapida recursos en salud.
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    Acceso Abierto
    Administración de Justicia por Autoridades Administrativas y Principio de Separación de Poderes en Colombia
    (2020-02-28) Hernández Vidal, Pablo; Rodríguez Yong, Camilo Andrés
    Este trabajo analiza la evolución del principio de separación de poderes, a partir de las más antiguas formulaciones de los pensadores políticos y de su primera concreción en la Constitución de los Estados Unidos de América que, por medio de algunas adaptaciones, se admitió la intromisión de los tres poderes en algunos aspectos del funcionamiento de los otros. En el caso colombiano, este principio se fue flexibilizando gradualmente hasta llegar en la Constitución de 1991 al artículo 113, que admite la “colaboración armónica” entre las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes del Estado, y el artículo 116, que permite excepcionalmente a la ley “atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. El principio de separación de poderes no es tan rígido como podría parecer, así como tampoco tan excepcional, dado que, como se comprueba en este trabajo, las autoridades administrativas facultadas para dictar actos de naturaleza judicial son más numerosas de lo que generalmente se supone. Se registran como resultados de esta investigación: (i) la identificación de once autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional más dos casos polémicos; (ii) esta mezcla de funciones se explica por el principio de colaboración armónica; (iii) las decisiones de estas autoridades administrativas han sido reconocidas por la jurisprudencia como auténticas providencias judiciales. La teoría de separación de poderes ha evolucionado con el tiempo y que cada vez es mayor el número de autoridades administrativas que en Colombia han asumido funciones jurisdiccionales por razones de mayor eficiencia y especialidad. En el desarrollo de la obra se abordan especialmente los conceptos y elementos concernientes a: Autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales; Separación de Poderes en Colombia; Función Judicial de la Rama Ejecutiva; Justicia Administrativa; Colaboración Armónica; Ideas Políticas sobre el Principio de Separación de Poderes; ¿Cuáles son todas las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional?; Autoridades administrativas con función jurisdiccional no mencionadas por el Código General del Proceso; Jurisprudencia sobre las autoridades administrativas con función jurisdiccional.
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    La administración del riesgo crediticio en Colombia según el nuevo acuerdo de capital (Basilea II)
    (2004) Ruíz Rodríguez, Andrea Carolina; Medina Pabón, Juan Enrique
    En 1983 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica formalizó el concepto de capital adecuado, mediante el cual se debían respaldar adecuadamente los riesgos asumidos por las entidades financieras. De esta forma, los mercados emergentes siguiendo el ejemplo de los países desarrollados comenzaron a adelantar un sistema normativo para exigir niveles mínimos de capital y un manejo adecuado sobre los activos ponderados por riesgo. Este hecho constituyó el antecedente más contundente para la firma del Acuerdo de Capitales de Basilea de 1988. Sin embargo, el modelo que allí se planteó hizo crisis como consecuencia de la quiebra de instituciones financieras en países con estándares altos de regulación, la volatilidad de los mercados financieros internacionales, la crisis asiática, la recesión económica global y la globalización del sector. De manera que la tendencia actual propende por examinar de manera integral los riesgos con el fin de amortizar eventuales hechos adversos con un adecuado requerimiento de capital para disminuir el riesgo potencial al cual se encuentran expuestas todas las entidades financieras. Hoy en día el desafío más grande se ve representado en la cuantificación del riesgo de crédito y su relación con los nuevos requerimientos de capital establecidos por el Nuevo Acuerdo de Capital, conocido como Basilea II. Al respecto, la experiencia internacional ha demostrado que no es una tarea fácil y Colombia no es la excepción. Desde 1996, la Superintendencia Bancaria ha trabajado arduamente para desarrollar un marco normativo propicio para el buen desarrollo de una gestión profesional de los riesgos financieros, y las entidades financieras han estructurado sus equipos y áreas de riesgo para profundizar en la definición de procesos y metodologías de medición de los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestas. Sin embargo, los logros alcanzados no son suficientes y es necesario, entonces, reflexionar acerca de las debilidades del modelo con el fin de propender por el desarrollo de mejores prácticas de administración de riesgo que permitan preservar la estabilidad, solidez y eficiencia del sistema financiero colombiano, cuyo negocio es precisamente la asunción y transformación de riesgos. En este orden de ideas es forzoso avanzar en un esquema que considere la administración de riesgos como un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad de intermediación financiera, dentro del marco de las diferentes propuestas de regulación de Basilea II. Sobre este análisis se desarrolla el presente trabajo. El capitulo primero se dedica a los antecedentes normativos de la administración del riesgo financiero en Colombia y en el capitulo segundo se describirá y explicara el Nuevo Acuerdo de Capital. Los capítulos tercero y cuarto se ocupan de los aspectos críticos que presenta el Nuevo Acuerdo para el caso colombiano y del análisis de las normas que en materia de riesgos financieros se han desarrollado en nuestro país en aplicación del modelo de Basilea II. El capitulo quinto hace un estudio comparativo de las legislaciones que sobre el tema presentan algunos países del continente americano.
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    La adopción contenido y proyección social
    (1992-04) Giordanelli Duran, Daniel; Medina Pabón, Juan Enrique
    La adopción es una figura jurídica que a través del tiempo y de la evolución del derecho ha sufrido cambios conceptuales, aplicaciones disímiles, caracteres y repercusiones diferentes. Es de las instituciones más antiguas del derecho. Desde los más remotos documentos relativos a la normalización de la sociedad organizada, se tenía establecido ya el fenómeno de la adopción. Así, en la cultura babilónica, el Código de Hammurabi, obra que data de cuatro mil años de antigüedad, el monarca estableció la figura de la adopción y la reglamentó con delineamientos que son, en general, muy parecidos a los que se tienen adoptados en las legislaciones modernas que han acogido tal figura. La función u objeto mismo de la adopción ha tenido distintos efectos a través del tiempo y de las circunstancias. Por muchísimo tiempo tuvo un carácter aristocrático, de utilización de las clases privilegiadas, primero de la nobleza y luego del capital.
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    Embargo
    Los Afrocolombianos realidad jurídica y socio-política
    (2008) Caicedo Berdugo, Andrés; Rodríguez, Gloria Amparo; Yañez Gelvez, María Jimena
    El propósito de este trabajo es, no sólo la realización de un documento de análisis de la realidad jurídica de los Afrocolombianos, sino la creación de espacios, para la ampliación de estudios e investigaciones, que generen una conciencia crítica desde la academia, de las necesidades, la discriminación y desconocimiento de derechos que sufren las negritudes en Colombia. La necesidad de este avance, no sólo se hace imperiosa, por el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, sino también porque los AFROCOLOMBIANOS han sido y son, una parte esencial e importante en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural de Colombia. Una de las más grandes riquezas de Colombia se encuentra en su diversidad, por lo que la divulgación de los derechos de los negros, su efectiva implementación, es inaplazable para que estos se materialicen, así lograr la consecución de una sociedad con igualdad de oportunidades para los Afrocolombianos, donde se respete su cultura, no se discriminen, una sociedad con mayor justicia y equidad.
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    Acceso Abierto
    Agricultura urbana, adaptación emergente para aumentar la seguridad alimentaria en los hogares de Bogotá
    (2024-07-16) Escobar Pulido, Lorena; Londoño Toro, Beatriz Socorro
    El presente documento esta orientada sustentar el por qué la agricultura urbana merece una mejor visibilización como instrumento para mejorar la seguridad alimentaria en los hogares de Bogotá. Se presenta algunas piezas gráficas y dos episodios de podcasts sobre la importancia de la agricultura urbana.
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    Acceso Abierto
    Algoritmos y Silenciamiento Digital: invisibilización de los discursos minoritarios en la era tecnológica
    (2026-05-08) Velásquez Ramírez, Manuella; Cuevas Rivera, María Fernanda; Gaitán Bohorquez, Julio Cesar; Grupo de Investigación en Derechos Humanos
    El artículo aquí presentado, examinará y analizará el fenómeno relacionado entre el silenciamiento digital y algorítmico, propiciado por las plataformas tecnológicas masivas, y la sistemática invisibilización de discursos que provienen de comunidades que se han considerado históricamente marginadas y minoritarias. El objetivo es producir un punto de vista alterno, fundamentado en un juicioso análisis cualitativo, de cómo el contenido digital tiene un fuerte impacto en la represión y restricción del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad, cuyo origen parte de la base de la moderación algorítmica automatizada y controlada. La metodología utilizada fue la revisión de fuentes cualitativas, que a través de la revisión de documentos, estudio de jurisprudencia y casos empíricos, normativa internacional en materia de digitalización y derechos humanos, junto la revisión con informes de diferentes instituciones a nivel regional, nacional e internacional, visibilizan los casos en que los algoritmos ponen en tela de juicio a las minorías, teniendo una dinámica discriminatoria y represiva. Con ello, este artículo resalta entonces esa notoria tensión entre el mecanismo de control de masas, tal y como funciona a través de la digitalización de algoritmos, y las obligaciones de los poderes de los estados en proteger, humanizar y dignificar a todas las comunidades dentro de un modelo social. Gracias a este minucioso estudio, será posible confirmar la creación de un sesgo generacional creado a raíz de la estructura tecnológica que se implementa en la actualidad. Con ello, las grandes industrias tecnológicas son encargadas de introducirlos a la sociedad, produciendo sistemas algorítmicos que insertan en las comunidades minoritarias, una posición aún más desventajosa. Así, estos modelos propenden a suprimir cierto contenido, ocultarlo, desviarlo, haciendo que su visualización se torne escasa o, por el contrario, que su amplificación se dirija a un público que no muestra interés en este tipo de aspectos. El presente artículo no solo concluye con la evidencia de censura al discurso minoritario debido a la configuración del algoritmo, sino que también propone iniciativas regulatorias que deben incorporarse en las normativas vigentes. Este fenómeno, e incluyendo en general la creciente digitalización y rápida creación de nuevas tecnologías, debe encontrar su fuente en un sistema legislativo riguroso, dotado de transparencia algorítmica, permeado de responsabilidad y uso responsable de la información pero, sobre todo, que cuente con una inyección, no solo teórica sino también material, de estándares de derechos humanos y gobernanza algorítmica que sea capaz de tutelar de la manera más eficiente posible, la diversidad de voces en el entorno tecnológico.
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    Embargo
    Algunos aspectos de la responsabilidad civil médica
    (2005) Ramirez Becerra, José; Junco Gonzalez, Juan Carlos; Bernate Ochoa, Francisco
    En esta monografía centraremos nuestra investigación en aspectos del derecho médico tratando de precisar su noción, relacionándolo con las demás áreas jurídicas de nuestro derecho.
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    Acceso Abierto
    Alianzas para la Conservación: guía para la estructuración de proyectos ambientales que generen ingresos a los Gestores de Ecosistemas Mediante la inversión del sector privado
    (2022-06-28) Montoya Lara, Daniel; Tejeiro Gutiérrez, Guillermo; Blanco Redondo, Mauricio Enrique
    Este proyecto de grado brindará a los gestores de los ecosistemas los elementos suficientes para la estructuración de un proyecto ambiental (en adelante el “Proyecto”) que permita implementar actividades de conservación y restauración, al tiempo que seguir desarrollando las actividades económicas tradicionales como agricultura o ganadería. Además, esta guía permite al Sector Privado adquirir las herramientas suficientes para invertir en el Proyecto de manera segura, minimizando los riesgos de inversión y generando beneficios para su crecimiento y reputación empresarial o personal.
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    Embargo
    Alternativas para la prevención de conflictos ambientales asociados al turismo desde la planificación territorial
    (2022-03-22) Padilla Rivera, Diana Rocío; Londoño Toro, Beatriz Socorro
    En un escenario donde en Colombia cada vez toman mayor relevancia los conflictos ambientales a causa de actividades que han conllevado al deterioro de los ecosistemas y a la afectación principalmente de poblaciones vulnerables, el sector turístico no es ajeno a esta situación. El turismo se ha planteado como una industria dinamizadora de la economía, desde una visión de desarrollo de las regiones, sin embargo, poco se ha analizado desde una visión crítica sobre los efectos que provocan sobre las dinámicas ambientales y socioculturales de estos territorios. Y esto en efecto, se comienza a vislumbrar a partir de la aparición tímida de conflictos ambientales asociados a esta actividad, que han sido documentados de manera dispersa en la literatura. Con este trabajo se pretende dar una mirada sobre los factores estructurales de los conflictos ambientales detonados por el turismo, desde la planificación territorial, para plantear de un lado una crítica a la invisibilización de elementos como la noción de identidad cultural en los instrumentos de ordenamiento del territorio y por otra, el desarrollo del concepto de paisaje como una de las alternativas para prevenir los conflictos ambientales a causa del turismo, al integrar aspectos biofísicos y sociales dentro de la planificación.
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    Acceso Abierto
    Amigable composición: un contrato de mandato con doble representación
    (2020-05-19) Osorio Tibocha, María Ximena; Ternera Barrios, Francisco José
    El objeto del presente trabajo es el estudio de la figura jurídica de la amigable composición, institución que adquirió vida propia en nuestro ordenamiento jurídico, ya que como lo evidencia su origen y diversas legislaciones foráneas, se equiparaba con el arbitraje en equidad o ex aequo et bono. Para ello, se diferencia este mecanismo del arbitraje y la conciliación, teniendo en cuenta su carácter contractual, no jurisdiccional y la imposibilidad de encasillarlo dentro de los mecanismos autocompositivos o heterocompositivos, puesto que comparte características de ambos. Además, se evidencia su carácter de mandato, toda vez que después de hacer una exposición general de este contrato, se compara con la amigable composición y el resultado es que comparten el elemento esencial consistente en la realización de un negocio jurídico por cuenta y riesgo de otro. Empero, se puntualiza en que se trata de un mandato sui generis por la aplicación de varios regímenes y la doble representación que emerge de él, entendida como el deber que tiene el amigable componedor de velar por intereses contrapuestos en la transacción encargada en virtud del mandato.
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    Restringido
    La amigable posición en la contratación estatal
    (2006) Martínez Galvis, María Inés; Villa Hinojosa, Manuel
    Conforme nuestra Constitución Política, más exactamente en su artículo 116 , se desprende que por regla general, la función de Administrar Justicia se encuentra confiada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la justicia penal militar. El Congreso también ejerce determinadas funciones judiciales.
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    Restringido
    Amnistía e indulto en el proceso de paz colombiano frente a la corte penal internacional
    (2005) Melgarejo Arias, Marcela; Sánchez Sánchez Raúl Eduardo
    El vacío normativo jurisprudencial y doctrinal que existe para la aplicación de la amnistía e indulto en el proceso de paz colombiano frente a la competencia de la Corte Penal Internacional hace necesaria la realización de un estudio de la normatividad vigente en Colombia frente al Tratado de Roma
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    Acceso Abierto
    La ampliación de las medidas punitivas para las mujeres que cometen delitos relacionados con la etapa de distribución y comercialización del narcotráfico en Colombia
    (2022-09-12) Rodríguez Amórtegui, Laura Sofia; Correa Flórez, María Camila
    El narcotráfico ha sido por años, y a nivel internacional, un gran problema para la política criminal, debido a las graves consecuencias que acarrea a nivel social, económico y político. Mas allá de esto se observan consecuencias relacionadas directamente con la población femenina que sufre la presión de los dispositivos sexo-genéricos que permean las grandes redes de narcotráfico. Así las cosas, es importante hacer un análisis de las políticas a que haya lugar en el tratamiento de esta población, que lejos de ser un actor delictivo, debe ser analizada como población en condición de vulnerabilidad que con ocasión de su contexto se ve envuelta en la criminalidad que permite el crecimiento y subsistencia de grandes mafias. Una vez entendida la condición de vulnerabilidad de la mujer, es importante estudiar mecanismos alternativos que permitan a las mismas no solo cumplir con las condenas que en todo caso tienen lugar siempre que se incurre en conductas típicas, jurídicas y culpables, sino que además cumplan con los fines de la pena desde diversos mecanismos y no solo desde la pena intramurales, como se evidencia en la actualidad.
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    Acceso Abierto
    Análisis al tratamiento jurídico del contrato de Joint Venture en Colombia, con base en los laudos arbitrales emitidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
    (2024-09-30) Orduña Figueroa, Daniel Santiago; Munar Salgado, Angy Paola; Rodríguez Yong, Camilo Andrés
    En el presente artículo nos proponemos exponer el resultado del análisis a los diferentes laudos arbitrales emitidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá en los últimos 10 años. El análisis tiene como fin reflexionar sobre el tratamiento de los tribunales arbitrales frente al contrato de Joint Venture, advirtiendo las características y condiciones propias de este contrato; figura contractual que ha logrado ser beneficiosa en el marco de las relaciones jurídicas, al brindar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, resultando ser una herramienta valiosa para las empresas colombianas, la cual, presenta en el marco de su ejecución diferencias y controversias. Por ello, una investigación de los laudos arbitrales ofrece al lector una visión de la interpretación, efectividad y el tratamiento jurídico de este.
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    Acceso Abierto
    Análisis comparado de la regulación de la energía eólica marina en América Latina y el Caribe. Buscando alternativas para la diversificación de la matriz energética en Colombia
    (2022-03-22) Rojas Merchán, Cindy Milena; Maya Aguirre, Ana Lucía
    El objetivo del presente capítulo es el de comparar las regulaciones existentes de la energía eólica marina en América Latina y el Caribe, con el fin de buscar alternativas para la diversificación de la matriz energética en Colombia. El capítulo se encuentra dividido en cuatro partes: una primera parte, que contempla la metodología empleada para adelantar la investigación propuesta; una segunda parte que tiene como fin, conceptualizar al lector frente a lo que es la energía eólica marina y sus ventajas frente al desarrollo de otro tipo de energías obtenidas a partir de fuentes renovables; una tercera parte correspondiente al eje central del capítulo, en la cual se exponen los resultados obtenidos de la investigación adelantada frente a cada una de las regulaciones de los países de América Latina y el Caribe y, una parte final, en la cual se relacionan las conclusiones derivadas de la investigación.
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    Desconocido
    Análisis comparado del tratamiento a nivel nacional de las necesidades especiales de los menores en materia de reparación: especial atención a los sistemas nacionales de Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala y Perú
    (2025-05-12) Canizo, Andrés Felipe; Moyano Vacca, Laura; Molina Flórez, Mariana; Olasolo, Héctor; Clínica Jurídica Internacional
    Uno de los aspectos en los que las jurisdicciones nacionales han mostrado un desarrollo más visible en el marco de la justicia transicional ha sido en el diseño e implementación de medidas de reparación. Sin embargo, a pesar de los avances normativos alcanzados, muchas de estas medidas siguen construyéndose sobre una concepción generalizada de las víctimas, sin considerar adecuadamente las particularidades de ciertos grupos poblacionales que presentan condiciones especiales de vulnerabilidad. Entre ellos, los menores de edad, que incluyen a los niños, niñas y adolescentes (NNA), ocupan un lugar central porque los crímenes cometidos en el marco de conflictos armados o en contextos de violencia sistemática han demostrado impactarles de forma diferenciada, al interrumpir sus trayectorias de desarrollo vital, comprometer su salud física y mental, y afectar a largo plazo su acceso a derechos fundamentales como la educación, la identidad o el núcleo familiar. De esta manera, aunque dichas afectaciones han llevado al reconocimiento formal de los menores como categoría especialmente vulnerable, esto no siempre se ha materializado en medidas reparadoras ajustadas a sus necesidades reales y particulares. Es, por ello, que resulta fundamental analizar el alcance de las medidas adoptadas por las jurisdicciones nacionales en materia de reparación a los menores que son víctimas de crímenes internacionales. En este contexto, este trabajo realiza un análisis comparado de las políticas y programas implementados en seis países que han enfrentado episodios de violencia sistemática o conflictos armados internos: Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala y Perú. Para ello, se centra específicamente en cinco aspectos clave de las medidas de reparación: salud, educación y acceso laboral, compensación económica, medidas simbólicas y reparaciones de carácter colectivo. A partir del análisis de estas categorías, se busca identificar el alcance, las limitaciones estructurales y, en particular, la medida en que dichas medidas responden a un enfoque diferencial que tenga en cuenta las necesidades específicas de los menores. Esto no solo permite evaluar críticamente el impacto de las reparaciones diseñadas hasta el momento, sino que también ofrece insumos clave para reflexionar sobre los desafíos pendientes y las buenas prácticas que podrían replicarse en otros contextos. En última instancia, garantizar reparaciones efectivas y adaptadas para niños, niñas y adolescentes no es únicamente una obligación jurídica, sino también un imperativo ético y político en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sensibles al daño sufrido por quienes han vivido la violencia desde la infancia.