Por casi seis décadas, en Colombia, más de 900.000 miembros de la Fuerza Pública, 24.000 guerrilleros y 18.000 paramilitares se han enfrentado diariamente en un conflicto armado interno que ha dejado alrededor de seis millones de víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 murieron alrededor de 218.094 personas, 25.000 fueron desaparecidas, cinco millones desplazadas y 27.023 secuestradas.

Las investigaciones hechas alrededor de la guerra en el país han permitido dimensionar las secuelas físicas, sociales y económicas de la misma. Sin embargo, pocos estudios han hablado de las consecuencias psicológicas, y mucho menos de los efectos emocionales que años de violencia han dejado en los excombatientes.

A sus 40 años, Ferney Flórez llevaba 10 como soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. Había participado en hostigamientos casi a diario, y pasado meses en la misma zona sin posibilidad de moverse. Había visto morir a sus compañeros con la misma frecuencia con la que anochece, y se había enfrentado a la que él llama “la experiencia más difícil de combate”. En 2011, durante un registro perimétrico de un área, en el corregimiento El Tigre de La Hormiga, Putumayo, Flórez pisó una mina antipersonal: perdió gran parte de su mano izquierda y su carrera en las Fuerzas Militares terminó.

Flórez salvó su vida y fue trasladado al Batallón de Sanidad Militar en Bogotá donde empezó su proceso de recuperación. Sus heridas físicas también estaban acompañadas de una silenciosa preocupación, aislamiento familiar y el temor constante de enfrentarse a la pérdida: de su imagen, de la funcionalidad de su mano y de la vida en uniforme a la que estaba acostumbrado. “Es tan importante la recuperación física como la emocional, porque aún en la primera etapa no se tiene claro cuáles pueden ser las secuelas después de una pérdida por herida con armas de fragmentación”, afirma Milena Jiménez, psicóloga del Hospital Militar y quien lleva 15 años tratando los problemas emocionales de miembros de la Fuerza Pública que han sufrido algún trauma físico.

“Dure seis meses hospitalizado y las visitas eran complicadas. Uno a veces se siente solo y piensa qué va a pasar ahora, cómo voy a quedar. Nadie le aclara a uno las cosas, ¿me van a pensionar? Pero, ¿cómo va a ser esa pensión?,”

así recuerda Flórez las preguntas que rondaban su cabeza en sus primeros días de recuperación, en los que el acompañamiento integral de médicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y psicólogos fue crucial para que regresara a casa con más dudas resueltas y el movimiento de su mano izquierda parcialmente recobrado.

Luego de otro semestre de incapacidad su caso fue llevado ante la Junta Médica Militar para definir su situación dentro de las Fuerzas Militares, como lo estipula el Decreto 1796 de 2000. Los tres médicos, que conforman la junta, luego de realizar los exámenes correspondientes determinaron que Flórez tenía una incapacidad permanente del 75%. Es decir, que nunca más podría volver a disparar un arma o estar en un combate. Flórez fue dado de baja de las filas del Ejército Nacional. Su salida estuvo acompañada de una pensión vitalicia y el tratamiento necesario para su recuperación, por parte del sistema especial de salud militar.

El ex soldado continuó con su rehabilitación física por más de un año, pero no le vió importancia al apoyo emocional: “Uno puede recuperarse de todo, uno no necesita un psicólogo, yo no creo en psicólogos,” afirma. Cómo Flórez, más de 7.025 miembros del Ejército han perdido alguna parte de su cuerpo a causa de una mina antipersonal, algunos han aceptado tratamiento psicológico otros solo se han quedado con la pensión o aún realizan labores administrativas al interior de la entidad. “Cuando me llegó la baja fue difícil, porque cuando llega el primer sueldo, uno nota la diferencia. Como activo me ganaba 1.800.000 pesos, como pensionado 650.000 pesos,” dice.

Con la guerra en la mente

Mientras Flórez rechazaba la ayuda psicológica, Alex Romero, otro ex soldado profesional la pedía a gritos. La discapacidad física de Flórez le garantizaba apoyo emocional, finalmente él sí tenía una pérdida real, visible ante los ojos de cualquiera. Por su parte, Flórez, había perdido a su “lanza”, a su compañero de combate y aunque fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático por los médicos del Hospital Militar, y llevaba 10 años de servicio, esto solo le alcanzó para una incapacidad laboral del 27%, es decir, fue suspendido sin derecho a pensión o tratamiento médico.

Su desvinculación total del Ejército se hizo efectiva a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha estipulado en múltiples tutelas que: “existe una clara doctrina constitucional que impone a las Fuerzas Militares la obligación de dar continuidad a la prestación del servicio médico del servidor militar que, en la prestación del servicio resulte afectado en su salud o se agrave la misma; deber que se impone, no obstante, su retiro de la fuerza militar y cuyo incumplimiento es violatorio de sus derechos fundamentales”

Alex Romero trató de seguir su vida, pero los fantasmas de la guerra lo siguieron atormentando, así que tuvo que ir a consultas en el régimen común de salud, allí fue diagnosticado con una enfermedad mental que, según los profesionales producía una incapacidad permanente del 70%.

Romero es hijo único y responde económicamente por su mamá. Necesitaba trabajar. La manera más fácil de conseguirlo, según él, fue mentir sobre su condición de salud, pues cuando decía la verdad nadie lo contrataba. Paradójicamente, una de las razones para darle de baja en el Ejército fue que su enfermedad mezclada con el uso de armas podría traer graves consecuencias para él mismo y la sociedad en general. Hoy, Alex Romero es un guarda de seguridad, que trabaja con un arma para proteger un edificio en Medellín.

A pesar de que numerosos estudios a nivel mundial han advertido sobre la presencia de alteraciones emocionales en veteranos o soldados al regreso a su vida después de participar de un conflicto, se ha visto que

“en Colombia la salud mental sigue siendo un campo poco explorado, escasamente atendido y estigmatizado”,

concluye Médicos Sin Fronteras en un estudio realizado en 2013.

Esto se ve reflejado en la inversión que el Estado da a la salud mental de los colombianos: del porcentaje total del presupuesto destinado a salud, solo el 0.08% es para tratar enfermedades de salud mental. Según Mauricio Garzón, jefe de psiquiatría del Hospital Militar aún no se ha medido la presión del problema y no se cuenta con el presupuesto para la atención de los hospitalizados, ni para la rehabilitación de los farmacodependientes.

“Colombia presenta trastornos y enfermedades mentales incrementadas por las condiciones sociales y por el conflicto armado, que empieza a resolverse. Casos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático exigen, además de la atención, superar el tabú y el rechazo que la sociedad tiene frente a las personas que los padecen”, afirmó Alejandro Gaviria Ministro de Salud.

En esta guerra de más de un bando, no solo se han afectado los soldados, también otros actores del conflicto han sufrido las consecuencias psicológicas de enfrentarse a otro ser humano durante un combate. Aquellos hombres y mujeres que decidieron abandonar las filas de las guerrillas o los grupos paramilitares, regresan a la vida civil cargados de recuerdos y de miedo a ser condenados por una sociedad que, según ellos los estigmatiza.

Del ruido de la selva al ruido de la mente

De las 51.258 personas que a febrero de 2018 habían ingresado a un proceso de desmovilización en Colombia, el 45% lo hizo de forma individual. Es decir, abandonaron el grupo armado al cual pertenecían solos, sin un acuerdo previo para hacerlo y en contra de la decisión de sus superiores. “Ellos nunca pensaron que yo me iba a volar. Yo me volé sin nada, ni armamento, solo unas cosas personales que eran mías. Había hecho inteligencia y sabía que cuando me volará me iban a perseguir hasta encontrarme.” cuenta Eduardo, un desertor de las AUC.

Regresar a la civilidad de manera individual, significa escapar del grupo y pasar por el que en Colombia se conoce como proceso DDR: Desarme, desmovilización y reintegración. En el desarme los combatientes entregan sus armas, se les interroga y se les solicita información del grupo al que pertenecieron por un incentivo económico. Este proceso, a cargo del Grupo de Atención Humanitaria para el Desmovilizado culmina cuando después de contrastar la información se comprueba que efectivamente el hombre o la mujer militó en una guerrilla o paramilitares.

Después viene la desmovilización, dos o tres meses de adaptación en un Hogares de paz donde los testigos de esta guerra conviven con otros ex integrantes de grupos al margen de la ley, asisten a consultas psicológicas, van a clases de matemática y español, y comienzan a construir un nuevo proyecto de vida al lado de profesionales que los orientan. “Eso es duro porque los primeros meses uno llegaba a un albergue donde hay ex combatientes de AUC, de ex Farc, ex elenos. Y uno duerme en un camarote en la cama de abajo y encima un ex paraco. Ósea para mí eso era traumático - En qué momento ese man se baja y me mata aquí - Porque ese era mi enemigo, yo venía de una guerra”. Recuerda Elisa una ex militante de las Farc que se desmovilizó en 2006, cuando este proceso se hacía en albergues que se encontraban en toda Bogotá.

Aún hoy, los hogares de paz no dividen a las personas por el grupo al que pertenecieron, lo hacen por familias y solteros. La experiencia institucional ha enseñado que es necesario contar con un profesional en psicología que ayude en este proceso. En los Hogares de Paz, parte de la adaptación depende del acompañamiento psicológico. “Casi todas las personas que llegan aquí están empezando a cambiar su contexto: de castigos, de consejos de guerra si se desobedece a un espacio donde hay normas, se les exige, pero no se les maltrata. Eso es difícil, saber que ahora todas las decisiones que tomen son su responsabilidad, que son libres”, afirma una psicóloga de los Hogares de Paz que prefirió reservar su identidad.

Aunque se considera que el tiempo en este lugar es muy corto para un tratamiento psicológico completo, lo que dice esta profesional, es que, en los casos más graves, se identifican y se mantienen en observación, luego se envía una alerta a la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR- para que en la siguiente fase continúen ellos con el tratamiento correspondiente.

Al culminar los meses en el Hogar de Paz, los desmovilizados comienzan la ruta de Reintegración, hasta 2017 a cargo de de la ACR, que después de la firma del proceso de paz, adquirió el nombre de Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

El apoyo psicosocial en la ACR no solo depende del acompañamiento de un psicólogo, sino además de la guía para que las personas en proceso de reintegración (PPR) puedan restablecer una vida sin armas, donde tengan educación, trabajo y un nuevo proyecto de vida familiar o individual. Sin embargo, la ruta de reintegración ha cambiado con los años, y por esto, la mayoría de personas que han comenzado este proceso que dura en total siete años, han tenido distintas aproximaciones a él.

“Si yo no hubiera tenido el apoyo de tres psicólogas durante todo este tiempo, no hubiera podido aprender todo lo que sé. Que se puede tener emociones, que puedo ser tierno con mi hija, que puedo estar tranquilo en casa sin sentir que me persiguen” recuerda Jefferson, un ex combatiente de las AUC, quien ingresó al proceso cuando era conocido como Programa de Reincorporación a la Vida Civil. Hoy, Jefferson, después de más de ocho años de trabajo psicológico es estudiante de noveno semestre de comunicación social.

En cambio, para Elisa, una mujer ex militante de las Farc, la atención grupal y no diferencial, no ayudó a su regreso a casa. A raíz de lo que ella considera, un pobre acompañamiento en salud mental, Elisa, tuvo que lidiar con el maltrato intrafamiliar y la incapacidad de reconocer nuevas dinámicas como mujer en la vida civil. En ocasiones se pregunta si dejar las armas ha valido la pena. Su papel en la milicia era más político, tenía la tarea clave de reclutar personas y hacer inteligencia. Cuando se desmovilizó, en el proceso de reintegración le ofrecieron estudiar para ser estilista. “A mí que nunca me ha interesado hacerme las uñas, ni maquillarme, qué me iba a interesar eso. Lo que me gusta es trabajar con comunidades, pero jamás me preguntaron qué quería o para qué podía ser buena”, recuerda Elisa.

Para Chris Coulter, Ministro de Relaciones Exteriores de Suiza y experto en temas relacionados con mujeres y conflicto, cuando se realiza un proceso de reintegración, es necesario que desde el inicio se haga un acompañamiento diferencial, que permita a las mujeres explotar las habilidades que muchas adquirieron en la guerra. Para ser líderes, para trabajar en mercadeo, esto las ayuda a sentirse empoderadas, cosa contraria a dirigir sus atención y capacitación a carreras erróneamente consideradas ‘exclusivas para mujeres’.

Uno de los mayores problemas para tratar la salud mental de las personas en este proceso es que según lo indica un informe de 2016 de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), no existe un diagnóstico riguroso sobre la situación de los ex combatientes, por lo que, según esta institución, para atenderlos de manera más efectiva es necesario que la ACR realice una investigación que ayude a comprender el número de personas de esta población que tienen problemas psicológicos. Pues, al preguntar a través de un derecho de petición el porcentaje de personas con algún tipo de trastorno, la ACR advirtió que esta era información confidencial.

¿Mentes preparadas para la paz?

Desde 2016, el país entró en una etapa de posacuerdo en la que más de 6.000 hombres y mujeres de las Farc se reintegrarán a la vida civil. Para comenzar esta nueva momento, será fundamental encontrar la manera precisa y efectiva de abordar los problemas emocionales de cada uno de ellos.

La OMS estima que los problemas de salud mental se agravan en sociedad que viven la violencia colectiva, en donde el acceso a armas, la larga exposición al conflicto, la crueldad del mismo y otros factores se asocian a diferentes problemas psíquicos y comportamentales. En un país como Colombia, donde los ciudadanos han vivido un conflicto de más de medio siglo, esta afirmación se vuelve más relevante al pensar, además, que los problemas de salud mental desencadenan situaciones económicos, familiares, sociales y personales negativas.

En la terminación, entonces, del conflicto que vive el país con las Farc, se encuentra la oportunidad de empezar a construir una sociedad con mayor bienestar psíquico. Para ello será necesario, prestar un tratamiento oportuno a todos los posibles problemas de salud mental no solo de las víctimas sino también de los ex combatientes. “Es necesario que haya un trabajo muy responsable y coherente en salud mental, una atención individualizada, que sea diferencial para que se pueda conocer la historia de cada ex combatiente y poder definir quiénes van a necesitar un tratamiento más profundo que estabilice y ayude a las personas a vivir en bienestar y contribuir a la construcción de paz”, afirma una psicóloga de Hogares de Paz.

Una atención oportuna a los problemas de salud mental de los ex combatientes es una decisión que beneficia no solo al individuo sino también a la sociedad. Para el psiquiatra Mauricio Garzón, “entre más pronto se haga un tratamiento, mejor va a ser el pronóstico para el paciente, menos probable que sean disfuncionales y más factible que se vinculen a la vida productiva. Los estudios han demostrado que las enfermedades de salud mental causan muchos problemas productivos y al final representan una carga muy fuerte para el sistema de salud”.

Para la psicóloga clínica Luisa Cadena, quien hizo un análisis de la situación de la salud mental en Colombia, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el país en el posconflicto es el limitado número de profesionales de salud mental, concentrados en las principales ciudades y no en las zonas rurales. “En Bogotá existe un psiquiatra por cada 16.000 habitantes, mientras que en el resto de Colombia hay uno de estos profesionales por cada 57.000” .

Para tratar los problemas de salud mental de los desmovilizados en el posconflicto, será también necesario contar con equipos capacitados para detectar las enfermedades o problemas emocionales. Cuando hablamos de equipo también tenemos en cuanta a los líderes de comunidades,las personas que están en constante contacto con la población y que no necesariamente son del sector salud: profesores, promotores, líderes. Por el deficit de psiquiatras y de psicológos es posible que sea necesario hacer un entrenamiento especial para profesionales que no necesariamente son los profesionales de salud mental" recuerda el psiquiatra Ricardo de la Espriella

La lucha por la paz es la apuesta por ayudar a las personas a adaptarse a una nueva vida en la civilidad, donde las armas serán reemplazadas por herramientas de trabajo. Cuidar la salud mental de los ex combatientes y las víctimas garantiza que los traumas no sean heredados a otras generaciones. De esta forma, da la oportunidad al país de construir una sociedad más tolerante, sin temor, capaz de relacionarse sin violencia.