Militares y Guerrillas
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La serie "Qué dijo la Comisión" busca profundizar y analizar los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia. A partir de las afirmaciones que se recogen a lo largo de los distintos volúmenes, se presenta una breve discusión y reflexión dirigida a proponer debates y discusión general. Este proyecto valora el trabajo y el informe de la Comisión como un aporte histórico cuyo legado puede ser mantenido vigente en tanto pueda ser objeto de revisión y discusión por el conjunto de la sociedad.
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Examinando Militares y Guerrillas por Autor "Peralta González, Laly Catalina"
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Episodio 15: ¿Qué dijo la Comisión? Guerrillas en los años 60(2024-06-04) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEl episodio del informe de la Comisión de la Verdad aborda la época del Frente Nacional y la emergencia de guerrillas durante ese período. Se señala que la guerra insurgente y contra insurgente comenzó durante el Frente Nacional, destacando que muchas guerrillas surgidas en este tiempo optaron por combinar vías políticas con armadas, manteniéndose en la arena política a través de movimientos sociales. Esto se convirtió en una excusa para la represión estatal. El presidente Alberto Lleras Camargo prometió apoyo militar y jurídico a las fuerzas militares para enfrentar el problema de las guerrillas, a cambio de que estas no interfirieran en política. En los años 60, en plena Guerra Fría, varios colombianos viajaron a países comunistas para entrenarse como guerrilleros, generando preocupación en Estados Unidos y el gobierno colombiano. El informe destaca el caso de Jacobo Prias Alape, alias "Charro Negro", quien se desmovilizó, pero no entregó sus armas. Tras un conflicto con otro exguerrillero, fue asesinado, lo que llevó a Manuel Marulanda, alias "Tirofijo", a rearmarse y reactivar su grupo en 1960. A partir de entonces, Marulanda fue considerado el enemigo público número uno. El partido comunista aprobó la combinación de todas las formas de lucha, incluida la armada, aunque desde los años 50 ya había guerrillas comunistas activas. El informe también menciona la aparición de otras guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como el surgimiento posterior del M-19 y la Autodefensa Obrera. Estos antecedentes son esenciales para comprender la aparición de grupos armados contrainsurgentes y la respuesta militar, temas que se tratarán en el siguiente capítulo. - ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 1: ¿Qué dijo la Comisión? Impactos del conflicto(2024-02-24) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl informe de la Comisión de la Verdad comienza analizando los impactos del conflicto en Colombia, incluyendo la naturalización de la violencia, la deshumanización y la polarización política y social. Se destaca el impacto en la salud mental, tanto en las víctimas como en la sociedad en general, incluyendo combatientes de grupos ilegales y del Estado. Se debate si el trauma colectivo es la suma de traumas individuales o si requiere un enfoque adicional para reconstruir la confianza y el tejido social. Se aborda el concepto de resistencia de la sociedad civil frente a la persistencia del conflicto, destacando cómo la población civil ha sido la mayor víctima de la guerra en Colombia. Se mencionan ejemplos de comunidades que han desarrollado estrategias para resistir la violencia armada. Se señala que en la política pública no se reconoce el concepto de resistencia, lo cual lleva a que las fuerzas armadas interpreten las estrategias de resistencia como una pérdida de soberanía. Se introduce el concepto de memorias defensivas, utilizadas por grupos armados para justificar su responsabilidad en el conflicto. Se plantea la pregunta sobre cómo estas memorias defensivas encajan en una verdad incluyente, que busca abarcar todos los relatos sobre el conflicto, incluso aquellos que niegan los hechos del pasado.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 2: ¿Qué dijo la Comisión? Democracia y conflicto(2024-02-27) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEn esta edición se destaca la violencia inherente a la democracia en Colombia, utilizando un término acuñado por Francisco Gutiérrez. Se resalta cómo la guerra ha erosionado el clima de la controversia pública, llevando a la confusión entre el contradictor ideológico o político y un enemigo. Se argumenta que el problema del conflicto radica en las instituciones y el sistema, atribuyendo responsabilidad tanto a los partidos como a las instituciones. Se menciona la exclusión generada por el Frente Nacional, lo que llevó a la búsqueda de representación en proyectos políticos de izquierda, tanto civiles como militares. Los actores armados son identificados, con énfasis en la responsabilidad de las guerrillas por rechazar reformas democráticas y optar por la toma del poder por la fuerza. Se destaca la complejidad del conflicto, con múltiples actores, pero se enfatiza la responsabilidad principal del Estado. Se señala la coexistencia de dos órdenes en los territorios disputados durante el conflicto, donde la guerrilla tenía control económico. Se menciona el reconocimiento explícito del conflicto armado por parte del gobierno Santos y su paso adelante en la búsqueda de responsabilidad estatal en violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se reconoce la persistencia de la violencia estatal y se plantea el desafío de lograr una democracia no violenta. Finalmente, se destaca la importancia de no reducir al contradictor político a la figura del enemigo, abogando por un diálogo activo para construir democracia. Se critica la visión dura del informe hacia gobiernos pasados y se insta a reconocer lo positivo en el proceso de mejora de las condiciones para las víctimas en el territorio.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 3: ¿Qué dijo la Comisión? Violaciones al DIH y DDHH(2024-03-05) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEste capítulo aborda las violaciones a los derechos humanos y cita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Corte Penal Internacional (CPI) para destacar que hasta 2018 se registraron 450,000 muertes relacionadas con el conflicto, de las cuales el 80-90% afectó a civiles. En cuanto a responsabilidad, se atribuye el 45% a paramilitares, el 27% a guerrillas y el 12% a agentes del Estado. Además, se mencionan cifras alarmantes como 121,000 desaparecidos, 16,000 menores reclutados y 8 millones de desplazados. El informe destaca historias particulares que ilustran el horror vivido, como la cita de un trabajador asesinado frente a sus compañeros. Se analiza la responsabilidad del Estado, señalando omisión de acción, afectaciones a civiles y existencia de paramilitares y guerrillas. Se critica la preferencia por lo militar sobre la protección civil y la falta de freno a la violencia masiva. Se resalta que durante el gobierno de Álvaro Uribe se registraron 6,000 ejecuciones extrajudiciales, con el 75% de los casos ocurriendo en su mandato. También se mencionan detenciones masivas en gobiernos anteriores. Se destaca la paradoja de que el aumento de falsos positivos coincidió con un descenso de violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2010. Se plantea la responsabilidad de civiles en colaboración con grupos armados y se critica la falta de acción de la justicia frente a estos casos. La JEP es reconocida por avanzar en investigaciones sobre terceros civiles, aunque enfrenta obstáculos. Se reconoce la existencia continua del conflicto armado después de 2016, con diversos grupos actuando contra la población civil y obstaculizando procesos de paz. Se discute el concepto de paramilitarismo y su ingreso a la JEP, así como la responsabilidad de los terceros civiles en apoyo a estos grupos. En resumen, se plantea la complejidad de la responsabilidad en el conflicto armado colombiano, involucrando a diferentes actores y desafíos en el proceso de justicia y reconciliación.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 4: ¿Qué dijo la Comisión? Guerrillas(2024-03-11) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosPara este episodio, se aborda la responsabilidad de las guerrillas en el conflicto armado en Colombia, señalando que su existencia se debe a decisiones de usar armas y a causas objetivas como el modelo económico y la falta de democracia participativa. Destaca seis hallazgos importantes: los objetivos políticos y militares de las guerrillas, su búsqueda de salida negociada al conflicto, el control violento sobre la población civil, su infiltración en movimientos sociales y la izquierda legal, el uso del poder armado para influir en la política y la exacerbación de los problemas estructurales del país debido a la guerra. También menciona que los guerrilleros fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y torturas. En la discusión se resalta el rol de las disidencias guerrilleras, que amenazan la esperanza de paz tras el acuerdo de La Habana y aumentan la preocupación por nuevos ciclos de violencia. Se mencionan diversas acciones violentas de las guerrillas, como ataques a poblaciones, uso de minas antipersona y nexos con el narcotráfico. Se destaca la vinculación de las guerrillas con la minería ilegal y el narcotráfico, así como su control sobre la población civil. En esta edición también se critica la estigmatización de las guerrillas y atribuye las masacres y afectaciones a la población civil a la violencia estatal, no a la infiltración guerrillera. Se menciona la persecución sufrida por la Unión Patriótica y se refuta la idea de que el partido comunista fuera el brazo político de las guerrillas. Se advierte que los avances logrados con el acuerdo de paz están en riesgo debido a incumplimientos estatales, hostilidad mediática y resistencia local a las reformas propuestas.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 5: ¿Qué dijo la Comisión? Paramilitares(2024-03-18) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEn esta edición se analiza la responsabilidad de los paramilitares en el conflicto armado colombiano, identificándolos como los principales violadores de derechos humanos y del DIH, siendo responsables de la muerte de 140,000 personas y una serie de crímenes atroces como asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, violencia sexual, secuestros y reclutamiento de menores. En el debate se describe el paramilitarismo a través de tres características principales: actor armado ofensivo y defensivo, ejércitos privados y coalición de intereses económicos, políticos y militares. Se señala que el paramilitarismo, entendido como apoyo civil a las fuerzas militares, fue legal durante un período significativo, lo que permitió su crecimiento y consolidación. A lo largo de las décadas, el paramilitarismo se convirtió en una fuerza ligada al narcotráfico y una herramienta para proyectos de cooptación estatal y control territorial, dando lugar a fenómenos como la parapolítica y la paraeconomía. Los hosts destacan que el proceso de desmovilización de los paramilitares no ha desarticulado por completo esta coalición, ya que persisten las alianzas y la vinculación con políticos, empresarios y militares. Se subraya la responsabilidad tanto individual como institucional y colectiva en el fenómeno paramilitar, incluyendo a civiles, agentes del Estado, miembros de la fuerza pública y empresarios. Además, se advierte sobre la continuación del paramilitarismo en la sociedad actual, alimentado por la proliferación de armas, la legitimación social y política, la persistencia del narcotráfico, la banalización de la violencia y el fracaso en la reintegración de excombatientes. Se critica la falta de investigación y condena a empresarios implicados, así como la ausencia de verdad para las víctimas del conflicto.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 6: ¿Qué dijo la Comisión? Narcotráfico(2024-04-01) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl tomo de hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad dedica una sección a la responsabilidad del narcotráfico. Se destaca que todos los actores involucrados en el conflicto armado, directa o indirectamente, han mantenido relaciones con el narcotráfico. La comisión resalta la correlación entre los cultivos de coca y diversos delitos, como asesinatos, desplazamientos, masacres y violencia sexual. Además, se menciona la relación entre el narcotráfico y el despojo de tierras, donde los narcotraficantes se apropiaron de tierras despojadas a campesinos, legalizándolas posteriormente. Se señala que tanto paramilitares como guerrillas tuvieron empresas fachada para lavar dinero del narcotráfico. Los narcotraficantes también tienen presencia en élites políticas y económicas del país. En cuanto a las fuerzas militares, este análisis destaca que se les delegó no solo la lucha contra el narcotráfico, sino también la defensa de las fronteras y la gestión del conflicto armado interno. Sin embargo, se señala que también hubo relaciones entre las fuerzas militares y el narcotráfico para enriquecerse. Las Convivir, organizaciones legales destinadas a apoyar a la fuerza pública, también estuvieron relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Sobre las elecciones democráticas en Colombia, se menciona que ha habido sospechas de financiamiento por parte del narcotráfico desde la década de 1970, con evidencia concreta en elecciones posteriores. Respecto al M-19, no se detalla su relación con el narcotráfico, y la comisión absuelve al grupo en el tema del Palacio de Justicia. En cuanto a las comunidades campesinas, se explica que el narcotráfico brinda acceso a mayores recursos económicos, pero también los expone a agresiones y persecuciones. Estados Unidos es mencionado como un protagonista de la guerra antidrogas, pero la comisión declara que esta guerra ha fracasado, ya que, a pesar de los esfuerzos, la producción de coca sigue representando un porcentaje significativo del PIB colombiano.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 7: ¿Qué dijo la Comisión? Responsabilidad de las FFMM(2024-04-08) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEn esta edición se examina la responsabilidad de las fuerzas militares en la victimización de la población civil, destacando que esta situación no solo se debe a la acción de los grupos armados, sino también al modelo de seguridad del Estado. Este modelo, presente desde el Frente Nacional en 1958, se caracteriza por la autonomía militar en el conflicto armado, el concepto de enemigo interno, la militarización, la limitación de derechos y el uso excesivo del estado de excepción. Además, critica la doctrina de "buscar y destruir" de la fuerza pública y aboga por abandonar la idea del enemigo interno. Se destaca la importancia de proteger a las personas sobre la seguridad de la riqueza y las empresas, así como la necesidad de separar la policía de las fuerzas militares. El informe señala momentos de resistencia militar a decisiones civiles, como la oposición al proceso de paz de Belisario Betancur y la retoma del Palacio de Justicia en 1985. En este análisis se critica la persecución de civiles por parte de las fuerzas armadas y organismos de seguridad, así como el papel del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto. Por último, se sostiene que la responsabilidad es institucional y sugiere que la colaboración civil con la fuerza pública debería ser discutible en una democracia. Por último, cuestiona la estrategia de fortalecimiento militar en los años 90 y destaca la necesidad de incluir elementos civiles en las negociaciones de paz.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 8: ¿Qué dijo la Comisión? Los jueces(2024-04-15) Ugarriza Uribe, Juan Esteban ; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl informe de la Comisión de la Verdad aborda la responsabilidad de la justicia en Colombia en relación con la persistencia de la violencia en el país. Se destaca la ausencia de justicia como un factor clave que alimenta la violencia, citando la impunidad y el miedo a denunciar como problemas fundamentales. Se señala que la justicia ha sido constantemente objeto de intentos de neutralización, tanto por individuos como por grupos específicos. En cuanto a los crímenes, se menciona la falta de atribución de responsabilidades, especialmente en casos como desapariciones forzadas y reclutamiento de menores. Aunque se reconocen algunos avances en la atribución de responsabilidades, como en casos de secuestros, se señalan problemas como el fraccionamiento de los procesos judiciales y obstáculos para la extradición. El informe también denuncia la interferencia en el trabajo de las fiscalías, incluyendo amenazas y complicidades de altos mandos militares. Se menciona la cooptación de la fiscalía por parte del paramilitarismo durante la administración de Luis Camilo Osorio. Además, se critican los resultados de la jurisdicción de justicia y paz, aunque se reconocen algunos aportes a la verdad. Se destacan casos específicos de victimización de operadores judiciales, como el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla, y se menciona la vulnerabilidad de las instalaciones judiciales frente a ataques de grupos armados. La Comisión critica el uso del estado de excepción y el estatuto de seguridad por parte del gobierno, así como la militarización de la justicia, argumentando que esto ha conducido al desconocimiento del debido proceso. Se enfatiza la importancia de investigaciones serias y diligentes para avanzar hacia la paz en Colombia, así como la oposición al uso de la justicia penal militar para juzgar a civiles.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 9: ¿Qué dijo la Comisión? Los partidos políticos(2024-04-22) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEsta edición aborda la relación entre el conflicto armado y el campesinado en Colombia. Destaca cómo la violencia está vinculada a un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso del territorio. Se menciona el acaparamiento improductivo de tierras por parte de familias dominantes y cómo el desplazamiento forzado ha transformado la colonización rural en urbana, permitiendo que grupos armados coopten poderes locales. Se describen los fenómenos de colonización agraria desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, incluida la propuesta de reforma agraria del frente nacional en la década de 1950, que fracasó debido a la fragmentación partidista y la resistencia de terratenientes regionales. Además, se señala la afectación ecológica de la ocupación de tierras y la firma del pacto de chicoral en la década de 1970, que aumentó las barreras para el acceso a la tierra para los campesinos. Se resalta la acción violenta del Estado contra movilizaciones y organizaciones sociales, atribuyendo la responsabilidad de esta violencia no solo a paramilitares, sino también a servidores públicos, ejército y policía. Se mencionan hitos de movilización campesina en los años 90 y se señala la responsabilidad del narcotráfico en la creación de campesinado ilícito. Finalmente, se documentan casos de aprovechamiento económico de tierras despojadas, que han generado diversas agendas productivas y transformaciones socioeconómicas en el campesinado.
