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Examinando Otros productos de investigación por Título

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    Acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y defensoría pública : el caso de las necesidades jurídicas insatisfechas relacionadas con el Estado
    (2019-03-14) Nieto Rodríguez, María Angélica
    Los sistemas de defensoría pública se presentan como instrumentos equilibradores, que buscan ampliar los canales de acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad y asegurar una asistencia jurídica efectiva para sus beneficiarios en todas las áreas del derecho. Sin embargo, estos sistemas deben enfrentar múltiples obstáculos o barreras que dan lugar a que se consolide un índice de necesidades jurídicas insatisfechas que crece de forma exponencial, especialmente en áreas de alta complejidad técnica jurídica, como el caso del derecho administrativo. ¿Cómo es posible reducir esas barreras y lograr que el índice de necesidades jurídicas insatisfechas se reduzca sustancialmente? En aras de brindar una aproximación preliminar a esta problemática, el Documento de Investigación que presenta un avance investigativo, busca desarrollar un análisis sobre el alcance de los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del funcionamiento de los sistemas defensoriales, haciendo énfasis en que a) la falta de articulación de estos últimos con las instituciones encargadas de impartir justicia y b) la carente implementación de estándares defensoriales especializados impide que haya una reducción efectiva de las necesidades jurídicas insatisfechas. Con miras a aterrizar estas afirmaciones, se toma como punto de referencia el caso del derecho administrativo, que resulta paradigmático.
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    Acceso Abierto
    La aplicación del principio de precaución en la teoría de la responsabilidad civil
    (2022-04-19) Peña Villamizar, Luisa Fernanda
    El propósito de este artículo es revisar desde la naturaleza jurídica y los elementos del principio de precaución, su aplicación dentro de la teoría de la responsabilidad civil. Se pretende analizar si el principio de precaución, bajo la teoría clásica de la responsabilidad civil, puede presentar posibles soluciones a las diferentes problemáticas que a diario se presentan ocasionando vulneraciones a los fines esenciales del ser humano y del ambiente. Mediante un análisis comparado, este trabajo permitirá demostrar aportes teóricos de diferentes autores franceses, españoles y colombianos respecto a cómo el principio de precaución no solo se puede aplicar dentro del derecho ambiental, sino también en otras ramas del derecho, específicamente en la teoría de la responsabilidad civil, enfrentando al juez a analizar nuevas circunstancias que lo conducen en aplicar el principio de precaución como una “medida preventiva” o “factor de precaución” al momento de analizar el daño que puede ocurrir o que ya ocurrió. La primera parte inicia con la aproximación al principio de precaución desde la doctrina del marco legal internacional y nacional, para entender su noción y elementos característicos, luego da una breve explicación de las diferencias que se presentan con el principio de prevención. La segunda parte examina la relación del principio de precaución con la responsabilidad civil, explicando sus aspectos, qué tipos de responsabilidad existen y cómo se aplica el principio de precaución; finaliza con unas conclusiones que permiten al Estado, personas jurídicas y naturales entender qué significa el principio de precaución dentro de la responsabilidad del Estado para prevenir riesgos y numerosas condenas.
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    Acceso Abierto
    Apuntes sobre el delito de falsedad ideológica. A propósito del fallo del 16 de marzo de 2011 emanado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
    (2011-09) Bernate Ochoa, Francisco
    El pasado 16 de marzo de 2011, la Corte Suprema de Justicia se ocupó de un caso donde se califica a un Juez con el delito de falsedad ideológica en documento público. En este fallo se trazaron los lineamientos fundamentales de este delito, mismos que son analizados en el presente escrito para concluir que si bien el resultado del proceso en la Corte −la condena del procesado− es correcto, es necesario superar el entendimiento causal de este delito para interpretarlo de acuerdo con la moderna teoría de la imputación objetiva.
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    Are the Military Ideologically-Driven? Explicit and Implicit Political Biases Among Armed Forces in Colombia
    (2024-09) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Ortiz-Ayala, Alejandra; Acuña, Diana C.; Salazar, Mónica A.; Quispe, Rafael C.
    What motivates the military to fight in contemporary wars? Literature tells us soldiers are typically willing to engage in risky military actions due to their interpersonal loyalty to their comrades, and the sense of fighting for a moral cause. By building up a novel database of a representative sample of members from Colombian Armed Forces who actually fought in the battlefield against Marxist guerrillas between 1990 and 2017, and relying on computer-based tests, here we systematically measure both explicit and implicit war motivations. Our results suggest that ideology remains a systematic stimulus in soldiers’minds, both at conscious and unconscious levels, therefore affecting key behavioral aspects such as cohesion, task performance, and adherence to specific tactic and strategic principles on the ground. Prevalence of such stimulus even after active confrontation has ended might also point at a potential explanatory factor to veterans’social and political behavior.
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    Artículo de maestría : elementos estructurales del consentimiento informado
    (2012-05) Solórzano Quintero, Juan Felipe
    El consentimiento informado es la expresión de la voluntad del paciente, relacionada con una intervención o un tratamiento terapéutico que se hará en su cuerpo, para que se dé aquel; previamente el profesional de la salud debe suministrar veraz, integral y oportunamente la información referente a los riesgos, los procedimientos, las expectativas, el diagnóstico y el pronóstico de su enfermedad y su respectivo tratamiento. Por lo tanto, del consentimiento informado se derivan obligaciones y derechos, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, al ser un elemento tan especial y esencial en la relación médico-paciente, y en el mismo acto médico, cobra especial relevancia en la responsabilidad médica. Sin embargo, en la praxis muchas veces se olvida la importancia del consentimiento informado en relación con aquella. El propósito de este artículo consiste en analizar los elementos estructurales del consentimiento informado, los cuales son fundamentales a la hora en que el médico lo solicite. En dicho escenario surgen situaciones que generan dudas jurídicas en cuanto a su formación. De igual forma, para tener una idea concreta y completa del consentimiento informado, dividiremos este artículo en dos partes. En la primera, nos ocuparemos del desarrollo doctrinal del concepto, en el que analizaremos su noción, su evolución en la historia y sus modelos (beneficencia, paternalismo, autonomía, entre otros); posteriormente, estudiaremos la problemática que se puede originar durante el proceso de informar al paciente, debido a que no en todos los casos este está en pleno uso de sus facultades para otorgar su consentimiento. Es allí donde miraremos la capacidad en el ámbito médico y los casos en que se puede pedir un consentimiento informado directo e indirecto. Finalmente, analizaremos el tema del riesgo y el desarrollo que la doctrina ha dado al respecto, para revisar en último lugar el consentimiento en la historia clínica y su solicitud correcta al paciente. En la segunda parte, nos encargaremos de examinar detenidamente el desarrollo jurisprudencial del consentimiento informado surtido en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado de la República de Colombia, desde 1991 a la fecha, del cual sin duda alguna el lector podrá concluir lo esencial e imperioso de este en la práctica médica y en la prevención del daño antijurídico.
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    Artículo de reflexión crítica : el debido proceso y el precedente judicial en el procedimiento administrativo de conformidad con la Ley 1437 de 2011
    (2013-06-24) Parra Vargas, Fabio Andrés
    El presente escrito es un artículo de reflexión crítica, en el que se analiza el procedimiento de extensión de jurisprudencia por parte de las autoridades administrativas, figura innovadora de la Ley 1437 de 2011. Para esto se plantea como problemática la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares, en el entendido de que esta nueva institución implica que dichas autoridades ejerzan funciones judiciales, sin tener las mismas calidades que tienen en la administración de justicia.
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    Artículo de reflexión crítica : el procedimiento administrativo colombiano de solicitud de concesiones portuarias marítimas en ejercicio del derecho de petición en interés particular
    (2011-10) Cajiao Astorquiza, Juan Manuel
    En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.
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    Aspectos prácticos del proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
    (2016-03-16) García Matamoros, Juana Laura Victoria; Restrepo Escobar, Ana Cecilia
    Los TBI (Tratado Bilateral de Inversión) o también denominado los APPI (Acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones) son acuerdos que buscan la Protección y la Promoción de las inversiones que hagan los nacionales de un Estado en otro Estado conocido como el “Estado Receptor”. Los TBI y APPI fueron concebidos dentro del proceso de descolonización que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que los Estados que habían colonizado otros territorios, ahora Estados soberanos y sus nacionales, seguían teniendo fuertes lazos e intereses económicos. Con el ánimo de protegerse de posibles expropiaciones, los Estados europeos liderados por Alemania, firmaron un número importante de TBI y APPI, no solamente con sus antiguas colonias, sino con otras. De esta manera, Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica y Suecia suscribieron al menos cuarenta tratados de este tipo con varios Estados asiáticos, africanos y del medio oriente entre 1959 y 1965. Estados Unidos se demoró unos veinte o treinta años más, porque los estadounidenses no solamente aspiraban a obtener protección para sus inversionistas, sino que además solicitaban que se abriera y liberara la economía de los Estados firmantes. Finalmente, fue en la administración de Ronald Reagan que los Estados Unidos comenzó a suscribirlos.
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    Aspectos prácticos del proceso ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del procedimiento interno colombiano para la adopción de medidas en el ámbito internacional
    (2016-02-12) García Matamoros, Juana Laura Victoria; Restrepo Escobar, Ana Cecilia
    La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional que cumple una doble función. Como lo sugiere su nombre, busca la apertura en materia comercial sirviendo como foro a los Estados, para que estos puedan negociar la eliminación de barreras técnicas y económicas para el comercio. Cuenta también con un Órgano de Solución de Diferencias, fruto de un proceso de casi cinco décadas de ensayos, errores y reformas que son de vital importancia para que los Estados, sin importar su tamaño o la asimetría en temas de desarrollo, puedan participar del comercio mundial en condiciones de igualdad relativa1. Se habla de igualdad relativa y no absoluta, porque la OMC comprende que los países en vías de desarrollo necesitan tiempo, asesoría y recibir inicialmente un trato diferenciado en razón de su condición, para poder entrar a hacer parte de la cadena de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio se basa en la creencia firme de que el comercio internacional abierto conlleva al desarrollo, dado que incentiva la inversión extranjera directa y la expansión de las oportunidades comerciales de los productores y empresarios locales.
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    Decisión 2022: deliberación política para las elecciones presidenciales. Las juventudes de los partidos políticos proponen
    (2023-11) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Acuña, Diana Carolina; Salazar, Mónica A.; Rubio, Juan Diego; Suárez, Sandra Carolina; Grupo de Investigación en Derechos Humanos
    Desde el 2008 el Equipo Académico de Posconficto del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario ha realizado más de 100 mesas de deliberación a lo largo del territorio nacional, con distintos tipos de actores. Entre agosto del 2021 y mayo del 2022 se desarrollaron 16 ejercicios deliberativos entre las ciudades de Bogotá e Ibagué, alcanzando un total de 133 jóvenes, provenientes de 15 partidos y/o movimientos políticos. En esta fase de trabajo de las mesas de deliberación se buscaba generar un espacio en el que jóvenes de partidos y/o movimientos políticos del país pudieran exponer las propuestas que como partido consideraban deberían ser apoyadas en las urnas por los colombianos en las elecciones del 2022. Todo lo anterior en el contexto de la elección de un nuevo gobierno. Durante los eventos, se abrieron distintos espacios de deliberación donde los par ticipantes discutieron acerca de temas como la implementación del acuerdo de paz; la seguridad, el asesinato de lideres sociales; la economía y la reactivación económica post-Covid 19; y el fenómeno de la migración proveniente de Venezuela. Asimismo, surgieron otros temas como educación, empleo, medioambiente e inclusión de género para la próxima agenda presidencial. La experiencia de participación de las juventudes en este tipo de espacios ha derivado en el autorreconocimiento de los prejuicios ideológicos y en un ejercicio incluyente y respetuoso entre los distintos miembros de los partidos o movimientos, sin distinción de su posición ideológica. Esperamos que los jóvenes participantes puedan convertirse en replicadores de experiencias al interior de sus propios partidos, de manera tal que se empiecen a incluir y fortalecer prácticas positivas de tolerancia, aceptación y respeto en todos los niveles jerárquicos y de dirección.
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    El déficit de trabajo decente en Colombia
    (2015-11-10) Jaramillo Jassir, Ivan Daniel; Guataquí, Juan; Hartmann Cortés, Kevin; Valdés Rocha, Juan Diego
    Esta investigación tiene como objetivo principal analizar, mediante el enfoque multidimensional propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, el cumplimiento de los estándares que permiten inferir la calidad de trabajo en Colombia y su adecuación al modelo de trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo formuló el concepto de trabajo decente como proyecto prospectivo de los estándares laborales en 1999, a través del entonces director general Juan Somavia como estrategia para atemperar los efectos de la globalización económica.
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    Deliberación política en contextos de división profunda y conflicto. Un manual para política pública
    (2023-11) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Acuña, Diana Carolina; Salazar, Mónica A.; Rubio, Juan Diego; Suárez, Sandra Carolina; Grupo de Investigación en Derechos Humanos
    El equipo de investigación en Posconflicto de la Universidad del Rosario, tras 14 años de experiencia realizando ejercicios de encuentro y deliberación entre distintos grupos sociales afectados directamente por el conflicto en Colombia, sigue convocando espacios que permitan fortalecer diálogos desde orillas distintas a través de escenarios constructivos y deliberativos. Esperamos que esta breve cartilla sirva a líderes, ciudadanos y tomadores de decisiones para la promoción de otros nuevos espacios deliberativos con las comunidades.
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    El delito de estelionato en Colombia : a propósito de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 13 de julio de 2016
    (2017-02-15) Bernate Ochoa, Francisco
    El estelión era la forma en que en Roma se denominaba un animal dotado de colores indefinibles por su variabilidad a los rayos del sol. A manera de semejanza con el estelión, en la Antigua Roma surgió como delito el estelionato, concebido como una modalidad que atenta contra el patrimonio económico, con particularidades que fluctúan entre la falsedad y el hurto, sin que fuera exactamente ni el uno, ni el otro, y cuyo núcleo comportamental estaría dado por el engaño, que induce al propietario a desprenderse de su dominio, pues se le hace creer como verdaderas cosas que no lo son. Originalmente la palabra estelionato era la manera como el Código Penal toscano de 1853 designaba un conjunto de comportamientos que compartían estos elementos en común, sucesos que otros códigos denominaban estafa en España o trampa en Portugal. Se señaló entonces, que los elementos de este delito eran la existencia de un engaño, el que la víctima creyese en esa engañifa, y que, como consecuencia de ello, entregase la cosa que le pertenece a quien la ha engañado.pp. 7-8
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    Derecho colectivo a la moralidad judicial
    (2021-06-16) Franco Gómez, Juan Camilo
    El ordenamiento jurídico colombiano tiene derechos colectivos reconocidos por la Constitución y reglamentados por la Ley. En ella se estipula, entre otros, el derecho colectivo a la moralidad administrativa, sin embargo, este derecho no puede ser invocado con respecto a actuaciones de las demás ramas del poder público distintas a la Rama Ejecutiva. A continuación se estudiará la moral judicial, se realizará inicialmente una contextualización histórica de la moral judicial, desde la óptica filosófica y en la construcción del ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo, se estudiarán las percepciones sociales de la moral judicial, las cuales generan elementos preponderantes en la legitimación del Estado. Como tercer elemento de estudio, se tendrá en cuenta la aplicación de la moral administrativa, sobre la cual se fundamentará la moral judicial como referente, habida cuenta que ambas figuras recaerían sobre el ejercicio de la protección de los derechos e intereses colectivos. Por último, se plasmará la necesidad de concebir en nuestro ordenamiento jurídico una herramienta semejante a la de la moral administrativa, pero en la moral judicial. Finalmente, a manera de conclusión, se expondrá el por qué la moral judicial ha sido reconocida implícitamente a lo largo de las concepciones filosóficas y es necesario su reconocimiento material como una figura o medio de control.
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    Acceso Abierto
    La distribución de riesgos en los contratos de concesión vial en Colombia
    (2018-05-03) Forero González, Mario Alejandro
    Este artículo analiza por una parte el nivel de maduración que tiene la legislación colombiana para afrontar ciertos riesgos que pueden afectar las concesiones viales, así como revisa la distribución de riesgos en materia de posibles nulidades de los contratos de concesión, inhabilidades sobrevinientes de los concesionarios, y la gestión predial y ambiental acordados en los contratos de concesión de la cuarta generación de concesiones viales en Colombia. Para ello, se observa la importancia de la debida asignación y distribución de riesgos que debe existir en los respectivos contratos que se celebran para ejecutar dichos proyectos, se describe la evolución de dicha asignación de riesgos en las tres generaciones de concesiones viales pasadas, y con base en esto analizar si la distribución de los riesgos mencionados fue la adecuada.
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    Acceso Abierto
    Documento de trabajo sobre aprendizajes para la política estatal y cooperación estatal
    (2024-10-24) Peralta González, Laly Catalina; Derechos Humanos
    Este documento sistematiza las diferentes formas de relacionamiento que el proyecto tuvo con entidades del Estado, especialmente con el Sistema Integral de Paz, conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. En la primera parte de este texto se señalan las acciones concretas que se adelantaron con las instituciones, y en la segunda parte se sistematiza algunas lecciones aprendidas.
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    Acceso Abierto
    Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico
    (2008-01) Martínez Sánchez, Wilson Alejandro
    Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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    Acceso Abierto
    Energías renovables en la Guajira: desafíos y oportunidades para una transición energética incluyente e intercultural
    (2022-12) Vargas Fernández, Sebastián; Palmar Ipuana, Olimpia; Universidad del Rosario; Fundación Karisma; Land is Life
    El documento “Energías renovables en La Guajira: desafíos y oportunidades para una transición energética incluyente e intercultural” es el intento por tejer varias reflexiones y pensamientos de las comunidades indígenas Wayuu en torno al significado de la transición energética en sus territorios. Al norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, el aprovechamiento del recurso viento se ha consolidado como una de las estrategias más importantes para afianzar el desarrollo de las energías renovables en el país. En el intento por hacer realidad los proyectos de energías renovables en La Guajira y cumplir con la agenda global para combatir el cambio climático, la oralidad y las memorias de los Wayuu emergen como parte del hilo que entreteje un territorio históricamente incomprendido por el Estado colombiano. Desde las enramadas, las cocinas, los corrales, los jagüeyes y los cementerios, la palabra de los Wayuu ha comenzado a tejerse en torno a la nueva metáfora de los alijunas: la transición energética.
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    Entrenando la cognición social en comunidades expuestas al conflicto armado
    (2024) Universidad del Rosario; Universidad de Antioquia
    Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Esta capacidad para relacionarnos con nuestras familias y con otras personas de nuestra comunidad (trabajo, colegio, barrio, vereda) se vuelve muy importante cuando nosotros, nuestros familiares o amigos se han expuesto a situaciones difíciles como las que se presentan en escenarios violentos, como el conflicto armado colombiano. En estas situaciones o escenarios, nuestras habilidades sociales y cognitivas enfrentan el reto de manejar situaciones, en algunos casos, extremas y hostiles. Es así como los entrenamientos en estas habilidades (cognición social), se convierten en una herramienta clave para que individuos y comunidades aprendan a responder efectivamente a estas problemáticas, fortaleciendo las capacidades para relacionarse con otras personas en diferentes dinámicas sociales y contextos difíciles.
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    Acceso Abierto
    Estado del arte del proyecto de invstigación. "Los daños antijurídicos producidos por los agentes de las Fuerzas Militares : límites al ejercicio de la fuerza del Estado como función pública"
    (2016-09-21) Vega, Karen
    La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.
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    Estructura, funcionamiento y actuaciones del GAP : nueve años de avance en educación legal clínica
    (2007-09) Avendaño Mariño, Ricardo; González Acosta, Angélica Lucia; Torres Villarreal, María Lucia
    Debido a las transformaciones sociales y económicas del mundo por causa de la tecnología, el desarrollo acelerado de los países capitalistas, la guerra constante, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros factores que han ocasionado un impacto negativo en la mayoría de los países del mundo, la noción de derecho colectivo ha cobrado gran importancia por su trascendencia en la vida social. Como respuesta a esta nueva problemática que viene surgiendo en torno a lo vulneración y afectación de los derechos colectivos, se consagra en la Constitución Política de 1991 la Acción Popular, como el mecanismo idóneo para la protección y amparo de estos derechos. En ese orden de ideas surgen las Clínicas de Interés Público, con el fi n de promover el uso de estas acciones, fortalecer la investigación en el manejo de estos casos y ayudar a la población menos favorecida y más afectada en la vulneración de sus derechos colectivos, tal es el caso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP). El presente borrador de investigación pretende exponer de manera sencilla la estructura, integración, reglamento, funcionamiento del Grupo de Acciones Públicas, así como los criterios utilizados para determinar la viabilidad o inviabilidad de un caso al interior del grupo –estas son las etapas que los estudiantes deben agotar previa la adopción de una estrategia jurídica para la defensa del derecho colectivo–. De la misma manera, se exponen las estadísticas del número de acciones constitucionales interpuestas (acción de Tutela, de Grupo, de Inconstitucionalidad, Popular y de Cumplimiento) con el correspondiente resultado, y un análisis de las sentencias favorables obtenidas por el GAP en la interposición de acciones populares, teniendo como instrumento de análisis el método francés y, por último, un breve glosario que contiene las palabras más empleadas al interior del grupo en desarrollo de sus funciones. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, como Clínica de Interés Público, gracias a la trayectoria y esfuerzo constante de su coordinador, supervisores y estudiantes, se ha venido fortaleciendo con óptimos y valiosos resultados no sólo en la interposición de acciones, que como se verá a continuación han sido positivas y hasta la fecha se ha logrado la protección efi ciente y efi caz de muchos derechos colectivos vulnerados a varias comunidades, sino también, en relación con su estructura y funcionamiento, que gracias a la investigación, el contacto e interrelación con clínicas de interés público de otros países de mayor trayectoria como Argentina1, Chile2 y Estados Unidos, se ha venido enriqueciendo al punto que –como se ve a lo largo de este escrito– existe ya toda una metodología investigativa para la recepción, análisis y determinación de viabilidad de los casos que serán adelantados por el GAP, con el fi n de obtener así los resultados anhelados. Los casos son elegidos teniendo en cuenta el impacto social, el interés que se busca proteger, y sólo en la medida en que de la defensa del mismo, (haciendo uso del aparato jurisdiccional y de las herramientas que la Constitución Política y el ordenamiento jurídico tienen a nuestra disposición) pueda derivar consecuencias con incidencia en la modifi cación de las circunstancias que alteraron, vulneraron o amenazan con vulnerar el derecho colectivo, y con ello la estabilidad de la comunidad, el caso es asumido por el grupo. Por ello, los casos son asumidos con una perspectiva estratégica que permite enfocar el estudio y la investigación de los casos en torno a dos puntos importantes: la del cliente y la del interés público. El trabajo de la Clínica en la defensa del interés público y de los derechos colectivos, se ha estructurado bajo cinco líneas de trabajo: i) defensa de casos de interés público, ii) desarrollo de investigaciones y trabajos de campo, iii) control y supervisión permanente del caso por parte de los estudiantes integrantes del grupo, iv) participación en encuentros nacionales e internacionales, v) difusión de las actividades de la Clínica. Los casos asumidos por el GAP son utilizados para el trabajo académico con los alumnos de 9° y 10° semestre de Derecho en la Clínica Jurídica; así, además del carácter altruista y el sentido social que se imparte al interior del grupo, se logra que a partir de la defensa de casos concretos y la perspectiva del interés público, los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la carrera mediante la formulación de estrategias jurídicas, investigación, el desarrollo de una argumentación jurídica orientada a emplear y reformular las nociones y categorías de derecho (en muchos casos inservibles por sí solas), y desarrollar una nueva manera de articular el derecho y el uso de la jurisprudencia –como interpretación de las normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico–, para logar así la realización de los principios constitucionales que caracterizan a nuestro Estado como Estado Social de Derecho.
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    Restringido
    La etnia raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente a la Constitución de Colombia : elementos jurídicos para una discusión
    (2007-07) Torres Villarreal, María Lucia
    El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.
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    Gobierno abierto y ciudades inteligentes: hacia un modelo de administración pública que va más allá de los actuales modelos de Gobernanza
    (2018-05-03) Ángel Arango, María
    Las políticas públicas de Gobierno Abierto y Ciudades Inteligentes están transformando el modelo de administración pública alrededor del mundo. En particular, su necesidad de que el gobierno almacene, administre y saque provecho de los datos que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos proveen, está generando un cambio en el modelo de gestión de la administración. Sin embargo, los modelos de administración pública que han sido descritos dentro del concepto de Gobernanza, como sucesores de la Nueva Gerencia Pública, no logran comprehender este cambio en la administración. Por el contrario, sólo se refieren a las dinámicas de participación y colaboración que el gobierno ha propiciado con actores externos, a partir de la provisión de datos abiertos. Por eso, por medio de la caracterización de cuatro de los modelos teóricos de Gobernanza y de la descripción de los elementos fundamentales de las dos políticas públicas bajo estudio, en este artículo crítico intentamos revelar los elementos que no han logrado ser cubiertos por los modelos hasta hoy formulados, y que están llevando a la administración pública hacia un nuevo paradigma, aún por describir.
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    La imposibilidad de la aplicación de la autoría mediata por dominio funcional de aparatos de poder en el sistema legal colombiano y los delitos de constreñimiento a delinquir y de inducción a delinquir como posibles fórmulas de solución
    (2011-09) Bernate Ochoa, Francisco
    La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, ha venido aplicando la teoría de la autoría mediata por dominio funcional de aparatos organizados de poder, para imputar responsabilidad a jefes de grupos armados al margen de la ley o a políticos vinculados con los mismos por los hechos cometidos por estas organizaciones. En el presente artículo sostenemos que esto no es posible ni resuelve la problemática de la violencia de género en este contexto, para lo cual se exploran los delitos de constreñimiento a delinquir y de instigación a delinquir para resolver esta problemática.
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    Manifestaciones de la excepcionalidad en colombia y su incidencia en el derecho a la protesta
    (2015-01-29) Robles Estrada, Ana Sofía
    En Colombia la protesta y la manifestación social han sido objeto de control y represión por parte del Estado en contextos de excepcionalidad. Así, este artículo expone, a la luz de dos casos de protesta, la relación de contradicción que existe entre los estados de excepción y la protección de los derechos humanos, específicamente del derecho a la protesta y la reunión.
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    Manual para el ejercicio de acciones constitucionales
    (2007-08) Torres Villarreal, María Lucia; Barriga Pérez, Mónica; López Cuellar, Pedro; López Cárdenas, Carlos Mauricio; Pacheco Romero, Amira Beatriz; Pardo Motta, Diego Nicolás; Prieto Ríos, Enrique Alberto; Hernán José, Vidal Baute
    Cartilla realizada por el Comité Pedagógico – COPE del Grupo de Acciones Públicas – GAP de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que tiene como finalidad propiciar, incentivar y fortalecer el estudio de las diferentes acciones constitucionales, a través de una publicación sintética y sencilla que pueda ser utilizada y apropiada por parte de diferentes comunidades de la sociedad colombiana.
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    Mirada al sistema electoral mexicano. Prisma : elecciones de 2006
    (2006-11) Morales-Benitez, Olympo
    MIRADA AL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO Prisma: elecciones de 2006 Olympo Morales Benítez. DENUNCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR El pasado 2 de julio de 2006, se realizaron las elecciones presidenciales, parlamentarias y de dirigentes locales en México, vitales para el continente indoamericano. Éstas, generaron múltiples controversias impulsada por el candidato que ocupó el segundo lugar: Andrés Manuel López Obrador, que sostiene que hubo fraude y pidió un reconteo de votos. López Obrador logró aplazar por dos meses la divulgación del resultado final, hasta el 5 de septiembre, fecha en la cual, el Tribunal Electoral Federal, por unanimidad, legitimó el escrutinio inicial de las elecciones y proclamó como nuevo Presidente de México al señor Felipe Calderón Hinojosa.
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    Perspectivas de la responsabilidad estatal por el daño ambiental en Colombia : dificultades para su exigibilidad y efectividad desde la jurisprudencia del Consejo de Estado
    (2016-05-20) Burbano Ortega, Ernesto; Perdurabilidad Empresarial
    El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.
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    Los principios de la contratación estatal : una mirada desde la comparación entre el equilibrio económico y financiero y la igualdad de las partes en el contrato
    (2017-09-12) Güechá Torres, Jessica Tatiana
    Los contratos del Estado constituyen una modalidad de procedimiento administrativo y en esta medida se le aplican los principios constitucionales y legales que le asisten; por tal razón, a través del presente artículo se pretende establecer la relación que existe entre la igualdad como principio previsto en el artículo 13 y 209 de la Carta Política y el equilibrio económico y financiero del contrato consagrado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, con el fin de verificar si el principio especifico de este tipo de contratación, es decir, el equilibrio económico y financiero, garantiza el principio general de orden constitucional, o sea la igualdad. En este sentido se analizan los dos principios, su relación, su aplicabilidad en la contratación estatal y cómo el equilibrio económico y financiero se encarga de concretar la igualdad como principio constitucional, teniendo como variable el quebrantamiento del equilibrio económico del contrato, previendo las causales generales y específicas que la ley y la jurisprudencia han establecido, para así mirar si las formas de restablecimiento de la equivalencia económica son pertinentes y claras para garantizar el equilibrio económico y, por lo tanto, la igualdad de las partes, o si, por el contrario, la igualdad en los contratos del Estado no es posible al existir la circunstancia expuesta, que impide que dicho principio se cumpla.
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    La reforma a la acción de tutela contra providencias judiciales
    (2006-10) Herrera Vergara, José Roberto; Medina, Juan; Quinche Ramírez, Manuel Fernando
    En el primer semestre de 2006, en el marco del segundo período de la legislatura 2005-2006, la Honorable Representante Gina María Parody organizó en las instalaciones del Congreso de la República un debate sobre la noción y el alcance de la Acción de Tutela respecto a providencias judiciales, tema de gran discusión por parte de diferentes sectores del Gobierno Nacional así como de las Altas Cortes, la Academia y la Doctrina en general. En ese orden de ideas, la Facultad de Jurisprudencia y la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, a través de su Observatorio Legislativo y de Opinión, solicitaron a algunos docentes su opinión sobre el referido tema de amplia polémica, con el fin de presentar al público en general argumentos que sustenten las múltiples posturas que al respecto existen. Así las cosas, en el presente documento encontrarán recogidos los comentarios preliminares y generales de la posición sobre el tema en debate emitida por los doctores José Roberto Herrera, Manuel Fernando Quinche y Juan Enrique Medina, docentes de la Facultad de Jurisprudencia. El objetivo de esta publicación no es otro que el de brindar herramientas para adelantar este debate que cotidianamente se surte sobre este tema en diferentes escenarios de la vida nacional, y servir de sustento para el trabajo de aquellos que en adelante le den vida a éste tema al interior del Congreso, quizá de manera concreta en la realización de una iniciativa legislativa, como recientemente se ha anunciado.
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    El régimen de los grupos en el derecho societario argentino
    (2007-09) Roitman, Horacio
    La economía moderna, cada vez más globalizada, fraccionada y especializada, alejada cada vez más de la estructura fordista de producción, se sustenta cada día más en las relaciones de colaboración, coordinación o control entre las empresas; y los sistemas jurídicos están obligados a proveer modelos normativos adecuados a dichas necesidades. La actividad social grupal es una de las tantas maneras en que se manifi esta esta nueva realidad, por lo que entendemos que es momento de comenzar a ocuparse de los grupos societarios en forma más directa e integral, introduciendo conceptos como ser el del grupo como unidad, con un interés propio distinto del individual de cada uno de sus miembros; los que a su vez tienen sus propios derechos como integrantes del grupo; pautas de buena gestión en la coordinación de la actividad de las sociedades integrantes del grupo, regulación y resguardo de los derechos de los socios de las sociedades, no sólo respecto de los desgobiernos de la sociedad a la que pertenecen sino al del grupo en sí, entre otros. Las distintas experiencias legislativas que se verifi can a partir de los últimos años, representan un importante paso adelante en este recorrido. Es función de nosotros los juristas someterlas a crítica y confrontación para corregir y potenciar donde resulte necesario hacerlo, en manera de proveer a los operadores económicos una adecuada respuesta a los problemas que les plantea su siempre veloz y cambiante realidad práctica.
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    La reparación del daño a la salud en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia
    (2013-11-12) Rueda Prada, Diana
    Durante las dos últimas décadas, en Colombia, se han trasplantado al Consejo de Estado Colombiano las discusiones jurídicas existentes en Italia y Francia, respecto de la delimitación de la naturaleza y los criterios de indemnización de los daños derivados de lesiones corporales. Fue así como en 1993 se introdujo de manera errónea la categoría de perjuicio fisiológico del Derecho francés, asimilándolo al concepto de perjuicio de agrado (igualmente francés), aun cuando en dicho ordenamiento se obedece a cuestiones diferentes. Este concepto luego fue suprimido por el de daño a la vida de relación en el año 2000, y este a su vez fue suprimido por el de alteración a las condiciones de existencia en el año 2007. Por último, y esta vez en consonancia con las discusiones del Derecho italiano, Colombia acogió en el año 2010 la categoría del daño biológico o daño a la salud.
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    Reparación transformadora y enfoque transformador para la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado
    (2020-03-26) Gutiérrez Fierro, Carlos Alberto
    En contraposición a la teoría de la reparación integral, han surgido en el mundo diferentes formas de reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, una de ellas es la reparación transformadora. Con base en esta nueva idea de reparar, se considera que, debido a la singularidad del conflicto colombiano, resulta necesaria la adopción por parte del Estado del enfoque transformador en sus políticas públicas y la aplicación de una reparación transformadora en la justicia transicional. Este tipo de reparación y enfoque, en esencia, buscan la eliminación de las condiciones que fueron producidas por la victimización, otorgando nuevas capacidades a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con la finalidad de que puedan ser resilientes, así como gozar de mejores condiciones de vida a las que tenían previamente a la violación de sus derechos, con ello también se busca optimizar los sistemas democráticos e institucionales de las naciones. El desarrollo de un mejor nivel de protección de los derechos humanos que va de la reparación integral a la adopción de una forma transformadora de reparación evidencia la importancia de compartir experiencias entre Estados al momento de reparar a las víctimas, así como la creación de nuevas teorías a nivel interno e internacional, en las que se dé aplicación a las fuentes formales y prácticas del derecho internacional, que permitan que en el ordenamiento interno se adopten medidas transformadoras tendientes a suprimir los vestigios producidos por las violaciones generadas por el conflicto armado.
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    Responsabilidad del Estado por el conflicto armado ¿imputacion o causalidad?
    (2015-07) Ángel Müller, Carmen
    En el presente artículo se analiza la forma en que se ha abordado la relación de causalidad como elemento estructurador de la responsabilidad en aquellos eventos en que los daños provienen de terceros —grupos armados ilegales— y cómo se han asimilado las figuras jurídicas de imputación y causalidad. Se realiza un estudio sobre las teorías predominantes en la jurisprudencia de la CIDH, que han influido en los posteriores desarrollos de la Corte Constitucional colombiana y del Consejo de Estado, así como el traslado que se ha realizado de la teoría de la imputación objetiva a la responsabilidad del Estado. Adicionalmente, se presenta el marco normativo y conceptual con fundamento en el cual se sostiene la tesis de que el nexo causal subsiste como un tercer elemento autónomo de la responsabilidad, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política y el 140 de la Ley 1 437 de 2 011, determinando los aspectos esenciales que lo diferencian de la imputación.
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    Responsabilidad estatal por actos terroristas : estudio de derecho comparado entre Colombia y España
    (2017-02-28) García López, Luisa Fernanda; Alzate S., Edier; Editorial Universidad del Rosario
    En las últimas décadas el fenómeno del terrorismo ha tomado gran trascendencia desde la óptica mundial, al convertirse en uno de los principales focos de lucha en contra de crimen organizado de los Estados, quienes, en la búsqueda de proteger a sus individuos y garantizar el cumplimiento de sus fines, han hecho grandes esfuerzos por combatirlo y erradicarlo por completo. La relevancia del asunto se encuentra en que tras la perpetración de los ataques se genera una vulneración sistemática e indiscriminada de los derechos de los individuos y de la colectividad, haciendo que sean los Estados quienes sean llamados, a través de sus órganos jurisdiccionales, a impartir justicia para que los daños causados sean resarcidos una vez se hayan esclarecido los hechos bajo investigación. Dos muestras de lo afirmado son las realidades colombiana y española, puesto que el devenir histórico del siglo pasado estuvo marcado por conflictos sociales en ambos países, los cuales debieron soportar de forma reiterativa actos terroristas en los que grupos insurgentes, tras la defensa de determinadas ideologías, atacaban directamente a la población civil, las instituciones estatales y la infraestructura vital para el desarrollo. En este marco el escrito se desarrollará de la siguiente manera: 1. Noción de terrorismo como generador de responsabilidad, 2. Fundamentos de la responsabilidad estatal por actos terroristas en Colombia, 3. Fundamentos de la responsabilidad estatal por actos terroristas en España, 4. Análisis comparativo y la conclusión.
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    Responsabilidad penal médica, imputación objetiva y atención médico asistencial a personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley
    (2011-09) Bernate Ochoa, Francisco
    En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia Colombiana condenó a un médico por haber prestado sus servicios profesionales a personas pertenecientes a un grupo armado al margen de la Ley. En el presente escrito revisamos ese fallo a la luz de la teoría de la imputación objetiva para diferir de la opinión del Alto Tribunal, por cuanto entendemos que el ejercicio de la medicina jamás constituirá un riesgo desaprobado y éste es un elemento necesario para que pueda hablarse de un delito.
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    El SIDA : incidencias en el mercado asegurador desde una perspectiva financiera y de tutela a los Derechos Humanos
    (2006-08) Muriel Liévano, Catalina
    Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.
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    El sujeto jurídico indígena de la política pública para personas víctimas del conflicto armado ubicadas en Bogotá
    (2016-03-16) Tibamoso Valderrama, Jessica
    Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.
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    The Neuropsychological Impact of Conflict: An Analysis of Implicit Prejudice among Victims, Ex-combatants and Communities in Colombia
    (2024-09) Ugarriza Uribe, Juan Esteban; Acuña, Diana C.; Salazar, Mónica A.; Quispe, Rafael C.
    Armed conflict impacts individuals at psychological level not only by causing illness, but also by affecting the mechanisms of information processing, opinion formation and decision-making. These effects negatively influence the effectiveness and durability of inter-group reconciliation approaches that ignore the protracted nature of biologically-driven implicit biases. By means of a computer-based Implicit Association Test (IAT), we tested pre-cognitive intergroup prejudices of 251 war victims, former guerrillas and victims in Colombia. We find that while ex-guerrillas identify themselves with the victims, there is a systematic bias against former combatants among communities and even more so among war victims. These results show not only that these groups have fundamentally different understandings of their immediate past of violence, but also that these conceptions are neurologically-imprinted in their cognitive and emotional processing mechanisms. We conclude on the need to deal with the neuropsychological effects of war on people’s dispositions and perceptions in postconflict societies.
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    Trasplantes jurídicos en la era global: análisis de los efectos de la implementación de la gobernanza regulatoria en Colombia
    (2021-05-04) Huertas Gómez, Isabella
    Durante los últimos años, la globalización, los nuevos sistemas de gobierno bajo los esquemas de gobernanza y la multiplicación de las redes internacionales de poder, han hecho que el papel del Estado tradicional se vea modificado, generando una mutación en las funciones y forma de ejercer el poder, que otrora lo caracterizaban. Una de las tendencias que ha tomado fuerza es la de la gobernanza regulatoria, promovida principalmente por organizaciones internacionales, como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), que apuestan a la modificación de los sistemas jurídicos nacionales en busca de la liberación de los mercados, el autocontrol de las industrias y la privatización de la prestación de los servicios de interés general. Para lograr estos objetivos, diferentes sujetos del escenario global han promovido insistentemente la utilización de los trasplantes jurídicos, buscando que los Estados de todo el mundo acojan políticas de gobierno, estandarizadas y aparentemente eficientes, que logren generar los ambientes necesarios para un mercado internacional fuerte y una forma de ejercicio del poder en que se apliquen teorías de gobernanza, como las propias de la Nueva Gestión Pública o la regulación. En este artículo se examinan teóricamente los conceptos planteados, argumentando que las implementaciones que ha hecho Colombia de las recomendaciones de la OCDE, bajo las lógicas de la gobernanza regulatoria, se pueden considerar trasplantes jurídicos fallidos, por no considerar elementos de la esencia social y de la cultura legal del Estado, al momento de realizar la incorporación normativa en el esquema nacional. En el último capítulo se analiza el caso de los Acuerdos Marco de Precios, manejados por Colombia Compra Eficiente, como una incorporación trasplantada de las recomendaciones de la OCDE, dejando planteadas las implicaciones particulares, que se han generado en la organización social actual del país.