Militares y Guerrillas
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La serie "Qué dijo la Comisión" busca profundizar y analizar los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia. A partir de las afirmaciones que se recogen a lo largo de los distintos volúmenes, se presenta una breve discusión y reflexión dirigida a proponer debates y discusión general. Este proyecto valora el trabajo y el informe de la Comisión como un aporte histórico cuyo legado puede ser mantenido vigente en tanto pueda ser objeto de revisión y discusión por el conjunto de la sociedad.
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- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 9: ¿Qué dijo la Comisión? Los partidos políticos(2024-04-22) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEsta edición aborda la relación entre el conflicto armado y el campesinado en Colombia. Destaca cómo la violencia está vinculada a un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso del territorio. Se menciona el acaparamiento improductivo de tierras por parte de familias dominantes y cómo el desplazamiento forzado ha transformado la colonización rural en urbana, permitiendo que grupos armados coopten poderes locales. Se describen los fenómenos de colonización agraria desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, incluida la propuesta de reforma agraria del frente nacional en la década de 1950, que fracasó debido a la fragmentación partidista y la resistencia de terratenientes regionales. Además, se señala la afectación ecológica de la ocupación de tierras y la firma del pacto de chicoral en la década de 1970, que aumentó las barreras para el acceso a la tierra para los campesinos. Se resalta la acción violenta del Estado contra movilizaciones y organizaciones sociales, atribuyendo la responsabilidad de esta violencia no solo a paramilitares, sino también a servidores públicos, ejército y policía. Se mencionan hitos de movilización campesina en los años 90 y se señala la responsabilidad del narcotráfico en la creación de campesinado ilícito. Finalmente, se documentan casos de aprovechamiento económico de tierras despojadas, que han generado diversas agendas productivas y transformaciones socioeconómicas en el campesinado.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 10: ¿Qué dijo la Comisión? Responsabilidad de la cultura(2024-04-29) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEn esta edición se profundiza en el exhaustivo análisis del informe de la Comisión de la Verdad, enfocándose en la intrincada relación entre el conflicto armado y la idiosincrasia colombiana. Se resalta cómo el conflicto ha impregnado la sociedad colombiana a lo largo de los siglos, alimentando y siendo influenciado por una cultura arraigada en la exclusión de diversos grupos étnicos, campesinos y disidentes. Se plantea la insuficiencia de la legislación y la institucionalidad por sí solas para abordar estas problemáticas, subrayando la necesidad de transformaciones en los valores y comportamientos arraigados en la cultura del país. Además, se cuestiona la falta de movilización social frente a los agravios y muertes causadas por el conflicto, así como la pasividad e indiferencia hacia la violencia. Se critica la estigmatización de aquellos que votaron en contra de ciertos acuerdos de paz, sugiriendo que pueden existir razones válidas para tal decisión. El informe también examina las herencias históricas del colonialismo, como el sistema de jerarquías y castas que promovió el racismo y el clasismo, generando desconfianza hacia identidades y comportamientos diferentes a los socialmente aceptados. Se destaca cómo los discursos políticos y morales, así como los prejuicios, han alimentado y justificado la guerra en Colombia. En lo que respecta a la violencia, se detalla cómo esta se ha manifestado de manera específica en cada uno de los grupos armados, incluyendo formas de violencia sexual y violencia reproductiva utilizadas como tácticas de guerra. Se señala la instrumentalización de ciertos grupos, como la población LGBTQ+, en el conflicto armado, así como la normalización de la acción por mano propia y el desprecio por la vida por parte de los actores armados. Finalmente, se examina cómo las figuras del narcotráfico han transformado la cultura campesina, promoviendo una cultura apacible, noble y sencilla, afectada por las ambiciones propias de esta actividad ilícita. Se concluye resaltando la necesidad de abordar integralmente estas problemáticas para lograr una paz duradera en Colombia.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 1: ¿Qué dijo la Comisión? Impactos del conflicto(2024-02-24) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl informe de la Comisión de la Verdad comienza analizando los impactos del conflicto en Colombia, incluyendo la naturalización de la violencia, la deshumanización y la polarización política y social. Se destaca el impacto en la salud mental, tanto en las víctimas como en la sociedad en general, incluyendo combatientes de grupos ilegales y del Estado. Se debate si el trauma colectivo es la suma de traumas individuales o si requiere un enfoque adicional para reconstruir la confianza y el tejido social. Se aborda el concepto de resistencia de la sociedad civil frente a la persistencia del conflicto, destacando cómo la población civil ha sido la mayor víctima de la guerra en Colombia. Se mencionan ejemplos de comunidades que han desarrollado estrategias para resistir la violencia armada. Se señala que en la política pública no se reconoce el concepto de resistencia, lo cual lleva a que las fuerzas armadas interpreten las estrategias de resistencia como una pérdida de soberanía. Se introduce el concepto de memorias defensivas, utilizadas por grupos armados para justificar su responsabilidad en el conflicto. Se plantea la pregunta sobre cómo estas memorias defensivas encajan en una verdad incluyente, que busca abarcar todos los relatos sobre el conflicto, incluso aquellos que niegan los hechos del pasado.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 16: ¿Qué dijo la Comisión? Origen del paramilitarismo(2024-06-11) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly CatalinaEl episodio detalla el surgimiento y evolución del paramilitarismo en Colombia, partiendo de una serie de contextos políticos y sociales. Comienza con el gobierno de Guillermo León Valencia y su decreto en 1965 (3398), que autorizaba el armamento de civiles para defenderse de las guerrillas. Esta medida se convirtió en ley en 1968, respaldada tanto por la Corte Suprema como por el Congreso, lo que sentó las bases legales para la creación de grupos armados civiles. El informe de la Comisión de la Verdad menciona un manual militar de 1969 que detalla la organización de la población civil para colaborar con las fuerzas militares, sin que el término "paramilitar" tuviera entonces connotaciones negativas. Estas juntas de autodefensa local estaban bajo el mando de unidades militares y tenían como objetivo principal repeler ataques guerrilleros en sus regiones, pero también realizaban otras actividades, como labores de vigilancia y patrullaje. Se destaca la reacción de las FARC ante esta estrategia, buscando también el apoyo de la población civil y compitiendo por su lealtad con el ejército. En documentos de las FARC de 1968 se evidencia su preocupación por la influencia del ejército en las comunidades locales y la necesidad de contrarrestarla. El episodio menciona el surgimiento del grupo "Muerte a Secuestradores" (MAS), financiado por el Cartel de Medellín, como un punto de inflexión en la historia del paramilitarismo en Colombia. Inicialmente creado para rescatar a familiares secuestrados por guerrillas, este grupo se convirtió en una fuerza paramilitar que cometió numerosas violaciones de derechos humanos, marcando el inicio de una espiral de violencia en el país. El informe también aborda la evolución del paramilitarismo en los años siguientes, su crecimiento y la forma en que se convirtió en un instrumento de venganza y represión contra opositores políticos y líderes sociales. Su expansión coincidió con momentos de negociación de paz entre el gobierno y grupos guerrilleros en los años 80, lo que plantea interrogantes sobre las complejidades del conflicto armado en Colombia y la relación entre el paramilitarismo y los procesos de paz.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 5: ¿Qué dijo la Comisión? Paramilitares(2024-03-18) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEn esta edición se analiza la responsabilidad de los paramilitares en el conflicto armado colombiano, identificándolos como los principales violadores de derechos humanos y del DIH, siendo responsables de la muerte de 140,000 personas y una serie de crímenes atroces como asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, violencia sexual, secuestros y reclutamiento de menores. En el debate se describe el paramilitarismo a través de tres características principales: actor armado ofensivo y defensivo, ejércitos privados y coalición de intereses económicos, políticos y militares. Se señala que el paramilitarismo, entendido como apoyo civil a las fuerzas militares, fue legal durante un período significativo, lo que permitió su crecimiento y consolidación. A lo largo de las décadas, el paramilitarismo se convirtió en una fuerza ligada al narcotráfico y una herramienta para proyectos de cooptación estatal y control territorial, dando lugar a fenómenos como la parapolítica y la paraeconomía. Los hosts destacan que el proceso de desmovilización de los paramilitares no ha desarticulado por completo esta coalición, ya que persisten las alianzas y la vinculación con políticos, empresarios y militares. Se subraya la responsabilidad tanto individual como institucional y colectiva en el fenómeno paramilitar, incluyendo a civiles, agentes del Estado, miembros de la fuerza pública y empresarios. Además, se advierte sobre la continuación del paramilitarismo en la sociedad actual, alimentado por la proliferación de armas, la legitimación social y política, la persistencia del narcotráfico, la banalización de la violencia y el fracaso en la reintegración de excombatientes. Se critica la falta de investigación y condena a empresarios implicados, así como la ausencia de verdad para las víctimas del conflicto.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 4: ¿Qué dijo la Comisión? Guerrillas(2024-03-11) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosPara este episodio, se aborda la responsabilidad de las guerrillas en el conflicto armado en Colombia, señalando que su existencia se debe a decisiones de usar armas y a causas objetivas como el modelo económico y la falta de democracia participativa. Destaca seis hallazgos importantes: los objetivos políticos y militares de las guerrillas, su búsqueda de salida negociada al conflicto, el control violento sobre la población civil, su infiltración en movimientos sociales y la izquierda legal, el uso del poder armado para influir en la política y la exacerbación de los problemas estructurales del país debido a la guerra. También menciona que los guerrilleros fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y torturas. En la discusión se resalta el rol de las disidencias guerrilleras, que amenazan la esperanza de paz tras el acuerdo de La Habana y aumentan la preocupación por nuevos ciclos de violencia. Se mencionan diversas acciones violentas de las guerrillas, como ataques a poblaciones, uso de minas antipersona y nexos con el narcotráfico. Se destaca la vinculación de las guerrillas con la minería ilegal y el narcotráfico, así como su control sobre la población civil. En esta edición también se critica la estigmatización de las guerrillas y atribuye las masacres y afectaciones a la población civil a la violencia estatal, no a la infiltración guerrillera. Se menciona la persecución sufrida por la Unión Patriótica y se refuta la idea de que el partido comunista fuera el brazo político de las guerrillas. Se advierte que los avances logrados con el acuerdo de paz están en riesgo debido a incumplimientos estatales, hostilidad mediática y resistencia local a las reformas propuestas.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 12: ¿Qué dijo la Comisión? Comunismo en Colombia(2024-05-14) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly CatalinaEl episodio aborda la discusión sobre el inicio del conflicto armado en Colombia, destacando que la decisión de dónde comenzar la historia es crucial debido a los diferentes actores involucrados. Se mencionan varios puntos de inicio posibles, desde 1920 hasta 1958, cada uno con diferentes interpretaciones y consecuencias. Se señala que, históricamente, se ha favorecido la idea de que el conflicto comenzó en 1964, pero hay otras versiones que se remontan a décadas anteriores. El episodio destaca el contexto internacional de la época, donde los partidos políticos se alinearon con los intereses de Estados Unidos debido al temor al comunismo, y cómo esto influyó en la percepción y acciones de los diferentes grupos en Colombia. Se mencionan eventos clave, como la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926, la masacre de las bananeras en 1928, y el asesinato de Gaitán en 1948, todos los cuales contribuyeron al aumento de la violencia y la radicalización política. También se discute la militarización del conflicto por parte del Partido Comunista en 1947 y la formación de guerrillas comunistas en 1949. La Comisión de la Verdad plantea la necesidad de cuestionar la narrativa tradicional del conflicto como un enfrentamiento bipartidista, ya que desde antes del Frente Nacional en 1958, la guerra ya tenía características de insurgencia y contrainsurgencia. Finalmente, se sugiere que la decisión de la Comisión de la Verdad de ubicar el inicio del conflicto en 1958 puede ser un intento de atribuir la responsabilidad principal a liberales y conservadores, excluyendo al Partido Comunista.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 13: ¿Qué dijo la Comisión? La Violencia(2024-05-20) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl episodio aborda la historia de Colombia desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, destacando los periodos de guerra y los acontecimientos clave que marcaron el país. Se mencionan los 11 conflictos armados en el siglo XIX y el periodo entre guerras que siguió a la Guerra de los Mil Días, con énfasis en la Masacre de las Bananeras en 1928 y el intento de insurrección del Partido Socialista Revolucionario en 1929. La llegada de los liberales al poder en 1930 marca un cambio significativo, con reformas sociales y económicas, aunque la redistribución de tierras no fue efectiva, lo que generó tensiones agrarias. La influencia del Partido Comunista se destaca, así como la creciente violencia política entre liberales y conservadores, que se intensifica con el golpe militar fallido contra el presidente López en 1944 y el retorno de los conservadores al poder en los años 40. El asesinato de Gaitán en 1948 desencadena una guerra civil entre los partidos, con asesinatos políticos, masacres y desapariciones. La dictadura civil se instala con el cierre del Congreso en la década de 1950, culminando en la única dictadura militar en Colombia con Rojas Pinilla. El episodio termina con la promesa de continuar explorando la historia de Colombia a la luz del informe de la Comisión de la Verdad.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 14: ¿Qué dijo la Comisión? La dictadura de Rojas(2024-05-28) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl episodio se centra en la dictadura militar en Colombia, marcada por el golpe de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que buscaba poner fin al gobierno conservador durante la Guerra Civil entre liberales y conservadores. La comisión examina la naturaleza represiva de este régimen, comparándola con dictaduras en el Cono Sur y Centroamérica, aunque destaca la amnistía ofrecida a grupos armados, como liberales, comunistas y conservadores, a pesar de declarar ilegal al Partido Comunista y perseguir a sus miembros. Se resalta la resistencia del Partido Comunista, que enfrentó la fuerza militar del gobierno, especialmente en Cundinamarca y Tolima, donde se emplearon bombardeos y una ofensiva militar a gran escala, provocando una respuesta armada por parte de la guerrilla comunista. Se menciona la controvertida afirmación sobre el uso de armas incendiarias, como el napalm, y se debate sobre la posible utilización de armas bacteriológicas por parte del ejército colombiano. El relato se adentra en la llamada "guerra de Villarrica" en 1955, considerada como la primera gran ofensiva del ejército contra una población comunista y su autodefensa, lo que marca un hito en el uso de la fuerza militar contra grupos armados comunistas en la década de 1950. Se destaca el inicio de la resistencia guerrillera en regiones como Sumapaz y Marquetalia, liderada por figuras como Jacobo Prias y Manuel Marulanda, quienes se desmovilizan, pero no entregan armas, debido a experiencias previas de desmovilización acompañadas de asesinatos selectivos. El episodio concluye con el inicio del Frente Nacional, donde se reconoce legalmente al Partido Comunista, pero persisten desconfianzas y tensiones, especialmente entre grupos guerrilleros y el gobierno, lo que anticipa futuros conflictos y desafíos durante este período.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 11: ¿Qué dijo la Comisión? Recomendaciones(2024-05-06) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta Gonzalez, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEste episodio analiza detalladamente el informe conclusivo de la Comisión de la Verdad, destacando tanto sus logros como los desafíos que enfrentó en el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Entre los aspectos resaltantes, se hace hincapié en el papel fundamental de la Comisión en el logro del reconocimiento de responsabilidades por parte de los perpetradores, así como en la promoción de un enfoque de restauración y reconciliación en contraposición al simple castigo penal. Además, se subraya la importancia de la participación de los perpetradores en las audiencias de la Comisión, a pesar de las amenazas que muchos de ellos enfrentaron, lo cual se considera un paso significativo en la construcción de una memoria colectiva sobre los eventos ocurridos durante el conflicto. Se aborda también la cuestión de la autenticidad en la aceptación de la verdad, señalando que este proceso requiere un nivel de sinceridad que, de no ser alcanzado, podría tener efectos negativos en la reconciliación y la reparación. Se plantea un dilema ético respecto a la inclusión de las explicaciones otorgadas por los perpetradores en el informe final de la Comisión, ya que estas pueden ser percibidas como justificaciones de los crímenes pasados y afectar a las víctimas. Se discute, asimismo, el carácter social y político de la reparación, enfatizando la necesidad de un reconocimiento público de las responsabilidades y la importancia de la rehumanización del perpetrador como parte del proceso de reconciliación. Por último, el episodio presenta una serie de recomendaciones formuladas por la Comisión en torno a diversos temas, como el reconocimiento de las víctimas, la implementación del acuerdo de paz con las FARC, las negociaciones de paz con otros grupos armados, la lucha contra el narcotráfico, la profundización de la democracia y la promoción de un sentido ético en la ciudadanía, entre otros aspectos fundamentales para la construcción de una paz duradera en Colombia.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 2: ¿Qué dijo la Comisión? Democracia y conflicto(2024-02-27) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEn esta edición se destaca la violencia inherente a la democracia en Colombia, utilizando un término acuñado por Francisco Gutiérrez. Se resalta cómo la guerra ha erosionado el clima de la controversia pública, llevando a la confusión entre el contradictor ideológico o político y un enemigo. Se argumenta que el problema del conflicto radica en las instituciones y el sistema, atribuyendo responsabilidad tanto a los partidos como a las instituciones. Se menciona la exclusión generada por el Frente Nacional, lo que llevó a la búsqueda de representación en proyectos políticos de izquierda, tanto civiles como militares. Los actores armados son identificados, con énfasis en la responsabilidad de las guerrillas por rechazar reformas democráticas y optar por la toma del poder por la fuerza. Se destaca la complejidad del conflicto, con múltiples actores, pero se enfatiza la responsabilidad principal del Estado. Se señala la coexistencia de dos órdenes en los territorios disputados durante el conflicto, donde la guerrilla tenía control económico. Se menciona el reconocimiento explícito del conflicto armado por parte del gobierno Santos y su paso adelante en la búsqueda de responsabilidad estatal en violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se reconoce la persistencia de la violencia estatal y se plantea el desafío de lograr una democracia no violenta. Finalmente, se destaca la importancia de no reducir al contradictor político a la figura del enemigo, abogando por un diálogo activo para construir democracia. Se critica la visión dura del informe hacia gobiernos pasados y se insta a reconocer lo positivo en el proceso de mejora de las condiciones para las víctimas en el territorio.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 6: ¿Qué dijo la Comisión? Narcotráfico(2024-04-01) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl tomo de hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad dedica una sección a la responsabilidad del narcotráfico. Se destaca que todos los actores involucrados en el conflicto armado, directa o indirectamente, han mantenido relaciones con el narcotráfico. La comisión resalta la correlación entre los cultivos de coca y diversos delitos, como asesinatos, desplazamientos, masacres y violencia sexual. Además, se menciona la relación entre el narcotráfico y el despojo de tierras, donde los narcotraficantes se apropiaron de tierras despojadas a campesinos, legalizándolas posteriormente. Se señala que tanto paramilitares como guerrillas tuvieron empresas fachada para lavar dinero del narcotráfico. Los narcotraficantes también tienen presencia en élites políticas y económicas del país. En cuanto a las fuerzas militares, este análisis destaca que se les delegó no solo la lucha contra el narcotráfico, sino también la defensa de las fronteras y la gestión del conflicto armado interno. Sin embargo, se señala que también hubo relaciones entre las fuerzas militares y el narcotráfico para enriquecerse. Las Convivir, organizaciones legales destinadas a apoyar a la fuerza pública, también estuvieron relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Sobre las elecciones democráticas en Colombia, se menciona que ha habido sospechas de financiamiento por parte del narcotráfico desde la década de 1970, con evidencia concreta en elecciones posteriores. Respecto al M-19, no se detalla su relación con el narcotráfico, y la comisión absuelve al grupo en el tema del Palacio de Justicia. En cuanto a las comunidades campesinas, se explica que el narcotráfico brinda acceso a mayores recursos económicos, pero también los expone a agresiones y persecuciones. Estados Unidos es mencionado como un protagonista de la guerra antidrogas, pero la comisión declara que esta guerra ha fracasado, ya que, a pesar de los esfuerzos, la producción de coca sigue representando un porcentaje significativo del PIB colombiano.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 15: ¿Qué dijo la Comisión? Guerrillas en los años 60(2024-06-04) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly CatalinaEl episodio del informe de la Comisión de la Verdad aborda la época del Frente Nacional y la emergencia de guerrillas durante ese período. Se señala que la guerra insurgente y contra insurgente comenzó durante el Frente Nacional, destacando que muchas guerrillas surgidas en este tiempo optaron por combinar vías políticas con armadas, manteniéndose en la arena política a través de movimientos sociales. Esto se convirtió en una excusa para la represión estatal. El presidente Alberto Lleras Camargo prometió apoyo militar y jurídico a las fuerzas militares para enfrentar el problema de las guerrillas, a cambio de que estas no interfirieran en política. En los años 60, en plena Guerra Fría, varios colombianos viajaron a países comunistas para entrenarse como guerrilleros, generando preocupación en Estados Unidos y el gobierno colombiano. El informe destaca el caso de Jacobo Prias Alape, alias "Charro Negro", quien se desmovilizó, pero no entregó sus armas. Tras un conflicto con otro exguerrillero, fue asesinado, lo que llevó a Manuel Marulanda, alias "Tirofijo", a rearmarse y reactivar su grupo en 1960. A partir de entonces, Marulanda fue considerado el enemigo público número uno. El partido comunista aprobó la combinación de todas las formas de lucha, incluida la armada, aunque desde los años 50 ya había guerrillas comunistas activas. El informe también menciona la aparición de otras guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como el surgimiento posterior del M-19 y la Autodefensa Obrera. Estos antecedentes son esenciales para comprender la aparición de grupos armados contrainsurgentes y la respuesta militar, temas que se tratarán en el siguiente capítulo.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 3: ¿Qué dijo la Comisión? Violaciones al DIH y DDHH(2024-03-05) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEste capítulo aborda las violaciones a los derechos humanos y cita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Corte Penal Internacional (CPI) para destacar que hasta 2018 se registraron 450,000 muertes relacionadas con el conflicto, de las cuales el 80-90% afectó a civiles. En cuanto a responsabilidad, se atribuye el 45% a paramilitares, el 27% a guerrillas y el 12% a agentes del Estado. Además, se mencionan cifras alarmantes como 121,000 desaparecidos, 16,000 menores reclutados y 8 millones de desplazados. El informe destaca historias particulares que ilustran el horror vivido, como la cita de un trabajador asesinado frente a sus compañeros. Se analiza la responsabilidad del Estado, señalando omisión de acción, afectaciones a civiles y existencia de paramilitares y guerrillas. Se critica la preferencia por lo militar sobre la protección civil y la falta de freno a la violencia masiva. Se resalta que durante el gobierno de Álvaro Uribe se registraron 6,000 ejecuciones extrajudiciales, con el 75% de los casos ocurriendo en su mandato. También se mencionan detenciones masivas en gobiernos anteriores. Se destaca la paradoja de que el aumento de falsos positivos coincidió con un descenso de violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2010. Se plantea la responsabilidad de civiles en colaboración con grupos armados y se critica la falta de acción de la justicia frente a estos casos. La JEP es reconocida por avanzar en investigaciones sobre terceros civiles, aunque enfrenta obstáculos. Se reconoce la existencia continua del conflicto armado después de 2016, con diversos grupos actuando contra la población civil y obstaculizando procesos de paz. Se discute el concepto de paramilitarismo y su ingreso a la JEP, así como la responsabilidad de los terceros civiles en apoyo a estos grupos. En resumen, se plantea la complejidad de la responsabilidad en el conflicto armado colombiano, involucrando a diferentes actores y desafíos en el proceso de justicia y reconciliación.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 8: ¿Qué dijo la Comisión? Los jueces(2024-04-15) Ugarriza Uribe, Juan Esteban ; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEl informe de la Comisión de la Verdad aborda la responsabilidad de la justicia en Colombia en relación con la persistencia de la violencia en el país. Se destaca la ausencia de justicia como un factor clave que alimenta la violencia, citando la impunidad y el miedo a denunciar como problemas fundamentales. Se señala que la justicia ha sido constantemente objeto de intentos de neutralización, tanto por individuos como por grupos específicos. En cuanto a los crímenes, se menciona la falta de atribución de responsabilidades, especialmente en casos como desapariciones forzadas y reclutamiento de menores. Aunque se reconocen algunos avances en la atribución de responsabilidades, como en casos de secuestros, se señalan problemas como el fraccionamiento de los procesos judiciales y obstáculos para la extradición. El informe también denuncia la interferencia en el trabajo de las fiscalías, incluyendo amenazas y complicidades de altos mandos militares. Se menciona la cooptación de la fiscalía por parte del paramilitarismo durante la administración de Luis Camilo Osorio. Además, se critican los resultados de la jurisdicción de justicia y paz, aunque se reconocen algunos aportes a la verdad. Se destacan casos específicos de victimización de operadores judiciales, como el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla, y se menciona la vulnerabilidad de las instalaciones judiciales frente a ataques de grupos armados. La Comisión critica el uso del estado de excepción y el estatuto de seguridad por parte del gobierno, así como la militarización de la justicia, argumentando que esto ha conducido al desconocimiento del debido proceso. Se enfatiza la importancia de investigaciones serias y diligentes para avanzar hacia la paz en Colombia, así como la oposición al uso de la justicia penal militar para juzgar a civiles.
- ÍtemAcceso AbiertoEpisodio 7: ¿Qué dijo la Comisión? Responsabilidad de las FFMM(2024-04-08) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Peralta González, Laly Catalina; Grupo de Investigación en Derechos HumanosEn esta edición se examina la responsabilidad de las fuerzas militares en la victimización de la población civil, destacando que esta situación no solo se debe a la acción de los grupos armados, sino también al modelo de seguridad del Estado. Este modelo, presente desde el Frente Nacional en 1958, se caracteriza por la autonomía militar en el conflicto armado, el concepto de enemigo interno, la militarización, la limitación de derechos y el uso excesivo del estado de excepción. Además, critica la doctrina de "buscar y destruir" de la fuerza pública y aboga por abandonar la idea del enemigo interno. Se destaca la importancia de proteger a las personas sobre la seguridad de la riqueza y las empresas, así como la necesidad de separar la policía de las fuerzas militares. El informe señala momentos de resistencia militar a decisiones civiles, como la oposición al proceso de paz de Belisario Betancur y la retoma del Palacio de Justicia en 1985. En este análisis se critica la persecución de civiles por parte de las fuerzas armadas y organismos de seguridad, así como el papel del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto. Por último, se sostiene que la responsabilidad es institucional y sugiere que la colaboración civil con la fuerza pública debería ser discutible en una democracia. Por último, cuestiona la estrategia de fortalecimiento militar en los años 90 y destaca la necesidad de incluir elementos civiles en las negociaciones de paz.