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La imprescriptibilidad de las acciones de reparación derivadas de crímenes atroces: un análisis crítico del caso colombiano desde el diálogo judicial y el concepto de convencionalidad

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dc.contributor.advisorCalero Tafur, María Andrea
dc.creatorMontoya Quintero, Juan Manuel
dc.creator.degreeMagíster en Derecho Administrativo
dc.creator.degreeLevelMaestría
dc.creator.degreetypeFull time
dc.date.accessioned2023-08-08T17:09:36Z
dc.date.available2023-08-08T17:09:36Z
dc.date.created2023-07-31
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dc.descriptionMediante la Sentencia de 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa por daños derivados de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto que pueda comprometer la responsabilidad patrimonial al Estado, en el sentido de que, en los eventos mencionados, resulta exigible el término legal de dos (2) años para demandar, el cual se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado en la producción del hecho dañoso, salvo que se encuentren en situaciones que impidan materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción. Esta postura fue reiterada en Sentencia de Unificación SU-312 de 2020, proferida por la Corte Constitucional. La regla acogida por los Tribunales Nacionales no se armoniza con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con la interpretación que de ellos efectúa la Corte IDH, por cuanto desconoce el estándar de imprescriptibilidad de las acciones de reparación derivadas de crímenes atroces, el cual se justifica en la obligación del Estado de reparar por la naturaleza de los hechos, y no depende por ello del tipo de acción judicial que se intente, tal y como se sostuvo en los casos Órdenes Guerra y Otros vs. Chile y Familia Julien Grisonas vs. Argentina. Esta tensión entre el derecho interno y los instrumentos convencionales de protección de derechos humanos revela la inobservancia, por parte del Estado colombiano, de obligaciones internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y supone, de suyo, el debilitamiento del diálogo ante la renuencia de los operadores nacionales en actuar, simultáneamente, como jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Además, redunda en la menor garantía de los derechos de las víctimas de crímenes atroces a la verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición, al tiempo que cercena el derecho de acceso a la administración de justicia.
dc.description.abstractThe Judgment of January 29, 2020, by the Plenary Chamber of the Third Section of the Council of State, served to unify jurisprudence on the statute of limitations for direct claims seeking damages arising from crimes against humanity, war crimes, and any other matter that may involve State liability. The ruling established a two-year statute of limitations for initiating lawsuits in these specific cases, which begins the moment the affected parties become aware or should have become aware of the State's involvement in the harmful act. However, exceptions may be considered when the plaintiff can demonstrate justifiable circumstances that prevented the timely exercise of their right to legal action. This position was reaffirmed in Unified Judgment SU-312 of 2020 by the Constitutional Court. The rule adopted by the National Courts deviates from the rights to judicial guarantees and judicial protection enshrined in the American Convention on Human Rights. Additionally, it stands in contradiction to the interpretation given by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR). This dissonance arises from the courts’ failure to acknowledge the non-prescriptibility standard concerning actions for reparation arising from atrocious crimes. This standard is grounded in the State's obligation to provide reparation, considering the nature of these heinous acts. Importantly, the obligation is not dependent on the type of judicial action pursued, as demonstrated in the previous cases such as Órdenes Guerra and Others vs. Chile, and the Julien Grisonas Family vs. Argentina, which confirmed the applicability of the non-prescriptibility principle. This tension between domestic law and human rights protection instruments exposes the failure of the Colombian State to fulfil its international obligations, which are integral to the constitutional framework. Furthermore, it leads to a weakening of inter-judicial dialogue, as national operators are reluctant to navigate their roles as both judges of constitutionality and conventionality. Consequently, this situation undermines essential guarantees for the rights of victims, such as truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition. Additionally, it severely impedes the fundamental right of access to justice for those seeking accountability and redress.
dc.format.extent247 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_40299
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/40299
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Jurisprudenciaspa
dc.publisher.programMaestría en Derecho Administrativospa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto de 5 de septiembre de 2016, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. No. 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto de 30 de marzo de 2017, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Rad. No. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. n.° 32988.
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata. Rad. No. 25000-23-36-000-2018-00109-01.
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dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto de 13 de mayo de 2015, C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. No. 18001 23 33 000 2014 00072 01 (51576).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto de 10 de febrero de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. No. 050012333000201500934 01 (AG).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto del 7 de diciembre de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. No. 57448.
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz, Expediente No. 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 10 de diciembre de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. No. 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528). Actor: Miller Andrés Rodríguez
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 12 de febrero de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-00747-01.
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dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29 de enero de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00031-00.
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia de 8 de junio de 2017. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Rad. No. 730012331000200800076-01.
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dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 29 de septiembre de 2022, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. No. 11001-03-15-000-2022-02229-00 (AC).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 3 de noviembre de 2022, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-11153-01 (AC).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto del 15 de febrero de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. No. 050012333000201600774 01 (60194).
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto del 11 de mayo de 2017, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. No. 25000233600020160131401.
dc.source.bibliographicCitationConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto del 26 de julio de 2017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 25000233600020160130701.
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectCaducidad
dc.subjectReparación directa
dc.subjectCrímenes atroces
dc.subjectImprescriptibilidad de las acciones de reparación
dc.subjectDiálogo judicial
dc.subjectControl de convencionalidad
dc.subject.keywordStatute of limitations
dc.subject.keywordReparation actions
dc.subject.keywordAtrocity crimes
dc.subject.keywordNon-prescriptibility standard
dc.subject.keywordInter-judicial dialogue
dc.subject.keywordControl of conventionality
dc.titleLa imprescriptibilidad de las acciones de reparación derivadas de crímenes atroces: un análisis crítico del caso colombiano desde el diálogo judicial y el concepto de convencionalidad
dc.title.TranslatedTitleThe imprescriptibility of reparation actions arising from atrocious crimes: a critical analysis of the Colombian case through judicial dialogue and the concept of conventionality
dc.typemasterThesis
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