Maestría en Derecho Penal
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Operaciones encubiertas y límites constitucionales: criterios de distinción entre agente encubierto y agente provocador en el proceso penal(2025-09-26) LLanos Salguero, Yazmín Constanza; Cadena Molano, AlejandroEl artículo tiene como eje central clarificar los criterios que permitan distinguir la actuación legítima del agente encubierto frente a la intervención ilícita del agente provocador, considerando su regulación normativa, las interpretaciones jurisprudenciales a nivel nacional y derecho comparado con España, Estados Unidos y Tribunal Europeo de Derecho Humano y analisis de doctrina especializada, y las consecuencias probatorias que conlleva las actuaciones irregulares. Se ilustra los hallazgos principales fruto de la investigacion cualitativa con enfoque documental y juridico-dogmático, el analisis frente a la distinción entre agente encubierto y provocador me llevó a establece el impacto en el debido proceso y la prueba, a señalar tres criterios de diferenciación como propuesta y finalmente el aporte académico y profesional a los jueces, fiscales y abogados litigantes en el derecho penal. - ÍtemAcceso AbiertoPrincipio de oportunidad y violencia intrafamiliar: omisiones del sistema penal frente a los derechos de las mujeres(2025-09-03) Giraldo Moncada, Clara Alejandra; Bernate Ochoa, Francisco; Luna Hernández, María HelenaEl presente artículo analiza la aplicación del principio de oportunidad en su modalidad de suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa en casos de violencia intrafamiliar, particularmente, al tratarse de la mujer como víctima. En el contexto colombiano, esta figura procesal ha venido en aumento como terminación anticipada promovida por la Fiscalía General de la Nación. No obstante, en muchos casos, su aplicación contraría los mandatos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que exige su implementación conforme a la política criminal del Estado, así como a los compromisos internacionales del bloque de constitucionalidad orientados a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta reflexión se construye a partir de un enfoque cualitativo-jurídico, basado en el análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal. Con apoyo en lo anterior, se advertirá que el consentimiento de la víctima puede estar mediado por dinámicas de subordinación económica, emocional o psicológica que distorsionan el verdadero alcance de la reparación. Además, se cuestiona el efectivo control administrativo y judicial de esta figura, lo que impide un pronunciamiento de las altas cortes sobre su constitucionalidad o legalidad. Así pues, ese observa el incremento de revictimización a las mujeres y el desconocimiento de los límites legales para la justicia restaurativa. Lo anterior, demanda una revisión rigurosa en la implementación de esta figura de terminación anticipada por parte de cada actor en el proceso penal colombiano.
- ÍtemAcceso AbiertoEl principio de oportunidad en Colombia: herramienta eficaz contra la macrocriminalidad o riesgo de impunidad selectiva(2020-09-24) Solarte Bastidas, Daniel Santiago; Bernate Ochoa, FranciscoEl principio de oportunidad, se postula como un instrumento útil para racionalizar acciones penales, con el fin de facilitar la colaboración judicial en Colombia, pues, esta finalidad solo se ha logrado parcialmente, con mucha tensión entre la eficacia procesal por un lado y el respeto a las garantías judiciales por el otro. Por consiguiente, este articulo desarrolla como objetivo general analizar la aplicación del principio de oportunidad en el sistema penal acusatorio colombiano como una herramienta procesal para el combate de la macrocriminalidad, evaluando su eficacia, limitaciones, y su impacto en la garantía de derechos fundamentales y la legitimidad del sistema de justicia penal. Por ende, bajo una metodología cualitativa, se realizó un análisis documental (normativo, jurisprudencial y doctrinal). En conclusión, el principio de oportunidad es una herramienta válida y necesaria para abordar delitos complejos. Sin embargo, para que tenga algún efecto, debe ir acompañado de reformas normativas, mayor transparencia, control judicial estricto e instituciones más fuertes.
- ÍtemAcceso AbiertoEl control de legalidad probatoria: tratamiento y exclusión de la prueba ilegal e ilícita en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el sistema penal acusatorio colombiano(2024-09-24) Amador Perilla, Javier Camilo; Lozano Rodríguez, Magaly; Cadena Molano, Henry AlejandroEl estudio se centra en el contexto de la temática del tratamiento de las pruebas ilícitas e ilegales en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en Colombia. La investigación busca aportar al conocimiento jurídico, destacando que, si bien la fase preliminar no es el escenario natural para la exclusión de pruebas, el juez de garantías sí puede declararlas "inutilizables" para fundamentar su decisión. Para ello, se utilizó un método de análisis dogmático y jurisprudencial, revisando la Constitución Política de Colombia, el Código de Procedimiento Penal y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Los principales resultados indican una distinción clave entre prueba ilícita (violación de derechos fundamentales) e ilegal (incumplimiento de requisitos para recaudo, consecución, aducción o práctica), cada una con consecuencias diferentes. Se concluye que, aunque la exclusión formal de la prueba solo procede en etapas posteriores, el juez de garantías tiene la facultad de inutilizar la evidencia viciada, garantizando así el debido proceso y los derechos del procesado durante la imposición de una medida de aseguramiento. Esta es una implicación relevante para el sistema penal, asegurando que la eventual intervención de derechos fundamentales del procesado o de terceros no se realice a costa de las garantías constitucionales.
- ÍtemAcceso AbiertoTrato diferencial de las personas investigadas en el proceso penal bajo los parámetros de la ley 1908 de 2018 en Colombia y la ley de enjuiciamiento criminal en España(2026-03-04) Torres Reyes, Juan Camilo; Bernate Ochoa, Francisco; Caparrós, Eduardo Fabián; Martínez Sánchez, Wilson AlejandroEn el presente trabajo se planteó como objetivo general analizar el trato diferencial de las personas investigadas en el proceso penal bajo los parámetros de la ley 1908 de 2018 en Colombia (creada para perseguir a grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados) y la ley de enjuiciamiento criminal en España. Objetivo general. Analizar comparativamente el tratamiento del principio de igualdad en el proceso penal colombiano y español, con especial atención a las medidas de aseguramiento previstas en la Ley 1908 de 2018 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de determinar su compatibilidad con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. Objetivos específicos. - Delimitar el concepto de igualdad en el proceso penal según la legislación colombiana, española y organismos internacionales. - Analizar la regulación colombiana del principio de igualdad en la Constitución, la Ley 906 de 2004 y la Ley 1908 de 2018, así como la jurisprudencia relevante. - Estudiar la prevención del terrorismo y organizaciones criminales para los organismos internacionales. - Realizar un análisis comparado entre Colombia y España sobre la aplicación de medidas de aseguramiento frente a organizaciones criminales y terroristas. - Identificar los requisitos para imponer medida de aseguramiento a las personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley en Colombia. Metodología. El presente trabajo adopta un enfoque de investigación jurídico–cualitativo, basado en el método dogmático y comparado. En primer lugar, se realiza un análisis normativo y jurisprudencial de la legislación colombiana (Constitución, Ley 906 de 2004 y Ley 1908 de 2018), así como de la legislación española (Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal). Se incluyen además pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Supremo. En segundo lugar, se emplea el método comparado, identificando semejanzas y diferencias en el tratamiento de los sujetos procesales en Colombia y España, especialmente en lo relativo a la aplicación de medidas de aseguramiento. Como fuentes primarias se utilizan las normas jurídicas vigentes; como fuentes secundarias, la jurisprudencia nacional e internacional (Corte IDH y tribunales europeos); y como fuentes terciarias, la doctrina especializada (autores nacionales y extranjeros en derecho penal y procesal). El criterio de selección de la Ley 1908 de 2018 radica en que constituye la norma más relevante en Colombia para la regulación de grupos armados organizados y del crimen organizado. Por su parte, la elección de España responde a que su modelo procesal ha servido históricamente como referente comparado en América Latina y porque ofrece un contraste valioso en el uso de medidas cautelares frente a fenómenos como el terrorismo. El alcance del estudio se limita a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y su relación con el principio de igualdad.
- ÍtemAcceso AbiertoProyecto de Ley como modalidad de trabajo de grado. Por medio del cual se adiciona el artículo 188 de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones(2025-10-21) Gil Clavijo, Ana Maria; Rojas Rodríguez, NataliaEl trabajo es un proyecto de ley que busca subsanar los vacíos legales dentro del delito de tráfico de migrantes y todo lo que esto conlleva, en cuanto al reconocimiento el traficado y al estado colombiano como víctima la importancia de la cooperación internacional y la organización institucional para desarticular las redes criminales a nivel internacional. Todo ello acogiendo los parámetros internacionales y de la política criminal actual de este fenómeno.
- ÍtemAcceso AbiertoLa responsabilidad penal corporativa por el delito ambiental: fundamentos para una implementación legislativa en Colombia(2025-09-03) Mogollón Reina, Eduardo; Londoño Rosas, William Alexander; Bernate Ochoa, FranciscoEl trabajo titulado “La responsabilidad penal corporativa por el delito ambiental: fundamentos para una implementación legislativa en Colombia”, elaborado por Eduardo Mogollón Reina y William Londoño R., desarrolla un análisis jurídico, criminológico y de política criminal orientado a establecer un régimen penal para las personas jurídicas en materia ambiental. Parte del reconocimiento de que los mayores daños ecológicos provienen de decisiones empresariales estructurales, lo cual evidencia la insuficiencia del modelo penal tradicional centrado en las personas naturales. A partir de la doctrina de la criminología verde y del concepto de defecto de organización, el estudio plantea que la culpabilidad de la empresa surge del incumplimiento de deberes de dirección, supervisión y control. Examina los antecedentes normativos y jurisprudenciales —en especial la Sentencia C-843 de 1999 y la Ley 2111 de 2021—, destacando que, aunque Colombia ha avanzado en la protección penal del medio ambiente, aún carece de un régimen penal corporativo autónomo y garantista. La investigación propone un modelo legislativo integral que articule sanciones proporcionales, programas de cumplimiento (compliance) y procedimientos adecuados para imputar responsabilidad a las organizaciones. Su objetivo es fortalecer la gobernanza ambiental, prevenir daños ecológicos sistémicos y armonizar la tutela penal con los principios de sostenibilidad, justicia ambiental y legalidad.
- ÍtemEmbargoLa incorporación de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los condicionamientos de extradición de ciudadanos colombianos solicitados por la República Bolivariana de Venezuela ante las graves violaciones a los derechos humanos desde el 28 de julio de 2024(2026-05-19) Álvarez Villadiego, María José; Beltrán Valdés, Jesika Tatiana; López Mosquera, Heidy Paola; Medina Rico, RicardoEste artículo estudia las exigencias derivadas de los estándares del Sistema Interamericano de derechos Humanos que deben incorporarse como condicionamientos reforzados en los conceptos de extradición de ciudadanos colombianos solicitados por la República Bolivariana de Venezuela, y los mecanismos de vigilancia internacional que pueden diseñarse para garantizar su cumplimiento a fin de prevenir vulneraciones a los derechos humanos. Lo anterior, advirtiendo la crisis de derechos humanos que enfrenta ese país por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas, restricciones a la libertad, malos tratos y, en algunos casos, actos de tortura, crueles o inhumanos, como medidas del régimen para perpetuarse en el poder. Para alcanzar el objeto, este articulo se divide en varias partes destinadas a i) estudiar la naturaleza jurídica de la extradición y los actuales condicionamientos de la Corte Suprema de Justicia para la emisión de su concepto favorable o desfavorable; ii) describir la situación político, social y judicial de la República Bolivariana de Venezuela; iii) identificar los principales estándares en materia de protección de derechos humanos previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pueden verse afectados con la extradición de ciudadanos colombianos a Venezuela; y iv) proponer instrumentos y medidas de vigilancia que garanticen la protección de derechos fundamentales de estas personas.
- ÍtemAcceso AbiertoLa Sentencia SU-220 de 2024 y sus implicaciones en el sistema penal colombiano: análisis crítico desde el garantismo constitucional(2025-09-24) Erazo Rivera, Jimmy Raúl; Díaz Ortega, Marlon Fernando; Bernate Ochoa, FranciscoEste artículo examina, con enfoque práctico, cómo aplicar el estándar de la SU-220 de 2024 para decidir sobre la captura inmediata al anunciar el sentido del fallo o al suscribir la sentencia. El problema es claro: evitar automatismos cuando la libertad personal es la regla y solo cabe restringirla con razones actuales, individualizadas y verificables. Para ello, se propone una metodología sencilla y replicable en audiencia y en la sentencia escrita: seleccionar los hechos relevantes del expediente; precisar el riesgo concreto (evasión, obstrucción o incumplimiento) con evidencia contemporánea; comparar alternativas menos gravosas y explicar por qué no bastan; y ponderar necesidad y proporcionalidad antes de resolver. El artículo convierte esa secuencia en práctica mediante minutas por módulos, un checklist de verificación, registro audiovisual íntegro, indexación de soportes y un tablero mínimo de métricas para seguimiento. Asimismo, dialoga con estándares internacionales que exigen razones “relevantes y suficientes” y un examen honesto de sustitutos, e incorpora el telón de fondo penitenciario para desalentar restricciones innecesarias. La conclusión es operativa: si el fin procesal puede alcanzarse sin privación, no procede capturar; si no, la medida se justifica con argumentos claros, trazables y controlables. Así, el estándar deja de ser plantilla y se convierte en rutina de calidad que mejora la escritura judicial y la toma de decisiones.
- ÍtemAcceso AbiertoGrooming: una problemática jurídico-social ignorada por la legislación colombiana(2025-09-24) González Martínez, Camila; Escobar Beltrán, Samuel Augusto; Bertnate Ochoa, FranciscoLa violencia sexual es una práctica que se ha evidenciado de manera contundente en nuestra sociedad, histórica y actual. Con la llegada de la tecnología sólo se han ampliado los espacios en los cuales se puede ejercer esa violencia, y que, además, favorecen los escenarios para que conductas como el grooming se presenten. Si bien se pudiera decir que no es nuevo, lo que sí es novedad, es el uso del medio en el cual se desarrolla la conducta y, además, la publicidad que puede tener al darle atención mediática. El grooming es un fenómeno que ha tomado mucha relevancia, en este se busca inducir a prácticas sexuales a menores por medio de vínculos de confianza que entabla el perpetrador con el sujeto pasivo. La finalidad de dicha conducta puede tener fines de explotación comercial o netamente personales. En el presente estudio se analiza cómo esta situación se desarrolla en la sociedad, y de qué manera esta práctica se puede tomar como la antesala de la violencia sexual. Se pretende comprobar lo anteriormente expuesto a través del análisis desde la criminología, jurisprudencia y estudio de los tipos penales en otros países. Por último, se plantea la posible tipificación dentro del ordenamiento jurídico colombiano, planteando una propuesta legislativa acorde a la política criminal, el cumplimiento de los intereses nacionales y las obligaciones internacionales.
- ÍtemAcceso Abierto¿Y si no es posible reconocer responsabilidad? La Fuerza Pública en el Macrocaso 03 ante la JEP(2026-06-03) Mayo Gómez, Manuela; Bayona, MaiteCada vez es más difícil ignorar el impacto social, jurídico y político de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia: una disruptiva de lo que tradicionalmente se conoce como justicia. En ese sentido, y con el objetivo de desarrollar una opción de grado que permitiera poner en práctica los saberes, en especial, aprender y deconstruir sobre el concepto de justicia punitiva y derecho penal que en la academia se imparte, se optó por realizar las pasantías en la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARVR) de la mencionada entidad, encargada del Macro Caso 03 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado”. La JEP, creada a partir del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las antiguas Farc-EP, constituye la única jurisdicción autónoma y preferente en Colombia encargada de investigar, esclarecer y sancionar las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado interno antes del 1 de diciembre de 2016 (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 144) dentro de este modelo, la SARVR adelanta los procesos respecto de comparecientes que no reconocen verdad o responsabilidad mediante una ruta adversarial transicional. A partir de las actividades desarrolladas durante la práctica, este trabajo expone la estructura orgánica de la entidad, las funciones desempeñadas en el despacho y plantea una reflexión crítica sobre el fenómeno del no reconocimiento de verdad por parte de miembros de la Fuerza Pública. Para ello, se acude a teorías de la psicología y del derecho penal probatorio, con el fin de evidenciar que dichas resistencias no necesariamente responden a una decisión individual. En ese sentido, se plantea que estas tensiones representan un desafío positivo para la JEP, al permitir ampliar la comprensión de las dinámicas del conflicto y fortalecer las garantías de no repetición.
- ÍtemEmbargoProyecto de Ley para adicionar los artículos 324A a la Ley 906 de 2004 y 175A a la Ley 1098 de 2006 y establecer reglas especiales para la aplicación del principio de oportunidad a personas instrumentalizadas por estructuras de criminalidad organizada(2026-06-03) Bueno Angulo, Yanir; Cavazos Guajardo Solís, AlonsoEste proyecto de ley propone la creación del artículo 324A de la Ley 906/2004 y del artículo 175A de la Ley 1098/2006 para otorgar un tratamiento diferenciado a personas instrumentalizadas por estructuras de criminalidad organizada. Introduce reglas especiales para la aplicación del principio de oportunidad, suspende la expulsión de extranjeros mientras colaboran con la justicia y crea medidas de protección y coordinación interinstitucional, garantizando los derechos de las víctimas.
- ÍtemAcceso AbiertoLos actos neutros en el giro ordinario de la profesión de abogado como criterio de exclusión de responsabilidad penal en Colombia(2026-04-06) Alviar Romero, Nicolas Eduardo; Bernate Ochoa, FranciscoEste trabajo analiza si los actos típicamente profesionales desarrollados por el profesional en derecho, en ejercicio de la abogacía y dentro del giro ordinario de su profesión, pueden por sí mismos excluir la responsabilidad penal bajo el ordenamiento jurídico colombiano actual. Este texto se desarrolla mediante una metodología cualitativa de carácter dogmático, normativo y jurisprudencial, con apoyo principal en fuentes oficiales: Constitución Política, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Disciplinario del Abogado y providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras. En diálogo crítico con la doctrina contemporánea sobre conductas neutrales —en particular, los aportes de Wolfgang Wohlers, Ricardo Robles Planas, Sacramento Ruiz Bosch y Juan Camilo Blandón Espinosa—, la tesis sostiene que los actos neutros del abogado no constituyen una causal legal autónoma de ausencia de responsabilidad, pero sí pueden analizarse como un criterio dogmático de exclusión cuando la conducta permanece dentro del rol profesional, no crea ni incrementa un riesgo jurídicamente desaprobado, el resultado proviene de la decisión autónoma del tercero y no concurre acuerdo previo o concomitante, coincidencia finalística o aporte esencial al plan criminal. A partir del análisis de la jurisprudencia sobre responsabilidad objetiva, imputación objetiva, principio de confianza, prohibición de regreso, instrumentalización, teoría de dominio del hecho en particular sobre complicidad y coautoría impropia, se concluye que la sola relación de causalidad entre la actuación del abogado y el delito ajeno no basta para imputar coautoría o participación. La neutralidad se pierde únicamente cuando el profesional desborda los límites funcionales de su actividad y convierte su actuación en un instrumento consciente de favorecimiento típicamente relevante. Este ensayo también analiza las sentencias SP8759-2016, SP153-2017, SP8053-2017, SP153-2019, SP823-2021, SP3218-2021, SP3754-2022, SP3790-2022, SP3218-2023, SP481-2023 y SP1991-2025, entre otras, que permiten precisar la valoración ex ante del comportamiento profesional, los límites del principio de confianza y la importancia del ámbito de competencia funcional en la imputación penal de actuaciones típicamente profesionales. Esta investigación incorpora, además, un estudio de caso sobre la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 5 de marzo de 2026 en el proceso seguido contra Diego Javier Cadena Ramírez, con el propósito de contrastar la propuesta dogmática con un caso vigente y especialmente ilustrativo para delimitar cuándo la actuación del abogado conserva su neutralidad y cuándo la pierde.
- ÍtemAcceso AbiertoLa efectividad del SECOP II en la prevención y detección del peculado en contratos de obra pública en Colombia(2026-08-06) Palomá Rodríguez, Nicolás Orlando; Bernate Ochoa, Francisco; Largacha Torres, DanielLa contratación pública constituye uno de los ámbitos institucionales con mayor exposición a riesgos de corrupción y afectación del patrimonio estatal, especialmente en la ejecución de obras públicas, debido a su complejidad técnica, cuantía y multiplicidad de actuaciones administrativas, financieras y jurídicas. En Colombia, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) se ha consolidado como una herramienta orientada a fortalecer la transparencia, el acceso a la información contractual y los mecanismos de control institucional y ciudadano. En este contexto, el presente artículo analiza la efectividad del SECOP II en la prevención y detección del peculado en contratos de obra pública en Colombia, con el propósito de aportar al estudio de la gobernanza pública digital, la gestión contractual y la protección del patrimonio público. La investigación adopta una metodología dogmático-empírica que combina el análisis normativo del delito de peculado y de los principios aplicables a la contratación estatal, con el estudio comparado de veintiséis providencias judiciales proferidas por la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Bogotá y Medellín. Los hallazgos permiten identificar patrones asociados con deficiencias en la trazabilidad contractual, debilidades en la supervisión, modificaciones contractuales insuficientemente controladas, manejo irregular de anticipos y ausencia de información relevante en etapas críticas de ejecución. Como principal implicación, se evidencia que la publicidad formal de datos no siempre garantiza transparencia material ni control oportuno de riesgos penales. Se concluye que el SECOP II requiere mejoras orientadas a la interoperabilidad institucional, el seguimiento de la ejecución contractual y la generación de alertas preventivas para fortalecer la protección de los recursos públicos.
- ÍtemAcceso AbiertoLegitimidad, interés y límites para recurrir en casación penal las sentencias que se profieren por vía de la terminación anticipada del proceso como resultado del allanamiento o preacuerdos(2026-07-19) Pabón Castaño, Germán; Barceló Camacho, José LuisEl objetivo general del artículo fue determinar el alcance del Principio de legitimidad e interés jurídico para recurrir en casación penal las sentencias anticipadas derivadas de allanamiento o de preacuerdos. Me propuse seis objetivos específicos: Primero, precisar el concepto de legitimidad e interés jurídico para recurrir en casación; Segundo, establecer los alcances del Principio de No Retractación del allanamiento y los preacuerdos; Tercero, diferenciar las restricciones —y sus excepciones— al interés jurídico para apelar y formular censuras a la sentencia anticipada; Cuarto, explicar las restricciones para formular cargos por errores de hecho, es decir, por violación indirecta de la ley sustancial; Quinto, explicar por qué no existe restricción cuando la sentencia anticipada se sustenta en pruebas ilegales o ilícitas; y Sexto, sistematizar los errores sustanciales y de estructura que habilitan la censura en casación penal de sentencias anticipadas, por violación de garantías fundamentales.
- ÍtemAcceso AbiertoAllanamiento a cargos sin beneficios en el sistema penal acusatorio colombiano: ¿incoherencia dogmática o venganza social?(2026-08-04) Palacios Mosquera, Jorge Mario; Perdomo Bautista, Sebastián; Gómez Jaramillo, AlejandroEl presente artículo tiene como objetivo analizar el allanamiento a cargos que no genera beneficios punitivos en el sistema penal acusatorio colombiano, con el fin de determinar si su restricción es compatible con la lógica estructural de nuestro modelo acusatorio y adversarial, o si es una respuesta de las dinámicas sociales. Para lograrlo, se empleará una metodología cualitativa con enfoque dogmático y hermenéutico basado en el estudio sistemático de la normatividad penal y procesal aplicable, particularmente la ley 906 de 2006 y la ley 1098 de 2006, así como en el análisis doctrinal especializado y jurisprudencial de orden constitucional y penal sobre el allanamiento a cargos, justicia premial, preacuerdos y negociaciones, principio de legalidad, favorabilidad y debido proceso. Los hallazgos evidencian que la ausencia de efectos jurídicos claros y favorables frente al reconocimiento de responsabilidad es contrario a la racionalidad funcional del allanamiento como un mecanismo de terminación anticipada de los procesos, al permitir una renuncia sustancial al derecho a la defensa sin una contraprestación que se traduzca en beneficios punitivos, alterando de esta manera los pilares de celeridad, eficiencia y economía procesal. Asimismo, identificamos que la equiparación entre allanamiento y figuras como los preacuerdos o negociaciones, puede generar fricción con principios constitucionales fundamentales, particularmente cuando se presentan restricciones de beneficios sin prohibición legal expresa. El estudio permite comprender de qué manera la pérdida de incentivos impacta la funcionalidad del sistema y su coherencia. Se concluye que el allanamiento a cargos, para conservar su legitimidad requiere una relación entre la aceptación de cargos y la obtención de beneficios jurídicos, so pena de desnaturalizar su esencia.
