Pregrado en Jurisprudencia
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La aplicación del artículo 1525 del Código Civil a la ineficacia de pleno derecho: alcances, tensiones y efectos jurídicos(2025-12-01) Pineda Rodríguez, Mariana; Pájaro Moreno, Nicolás; Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del RosarioLa presente investigación versar sobre el alcance y aplicabilidad de la regla contenida en el artículo 1525 del Código Civil (el cual impide la repetición de lo pagado por causa u objeto ilícito a sabiendas) a aquellos actos contemplados en la ley como ineficaces de pleno derecho, cuando la causa de la misma corresponde a la contravención de una norma imperativa.Dentro del Código de Comercio de 1971, específicamente en el artículo 897, se encuentra una de las reproducciones en el ordenamiento jurídico colombiano de la formula pro non scripta, propia del derecho romano, a través de la cual, se priva de producir efectos jurídicos al acto o cláusula que contraría lo dispuesto en ciertas normas, impidiendo que estos nazcan a la vida jurídica, sin que para ello se requiera de declaración judicial. Esta figura recibe el nombre de ineficacia de pleno derecho y se suma a otras formas de invalidez del negocio jurídico contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano, entre las cuales se encuentra la nulidad (absoluta y relativa) y la inexistencia, todas ellas comprendidas dentro del concepto amplio y genérico de la “ineficacia del acto jurídico”. La ineficacia de pleno derecho pretende ser un mecanismo ágil dentro del mundo negocial, ya que no se requiere de una decisión judicial para que determinado acto o cláusula no produzca efectos en el mundo jurídico, sino que basta con la existencia de una disposición legal en la que se contemple que determinado acto o clausula no producirá efectos para que dicha sanción opere y se entienda que, entre las partes involucradas, dicho pacto nunca existió. Es así que el ordenamiento jurídico colombiano contiene numerosas disposiciones que establecen esta sanción, fundamentada en diversas causales. De manera que, en algunos casos, los supuestos de hecho que originan la ineficacia de pleno derecho constituyen, simultáneamente, causales propias de la existencia de otros vicios, tales como la nulidad. De ahí que haya quienes afirmen que la ineficacia de pleno derecho constituye, en el fondo, una nulidad del acto que recibe el tratamiento de inexistencia. Ahora bien, aunque dentro del artículo 897 del Código de Comercio se especifica que no se requerirá de declaración judicial para que opere la ineficacia de pleno derecho, esto no excluye la necesidad de intervención judicial en aquellas controversias que se derivan de la aplicación de dicha sanción, particularmente, aquellas relativas a los efectos prácticos de la ineficacia de pleno derecho, tales como la restitución de las partes al estado en que se encontraban antes de la celebración del acto. Dicha intervención judicial se hace necesaria considerando que en el estatuto mercantil el legislador no incluyó una regulación específica respecto a las consecuencias de la ineficacia de pleno derecho, cuestión especialmente relevante cuando la causa que origina la sanción corresponde a la violación de una norma imperativa (objeto ilícito). En dicho caso, cabría preguntarse si la regla contenida en el artículo 1525 del Código Civil, en virtud de la cual “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas” resulta aplicable. Por lo anterior, aun tratándose de una sanción liminar al acto jurídico, el tratamiento y desarrollo jurisprudencial de la figura de la ineficacia de pleno derecho constituye un aspecto fundamental para entender cómo ópera en la práctica dicha sanción y las secuelas que esta podría llegar a producir entre las partes, especialmente cuando dichos efectos sí se encuentran regulados para otras figuras, tales como la nulidad. En ese sentido, con la presente investigación se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la aplicación o inaplicación del artículo 1525 del Código Civil a los supuestos en los que se ha producido la ineficacia de pleno derecho del acto por una causa que, constituye, a su vez, una causal de nulidad del acto por objeto ilícito? - ÍtemAcceso AbiertoFragmentación de la gobernabilidad del pueblo arhuaco: intereses económicos y políticos en la Sierra Nevada de Gonawindua (2020-2025)(2025-10-30) Torres Torres, Dwirunney; Gaitán Bohórquez, Julio CésarEsta monografía analiza la fragmentación de la gobernabilidad del Pueblo Arhuaco (2020-2025) mediante un enfoque cualitativo jurídico y autoetnográfico. El objetivo es examinar cómo intereses económicos y políticos en la Sierra Nevada de Gonawindua indujeron la referida fragmentación, evidenciada tras la designación de Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador, luego de la cual se presentaron intentos de división territorial así como parálisis en la ejecución de recursos públicos. La metodología combina análisis de documentos de fuentes jurídicas, comunitarias y públicas, y autoetnografía crítica desde la experiencia del autor como miembro del pueblo arhuaco. Los resultados muestran que intervenciones estatales —en particular de la Corte Constitucional y el Ministerio del Interior—, campañas mediáticas y presiones privadas, vulneraron la autonomía indígena. La tesis que intenta sustentar este trabajo se refiere a que la fragmentación obedece a una estrategia deliberada para debilitar la organización arhuaca y facilitar el acceso al territorio ancestral.
- ÍtemAcceso AbiertoEntre la protesta y el terrorismo: crítica dogmática y procesal a la sentencia SP022-2025 de la Corte Suprema de Justicia(2025-11-18) Betancourth Montenegro, Alberto; Correa Flórez, María CamilaEl documento presenta un análisis crítico, tanto dogmático como procesal, de la sentencia SP022-2025 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la condena impuesta a Daneidy Barrera Rojas (“Epa Colombia”) por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y otros cargos derivados de los hechos ocurridos durante el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. En el plano dogmático, el estudio sostiene que la Corte realizó una interpretación extensiva e injustificada del concepto de “finalidad terrorista”, desconociendo los elementos estructurales del tipo penal del artículo 343 CP: idoneidad de los medios, gravedad del daño, capacidad de generar terror colectivo y propósito deliberado de intimidar a la población o al Estado. Con fundamento en doctrina especializada —incluyendo la crítica sobre la “inflación del concepto de terrorismo” (Fakhouri)—, el texto argumenta que los hechos constituyen vandalismo agravado, pero no terrorismo ni instigación a actos terroristas, pues no existió animus terroris ni medios capaces de causar estragos masivos. En materia procesal, se denuncia que el juez de conocimiento omitió el control material exigido por la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, especialmente frente a allanamientos en delitos de alta gravedad. La decisión habría validado un encuadre típico incompatible con los hechos aceptados, vulnerando el debido proceso, la tipicidad estricta y el papel del juez como garante. El documento resalta que esta omisión se vio agravada por deficiencias estructurales de la defensa pública, que no contó con tiempo ni herramientas para un contradictorio real. Asimismo, se expone el trasfondo político-criminal de la sentencia, la cual sería reflejo de una tendencia expansiva del derecho penal en contextos de protesta social, desplazando la función de última ratio y acercándose a un derecho penal del enemigo. Finalmente, se examina el posterior traslado de la condenada a una guarnición policial, señalando las tensiones de igualdad y motivación que esa decisión administrativa plantea dentro del sistema penitenciario. En suma, el documento concluye que la SP022-2025 evidencia una ruptura del equilibrio entre eficacia y garantía, comprometiendo la legalidad estricta, la proporcionalidad punitiva y la legitimidad del ius puniendi en un Estado Social de Derecho.
- ÍtemAcceso AbiertoLa estabilidad laboral reforzada ¿derecho incierto y discutible? Análisis jurisprudencial(2025-12-01) Archila Vargas, Juan Camilo; Barbosa Ramírez, David Hernando; Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del RosarioEl artículo realiza un análisis jurisprudencial sobre la estabilidad laboral reforzada, examinando si constituye una garantía de protección o un derecho incierto y discutible susceptible de transacción entre las partes. Se busca determinar si el trabajador puede renunciar a dicha protección a cambio de una compensación económica otorgada por el empleador.
- ÍtemAcceso AbiertoEstudio de sentencias de extinción de dominio en Colombia 2019 – 2021(2026-01-26) Bedoya Rodríguez, Alvaro Alejandro; Martínez Sánchez, Wilson AlejandroLa acción de extinción de dominio constituye en Colombia un mecanismo constitucional autónomo orientado a afectar bienes vinculados directa o indirectamente a actividades ilícitas o destinados a ellas. El presente trabajo desarrolla un análisis descriptivo y comparativo de las sentencias proferidas por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, con el propósito de identificar tendencias en materia de duración de los procesos, medidas cautelares, control de legalidad, delitos fuente, tipos de bienes afectados y sentido de la decisión. A partir del estudio sistemático de sentencias seleccionadas y del análisis de variables cuantitativas y cualitativas, se evidencian procesos con una duración estructuralmente prolongada, un uso frecuente de medidas cautelares sobre bienes inmuebles y una alta prevalencia del narcotráfico como delito fuente, aunque con una progresiva diversificación hacia otras formas de criminalidad económica, como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Asimismo, se observa que, si bien la mayoría de las decisiones confirman la extinción del derecho de dominio, existe un porcentaje significativo de sentencias que ordenan la devolución de bienes, lo que refleja un ejercicio real de control judicial en segunda instancia. El estudio permite concluir que, aunque la extinción de dominio se consolida como herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado, enfrenta desafíos estructurales relacionados con la duración procesal y la complejidad probatoria, aspectos que inciden directamente en la seguridad jurídica y en la efectividad del sistema.
