Maestría en Arbitraje: Nacional, Internacional y de Inversión

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    Arbitraje y derecho penal
    (2024-04-02) Bohórquez Bohórquez, Laura Catalina; Castro Cuenca, Carlos Guillermo
    El presente trabajo pretende, a partir de las decisiones de la Corte Constitucional, lo consagrado en la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal y las generalidades del arbitraje, evidenciar la viabilidad de implementar este mecanismo de solución de controversias en algunos asuntos de índole penal para dirimir controversias en aquellos casos en los que se busque fijar la estimación de los perjuicios sufridos con la comisión de determinados ilícitos y también en los eventos en los que se quiera adelantar mediante este instrumento el incidente de reparación integral, materializando la justicia restaurativa y contribuyendo a la descongestión judicial.
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    La decisiva influencia de la intrepretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: decima causal para anular laudos en Tribunales de Arbitraje
    (2024-02-14) Gómez Estupiñan, Rubria Elena; Calero Tafur, Maria Andrea
    El artículo se centra en la obligación que tienen los árbitros en procesos de arbitraje nacional donde deben solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando así lo determina la esencia del proceso que se adelanta. Esta obligación plantea preguntas importantes sobre su impacto en la validez y ejecución de los laudos arbitrales. El Tribunal de Justicia, con jurisdicción en la Comunidad Andina, puedeintervenir en diversas acciones legales, lo que incluye casos de nulidad, incumplimientos,asuntos laborales, interpretación prejudicial, y recursos por omisión o inactividad, además de la función arbitral que tiene el Tribunal de Justicia Andina es resolver mediante el mecanismo de arbitraje las controversias, por interpretación de contratos, convenios o acuerdos que suscriben los Órganos o Instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. Los Órganos o Instituciones son: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, Parlamento Andino, Secretaría General, Banco de Desarrollo de América Latina- CAF, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud, Universidad Andina Simón Bolívar, Convenio Simón Rodríguez.
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    La no declaración de conflictos de interés es corrupción en el arbitraje
    (2023-03-22) Rojas Orcasitas, Rafael Francisco; Perea Figueroa, Claret Antonio; Piedrahita Forero, Gustavo Andres
    Los sujetos encargados de proferir los laudos arbitrales se denominan árbitros, quienes se reconocen como particulares que transitoriamente están investidos de la facultad para administrar justicia, disposición concedida mediante mandato constitucional del artículo 116 de la Constitución Política. Entre sus funciones, se ocupan de decidir controversias en derecho, a merced del común acuerdo de las partes que han aprobado su nominación, es decir, resuelven de fondo y sientan un dictamen que pone fin a un problema en especial, por consiguiente, si bien el árbitro no es un servidor público al que le asista el acatamiento del régimen jurídico que a estos les es aplicable, cuando transitoriamente esté desempeñando la actividad de administrar justicia, sí es válido afirmar que cumple con el ejercicio de una función pública. Por lo que, los árbitros están en la obligación de seguir los reglamentos categóricamente, advertir sobre esas situaciones previamente aludidas, informarlas oportunamente y tener en cuenta sus limitaciones en virtud de cumplir cabalmente con su competencia.El Consejo del IBA introdujo en las directrices aquí estudiadas, algunas normas generales y notas explicativas en las cuales promueven la clarificación del documento que databa del 2004. Lo propuesto se basó en el interés por facilitar a la comunidad arbitral el ejercicio de este procedimiento. Entre tanto, este empeño busca, adicionalmente, que se logre evitar obstrucciones al proceso de arbitramento con ocasión a motivos infundados. Esto sería promover recusaciones sin un asidero suficiente para retrotraer la designación de un árbitro, o incluso, activar la diligencia mediante la cual se evalúa la idoneidad del árbitro sin que haya lugar a ello. Especialmente, se intenta precaver que las partes aludan la existencia de un conflicto de intereses sin el fundamento puntual por el cual esta figura se genera.
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    La tutela contra laudos en el arbitraje comercial internacional
    (2023-04-17) Dueñas Gómez, Yefferson Mauricio; González Cuervo, Mauricio
    La doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han concluido que los laudos nacionales son providencias judiciales y sobre esa base se ha admitido la procedencia de la acción de tutela en contra de ellos, aunque de manera excepcional. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de los laudos producto de un arbitraje comercial internacional, pues no existe consenso sobre si son o no providencias judiciales. Pese a esto, la Corte Constitucional ha proferido algunos pronunciamientos en los que ha avalado la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales, sin que sea una posición pacífica. El presente artículo analiza si es adecuado continuar el camino señalado por dicha tesis o si, por el contrario, es mejor revisar esa postura.
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    La competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de los tribunales de arbitraje en la resolución de conflictos en materia de telecomunicaciones
    (2023-03-14) Castro Córdoba, Francisco Javier; Piedrahita Forero, Gustavo Andrés
    El presente análisis tiene como finalidad poner de presente las funciones que, bajo la normatividad andina y la legislación colombiana, le competen a la CRC y a los tribunales de arbitraje en materia de resolución de controversias en telecomunicaciones o, como lo denomina la Ley 1341 de 2009 en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC -, señalando, desde nuestro punto de vista, las fronteras hasta donde puede actuar la autoridad administrativa de regulación del sector TIC (CRC) y las fronteras de actuación de los tribunales de arbitraje. Ello, para volver a incentivar el uso del arbitraje en la resolución de conflictos de telecomunicaciones.