Maestría en Contratación Pública y su Gestión

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    Aplicación del mecanismo de financiación de crédito proveedor para obras públicas enmarcadas en el estatuto general de contratación de la administración pública
    (2025-11-05) Moreno Mier, Jennifer Catherine; Pérez Castillo, María Victoria; Villanueva Riascos, Álvaro Luis; Baquero, Alexandra
    Este trabajo analiza la viabilidad jurídica del crédito proveedor como mecanismo de financiación en la contratación estatal de obras públicas en Colombia, en el marco de la Ley 80 de 1993 y la normativa complementaria en materia presupuestal y de endeudamiento. A partir de un estudio normativo, doctrinal y jurisprudencial, se examinan las características de esta figura, su comparación con otras operaciones de crédito público y sus diferencias frente a las vigencias futuras. El análisis evidencia que, aunque el crédito proveedor constituye una herramienta reconocida por el ordenamiento jurídico y útil para facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura en entidades con restricciones fiscales, su aplicación práctica presenta serios riesgos. En particular, se identificó que algunas entidades territoriales adelantan procesos de selección sin contar con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), sustituyendo este requisito con ingresos futuros sujetos a pignoración, lo cual desconoce el principio de planeación contractual, genera riesgo de nulidad absoluta del contrato y puede configurar la conducta penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. A partir de casos empíricos y análisis doctrinal, se concluye que, con una adecuada interpretación normativa, soporte técnico y aplicación de criterios fiscales diferenciados, el crédito proveedor podría estructurarse de manera legal, segura y eficiente, constituyéndose en una alternativa válida de financiación para obras públicas, siempre que se respeten los principios rectores de la contratación estatal.
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    Fortalecimiento del control fiscal a la contratación pública distrital: “Integración de la auditoría forense en la Contraloría de Bogotá como respuesta a las deficiencias en la detección del daño patrimonial”
    (2025-10-06) Galindo Mancera, Ingrid Yobana; Jimenez Reyes, Maria Fernanda; Garavito Navarro, Yefrin Alexis
    La contratación pública distrital constituye uno de los escenarios más sensibles en la gestión de los recursos estatales, al concentrar elevados volúmenes de inversión y, en consecuencia, significativos riesgos de corrupción y detrimento patrimonial. La Contraloría de Bogotá D.C., como órgano de control fiscal territorial, enfrenta limitaciones para garantizar la eficacia de sus actuaciones, pues los mecanismos de auditoría tradicional se han mostrado insuficientes para identificar, documentar y sustentar el daño patrimonial. El estudio tuvo como propósito analizar cómo la Contraloría puede integrar la auditoría forense en sus procesos, con el fin de mejorar la trazabilidad probatoria y la seguridad jurídica en los procesos de responsabilidad fiscal. Para ello, se aplicó un enfoque cualitativo y comparado, que incluyó el análisis normativo de la Constitución, las leyes vigentes y los manuales de auditoría, complementado con la revisión de experiencias internacionales. Los resultados muestran que en 2019 el 84,39 % de los procesos de responsabilidad fiscal terminaron en archivo, debido a falencias probatorias como la ausencia de peritajes especializados, errores en la tipificación de hallazgos y vacíos en la cuantificación del daño, además, la inexistencia de laboratorios forenses y de perfiles especializados en la entidad. La investigación concluye que la auditoría forense es una herramienta imprescindible para robustecer el control fiscal, y propone un modelo estratégico de implementación progresiva basado en formación de competencias, proyectos piloto con protocolos de custodia digital y la creación de una Unidad de Auditoría Forense.
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    En el contrato de concesión No. 009 de 2015, celebrado bajo la modalidad de APP de iniciativa Pública, ¿el riesgo contractual referido a los “sitios inestables” corresponde a un riesgo previsible o no?
    (2024-11-19) Caballero Méndez, Carolina; García Suárez, Manuel Fernando; Zapata Luque, Daniel Felipe; Martínez Sierra, Omar Andrés
    El laudo objeto de análisis tiene el propósito de examinar la demanda arbitral presentada por el concesionario Concesión Transversal del Sisga S. A. S. (SISGA) en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con ocasión de la ejecución del contrato de Concesión No. 009 de 2015, Asociación Público-Privada de iniciativa pública de 4ª Generación. Entre las pretensiones de la demanda, el concesionario solicita la nulidad y/o ineficacia, según corresponda, de las cláusulas del contrato que le impusieron la obligación de intervención de los sitios inestables no identificados, que surgieran durante la ejecución del contrato. Para ello, se tiene en cuenta, que, i) en la matriz de riesgos se hizo una asignación deficiente del riesgo de sitios inestables, el cual se calificó como un riesgo constructivo, asignado en su totalidad al privado; y ii) en los estudios y documentos previos se señalaron solamente 57 sitios inestables por intervenir en actividades de rehabilitación, mientras que, durante la ejecución del contrato, surgieron más de 170 sitios inestables, lo que implicó un desequilibrio económico para el concesionario. En este trabajo, se analiza si el riesgo contractual de “sitios inestables” es imprevisible o no, con fundamento en la ley, los documentos CONPES, la jurisprudencia y la doctrina.
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    Factores determinantes para la eficacia de la función preventiva de la Procuraduría General en licitaciones públicas desde el 2020 al 2024
    (2024-09-24) Vargas Méndez, Ana María; Marín Barreiro, Daniela; Parra Benítez, Julián David
    La Función Preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación está diseñada para identificar, anticipar y mitigar riesgos de malas prácticas de la administración pública, mediante el acompañamiento y la vigilancia en las etapas de planeación, adjudicación y ejecución de los procesos contractuales, materializada a través de la emisión de conceptos preventivos, alertas tempranas y recomendaciones que las decisiones de las entidades contratantes estén acorde a derecho. Sin embargo, la eficacia de esta función ha sido cuestionada por los oferentes en el proceso de adjudicación de la licitación pública, por considerarla tardía e insuficiente. Por lo tanto, este proyecto busca individualizar los factores sociales y económicos que pueden determinar la eficacia de la Función Preventiva en los procesos de licitación pública en Colombia, abordando el concepto de “Eficacia” como principio constitucional que fundamenta la función administrativa en Colombia. (Art. 209 CN).
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    Impacto de la implementación del Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y su modificatorio, para promover la participación de la mujer en la ejecución de los contratos de interventoría de obra de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá D.C.
    (2024-09-12) Calderón Quintero, María Patricia; Rodríguez Huertas, Iván Camilo; Ruiz Cabrales, Rafael Simón; Castilla Acosta, Daniel
    Mediante el presente estudio se quiere determinar el impacto de la implementación del Decreto 332 de 2020 y su modificatorio, en los contratos de interventoría de obra de infraestructura vial en el Distrito Capital. Por lo tanto, esta investigación, iniciará con un análisis exhaustivo respecto al Decreto 332 de 2020, mediante el cual se establecen las medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital contextualizada con los conceptos de equidad de género en el mundo, en Colombia, y en el sector de la Contratación Estatal, en especial en el sector de la infraestructura., reforzado el alcance de los principios Ruggie y del libro verde de la contratación de la Unión Europea. Esto como un justificante para abordar la problemática de inequidad en Bogotá, reflejada en los datos proporcionados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, los cuales fueron utilizados como base para la expedición del Decreto 332 de 2020 y el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el mismo. De acuerdo a lo anterior, se indica que el Decreto ha contribuido al aumento de diez puntos porcentuales de la participación de la mujer en cargos del distrito en el sector de la infraestructura, y esto sirve también, para ir acorde a políticas establecidas en otras partes del mundo; donde Europa, lidera los esfuerzos que se realizan en materia de contratación estatal respecto a la participación de la mujer, y es por medio del Libro Verde de la contratación que la UE quiere establecer políticas públicas para garantizar una selección de servicios y personas de una manera equitativa, elevando el compromiso a las empresas privadas y reconocerles la Responsabilidad Social Empresarial RSE. Es por lo expuesto anteriormente que al plantear y verificar este cumplimiento de la normativa distrital, puntualmente en los contratos de interventoría de construcción de proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá, por medio de consultas directas realizadas a diferentes instituciones gubernamentales del distrito, entre ellas las Alcaldías Locales del Distrito, la Secretaria Distrital de la Mujer, la Secretaria Jurídica del Distrito, y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se evidenció en primera medida la carencia de información exacta del número de mujeres incorporadas a de procesos de selección en el Distrito Capital, y , segundo la problemática puntual para garantizar la equidad de género en las políticas públicas del Distrito. Aunque varias de estas instituciones no respondieron a las consultas elevadas, de la información remitida, se pudieron obtener ciertos datos en los que indican que si se está dando cumplimiento en los porcentajes indicados por el Decreto 332 de 2020. Para ello, se propone que estas herramientas para alcanzar determinados porcentajes de cumplimiento de mujeres en el contrato estatal, como la inclusión de cláusulas en los pliegos de condiciones, se eleve a toda la Nación, y se aumente el porcentaje de cumplimiento, a la vez, que este pueda ser un requisito habilitante para la participación de los diversos proponentes en los procesos de compra y venta de bienes, servicios y obras, que involucre las instituciones públicas, para que estas, garanticen su cumplimiento con evaluación periódica de sus resultados.